Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables continúen en la impunidad.
Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.
En conferencia de prensa, Helena Solà Martín, coordinadora en América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), explicó que entre el 4 y el 11 de febrero pasado diversos colectivos realizaron una Misión Virtual de Seguimiento para conocer el nivel de implementación que le ha dado el gobierno de México a las recomendaciones que formuló en 2019 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
Uno de los principales hallazgos de dicho grupo, dijo, es que la tortura y la impunidad persisten en México, debido a que en la gran mayoría de las instituciones del Estado hay una clara “falta de voluntad” para revertir dicha práctica.
En ese marco, Solà enfatizó que “dentro de la administración federal sigue habiendo disonancias” sobre la importancia de combatir los malos tratos y la forma en que debe hacerse, lo que se traduce en la falta de políticas públicas transversales contra dicho fenómeno.
Incluso, advirtió la activista y abogada, hay autoridades que siguen afirmando que algunas víctimas de tortura “mienten” sobre sus abusos para “abusar del sistema” judicial. Esas posturas, dijo, son “totalmente intolerables” y deberían acarrear sanciones por negar la realidad de malos tratos que sigue habiendo en el país.
Olga Arnaiz, integrante de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, coincidió en que “hay ciertas contradicciones o desavenencias al interior del gobierno que ellos mismos reconocen en cuanto a temas de derechos humanos y tortura.
“La Secretaría de Gobernación sí ha manifestado interés de trabajar en el tema, pero hay otras instituciones que ponen trabas o no tienen la misma voluntad o interés en avanzar, y esas mismas instancias son las responsables en no avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del CAT”, lamentó.
Por su parte, Valeria Moscoso, consultora local de la OMCT, destacó que las organizaciones de la Misión de Seguimiento “vemos una fuerte y preocupante desarticulación entre las instituciones del Estado, y más entre las federales y las locales. Hay una desarticulación en cuanto a las visiones sobre la tortura y la importancia de combatirla.
“Hay instancias muy comprometidas en llegar a las causas estructurales de la tortura, y otras con visiones tremendamente superficiales sobre el tema. El cuello de botella son las fiscalías y eso es muy preocupante, porque si ellas no hacen su trabajo, el Programa Nacional (contra los malos tratos) no puede avanzar”, ni tampoco las investigaciones y los procesos de justicia para las víctimas”, dijo.
Peritos encubren actos de tortura
En el informe final de la Misión de Seguimiento, se advierte que “sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”.
Por este motivo, dijo, “resulta sumamente importante que las organizaciones puedan consultar el borrador definitivo, así como la publicación y pronta implementación, del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, el cual se elaboró en 2019 pero hasta la fecha sigue sin publicarse.
Asimismo, destacó “la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor de la gran mayoría de peritos oficiales, quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo, actos de tortura y otros malos tratos, lo que debe acarrear sanciones penales y administrativas, como urge el Comité contra la Tortura en sus recomendaciones de 2019”.
Los colectivos que integran la Misión externaron su preocupación por diversos sectores que están especialmente vulnerables ante las prácticas de tortura y malos tratos, como la población carcelaria –que incluso aumentó en 2020–; los migrantes y solicitantes de asilo; las víctimas de desplazamiento forzado, y las personas que ejercen su derecho a la protesta.
