En sesión ordinaria de la 64 Legislatura, la diputada independiente, Zulema Yunuén Santacruz Márquez, presentó una iniciativa que propone que este poder instruya a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que, dentro de los 30 días hábiles siguientes, se constituya en la Secretaría de la Función Pública, del Gobierno del Estado de Zacatecas, y proceda a obtener copia certificada de la bitácora electrónica de obra pública correspondiente al ejercicio 2022, de todas y cada una de las dependencias, pues hay obras que se reportan como pagadas y ejecutadas y ni siquiera las han iniciado. Al ser de urgente y obvia resolución, la iniciativa fue aprobada por el Pleno.
La propuesta de la legisladora es para que se haga la verificación y validación física de las obras a efecto de corroborar que la información reflejada en el sistema de transparencia de la Secretaría de la Función Pública coincida con la realidad y, asimismo, informe de sus resultados a la Comisión de Vigilancia de 64 Legislatura.
Desde tribuna, Santacruz Márquez expuso que, al cierre del ejercicio fiscal 2022, y de acuerdo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública del mismo año, que presentó la Secretaría de Finanzas, hubo modificaciones importantes a diferentes conceptos que no fueron aprobadas por el Poder Legislativo, pero finalmente dicho documento informa que, debido a la inoperancia de varias dependencias, se tuvieron que hacer reasignaciones para garantizar que no haya subejercicio del recurso público.
Sin embargo, y derivado de diversas denuncias ciudadanas, que dijo la promovente que ha recibido, “nos llevamos la sorpresa de que los avances financieros y físicos de obra que están reportados en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública no corresponden con el avance físico real, pues incluso hay obras que ya se reportan pagadas y ejecutadas al 100 por ciento cuando, al día de hoy, hay algunas que ni siquiera han iniciado”.
“En el mes de julio de 2022, en esta tribuna advertí de la necesidad de la reestructuración de varias dependencias de la administración pública centralizada, ante la percepción social de una estructura burocrática excesiva, anquilosada y, en consecuencia, extremadamente ineficiente, carente de capacidades, demasiado costosa y, en cierto grado, incompetente para garantizar soluciones, al menos parciales, a las necesidades más sentidas de la población”, recordó desde tribuna la legisladora.
Se sabe, continuó Santacruz Márquez, que existe recurso comprometido a contratistas por el pago adelantado de obras y servicios relacionados con las mismas, pero resulta que hasta hoy, dijo, no se han iniciado o ejecutado. “Temo mucho que el Ejecutivo ha estado pre estimando obras a diestra y siniestra para reflejar en papel un supuesto ejercicio adecuado del gasto público, sin tomar en cuenta el grave riesgo que esto representa, recordemos que hay muchos casos de obras que se pagan y los contratistas ya no vuelven; es un grave error, pero, además, es un delito que se ha estado cometiendo por diversos servidores públicos en muchas dependencias”.
Dicha situación, aseveró, es alarmante, pues no solamente acredita la ineficiencia, “torpeza” y “terrible tortuguismo” en el gasto público y toma de decisiones que tienen en el desamparo a la población más vulnerable, sino que, además, es una práctica altamente nociva; altamente opaca; evidentemente insostenible, y corrupta, porque se tienen pagadas obras que no han sido ejecutadas, concluyó.
