Tras las reformas pensionarias de 1997 y 2007, el país migró a un esquema poliforme y multivariado de sistemas con un mar de variedades jurídicas que generan inequidades entre beneficiarios y generaciones.
Hoy propongo su análisis desde el prisma teórico de tres Premios Nobel: Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Paul Krugman.
En El precio de la desigualdad y La gran brecha, Stiglitz demuestra cómo las reglas del juego económico se moldearon para favorecer a ciertos sectores mediante la búsqueda de rentas y la distorsión del mercado. Sostiene que los mercados por sí solos no generan eficiencia ni justicia distributiva cuando existen asimetrías de información y poder político desproporcionado. Podemos trasladar su tesis al panorama pensionario mexicano.
Muchos de los sistemas de beneficio definido, sobrevivientes al avasallamiento de las AFORES, se convirtieron en mecanismos de extracción de rentas. Desde su origen, los grandes gremios laborales aprovecharon su influencia política y capacidad de movilización para garantizarse condiciones de jubilación extraordinarias (pensiones mayores al último sueldo y en edades tempranas) financiadas en primera instancia por la bolsa común de los sistemas, y ante su déficit, directamente con impuestos generales para toda la población, incluida la mayoría informal.
En términos de Stiglitz se generaron esquemas de reasignación regresiva de la riqueza, concentrando los beneficios en grupos de poder y sus agremiados.
Por otro lado, con la transición hacia cuentas individuales el riesgo financiero y de longevidad se transfirió íntegramente al individuo. En un mercado laboral con más del 50% de informalidad y salarios precarios, el modelo privatizado condenó a millones a pensiones insuficientes, forzando al Estado a reintervenir para evitar una crisis de pobreza masiva en la tercera edad, y corregir una gran falla de mercado.
Amartya Sen, en Desarrollo y Libertad, desplaza el enfoque del desarrollo basada meramente en el ingreso monetario hacia la expansión de las capacidades y la libertad. Para Sen, la pobreza en la vejez no es solo insuficiencia de recursos financieros, sino una privación severa de capacidades por la pérdida de habilidad laboral, el deterioro de la salud y la falta de redes de apoyo públicas.
Desde su perspectiva, en los sistemas de pensiones emergen dos vectores contrapuestos y polarizantes. Un sistema de beneficio definido bien estructurado garantiza una pensión que protege las libertades básicas del adulto mayor y asegura el acceso a insumos vitales sin la angustia de la volatilidad del mercado. Así, la pensión no es un «privilegio fiscal», sino un derecho fundamental para sostener la autonomía y dignidad. Sin embargo, Sen advierte que un sistema que concentra subsidios masivos en un grupo minoritario y formal y/o margina a más del 50% de la población que labora en la informalidad, limita severamente la capacidad colectiva de la sociedad.
Finalmente, desde la macroeconomía keynesiana y el análisis de la política fiscal defensiva, Paul Krugman sostiene la importancia de la seguridad social, no solo como mecanismo de equidad, sino como estabilizador de la demanda agregada.
Enfatiza que, en momentos de desaceleración económica, las pensiones garantizadas mantienen el nivel de consumo de los hogares, previniendo espirales recesivas. Sin embargo, estas pensiones y las de sistemas deficitarios, absorben una proporción creciente PIB y generan rigidez presupuestaria que restringe la capacidad estatal para financiar una política de inversión productiva.
Para Krugman, mantener la función estabilizadora de las pensiones sin destruir las finanzas públicas, exige reformas progresivas a la base tributaria (aumentando la recaudación sobre el capital y la riqueza) en lugar de depender del endeudamiento o del sacrificio de la inversión pública.
En síntesis, la situación variopinta del sistema pensionariomexicano se caracteriza por: 1) Una pensión universal asistencial (del Bienestar) que busca establecer un piso mínimo de capacidad (Sen), pero cuya sostenibilidad fiscal de largo plazo exige un espacio fiscal robusto (Krugman); 2) Un esquema individualizado (AFORES) que reduce el riesgo de liquidez del Estado, pero que traslada la incertidumbre financiera y el riesgo de suficiencia al trabajador (Stiglitz); 3) un remanente de beneficio definido con una pesada masa de pasivos que consume recursos públicos masivos sin cobertura universal, acentuando las desigualdades sociales.
El problema no es entonces, exclusivamente un cálculo actuarial de saldos y esperanzas de vida, sino un dilema de economía política y equidad distributiva.
La solución de fondo no es desmantelar la función del Estado como garante de la seguridad social ni en retornar ciegamente a esquemas de reparto desfinanciados. Como diría Stiglitz, es necesario corregir la falla de mercado absorbiendo el riesgo mediante garantías públicas; como postula Sen, la métrica final debe ser la protección de la libertad y dignidad del adulto mayor sin dinamitar las oportunidades de las mayorías informales; y como concluye Krugman, la viabilidad de cualquier compromiso social pasa inevitablemente por la construcción de un espacio fiscal sostenible y progresivo.
México requiere una reforma integral que armonice la eficiencia financiera con un pacto distributivo verdaderamente equitativo y universal.
