Locos discursos tan gastados en la vida política de México como el del ensalzamiento a las instituciones.
Se les defiende con vehemencia cuando se les pone como antítesis de lo que el pueblo exige, de la protesta social, de la lucha y del activismo en diversos sectores.
Las instituciones y la legalidad, son las banderas favoritas de quienes denuestan a los que buscan negociaciones, diálogos, acuerdos, y soluciones alternas cuando la ley se considera injusta.
También se ve el rasgado de vestiduras ante cualquier cosa que se haga fuera de la ley siquiera por un milímetro en materia electoral, particularmente cuando el presunto infractor de la ley es un adversario político.
No sucede lo mismo cuando quienes transgreden la ley son aliados de esos paladines legaloides.
Cuando el que rompió la ley es del propio grupo del mando en el poder, entonces valen los “haiga sido como haiga sido”, o se rechaza cualquier acusación legal argumentando que la diferencia en el número de votos hace el asunto desechable, por lo que hay que pasar las violaciones por alto.
El resultado de estos tan ambivalentes criterios, es que se haga la voluntad del juez –o de los tribunales- sólo en los bueyes del compadre, produciendo una sensación de incertidumbre, que se supone, es justo lo que se evita en una sociedad regida por leyes.
De la misma manera que esto sucede en el terreno político, sucede en la vida cotidiana de los simples mortales.
Por más altos que son nuestros índices delictivos, resultan bajos comparados con lo que podría resultar si no se tuvieran las redes de apoyo social construidas en nuestro país para contrarrestar la pobreza, y se tuviera conciencia de que la probabilidad de ser castigado por haber cometido un delito es de una en cien.
Ahí sí, en ese terreno, no hay discursos de defensas de las instituciones, ni rasgaduras de las vestiduras por violaciones a la ley que haga a los aparatos burocráticos siquiera trabajar en sábado para contrarrestar las situaciones de inseguridad. No hay freno al reinado de la impunidad, ni poder humano que haga más eficientes a los encargados de resguardar el cumplimiento de la ley.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados en este diario y en otros espacios, el 80% de los zacatecanos –en la capital del estado- se sienten inseguros.
Miles han (hemos) cambiado nuestras rutinas por el temor a ser víctimas de la delincuencia: algunos ya no permiten a sus hijos jugar en las calles, otros dejaron de visitar a familiares y amigos, y unos más evitan salir de noche siquiera alrededor de sus viviendas.
Ante eso, las autoridades defensoras de la ley, han sido incapaces de imponer la misma, y dar certidumbre a la ciudadanía con respecto a su integridad física y el resguardo de su patrimonio.
La policía municipal de la capital, es considerada poco o nada efectiva por el 68% de los ciudadanos, la estatal por 49%, y la federal por 39%.
La realidad le da la razón a la gente. Hace unos días, una joyería en el municipio de Guadalupe sufrió el intento de asalto a manos de dos hombres armados con pistolas, un rifle y una granada. El ágil dueño frenó el atraco gracias a que pudo salir del lugar y bajar la cortina de hierro para encerrar a los presuntos maleantes, y llamar a la policía.
El asunto resultó tan extraño, un caso en cientos, en el que los ladrones fueron atrapados, que las autoridades enviaron un boletín en el que se congratulaban de que la eficiencia de la policía –y no la inteligencia y valor de la víctima- había permitido evitar el asalto.
Ante estos hechos, a nadie puede sorprenderle que el 70% de los ciudadanos tema que la inseguridad empeorará o se pondrá peor en el futuro próximo, de acuerdo a la misma ENSU.
Pese a que pronto veremos un cambio de sexenio, aunque seguirá el mismo partido en el poder, la gente no percibe en esto una esperanza de mejorar su condición de seguridad, y al contrario, el 80 por ciento considera que poco o nada se hará en la materia.
Con este escepticismo, un gran reto espera a quien pretende gobernar por los próximos cinco años: el de demostrar que las instituciones y la ley sí sirven para algo, en primer lugar en la vida cotidiana para el ciudadano de a pie, lo que sin duda debe ser prioridad, pero también, en lo político, en cuanto a que se trata de juzgar al adversario con la misma vara que al cercano. ■
