Guadalajara, Jal., “Yo no fui”, respondió el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, a la pregunta de quién dio la orden de arremeter contra los manifestantes el 11 de octubre en la protesta por la mala calidad del agua afuera de Casa Jalisco, sin importar que entre los presentes hubiera adultos mayores, menores de edad y mujeres.
“Yo estaba supervisando parte de las actuaciones de los policías, lo que era en el costado de (la calle) Montreal y ya hay bastante evidencia de lo que estuvo sucediendo del lado de la vialidad Rubén Darío.
“Tenemos varias declaraciones de los policías, de los mandos; hay tres de estos últimos involucrados, probablemente recibirán una sanción, dependerá de las actuaciones que se sigan haciendo”, dijo en rueda de prensa conjunta con el gabinete estatal de seguridad.
Hernández González insistió en negar cualquier implicación directa en la cadena de mandos que ordenó el uso de la fuerza y delegó la responsabilidad a autoridades de menor jerarquía; recalcó que es el área de Asuntos Internos la que realiza la investigación.
Respecto a las denuncias por tortura presentada por personas detenidas, que antes de ser enviadas a la fiscalía estatal permanecieron en Casa Jalisco, el fiscal Salvador González de los Santos afirmó que él no podría en estos momentos decir “qué delitos se puedan acreditar o si hubo o no algún tipo de ilícito”, porque la indagatoria está abierta.
El coordinador estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada, en ese mismo sentido, afirmó que no se podía revelar el nombre de quienes dieron la orden de reprimir a la ciudadanía. “Es una información que por protección de quien haya ordenado eso no se puede dar a conocer a los medios de comunicación”, dijo.
Justificó esta reserva bajo el argumento de que los servidores públicos se exponen a represalias de los arrestados o sus familiares.
Lo que reconocieron los funcionarios es que los detenidos del 11 de octubre fueron ingresados a Casa Jalisco, donde vive el gobernador Pablo Lemus, porque no los podían trasladar a la fiscalía del estado.
Hernández González precisó que el sitio en el que permanecieron retenidos es una sección contigua al nuevo C5 que conecta las calles Montreal y Ontario y según el secretario se decidió concentrarlos en ese punto porque «no había condiciones para moverlos en algún vehículo, por la cantidad de personas que estaban en la manifestación».
La conferencia de las autoridades de seguridad de Jalisco se concentró en una serie de deslindes y justificaciones sobre el operativo policial del 11 de octubre; los tres altos funcionarios evitaron asumir en todo momento la responsabilidad directa por las órdenes de represión, el uso de gas lacrimógeno y los chorros de agua contra los ciudadanos que protestaban por la insalubridad del líquido que reciben en sus casas.
