La semana pasada, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas (Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz; Buscador@s Zacatecas, Familias Unidas en Busca de una Esperanza; Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas; Colectivo Ranades) leyeron, en las puertas de la Fiscalía General del estado, un importante comunicado. En éste, señalaron su inconformidad ante las respuestas diferenciadas por parte del Estado cuando se trata de atender los casos de desaparición de personas e hicieron una convocatoria a realizar un Foro Público para discutir políticas de atención en la materia. Indicaron, con toda razón, que mientras las autoridades dan respuesta inmediata, y con alta capacidad ante casos que se vuelven mediáticos o con los que tienen algún vínculo institucional (como el lamentable secuestro y posterior liberación de familiares de un miembro de las Fuerzas Armadas en Fresnillo), los otros cientos de casos son tratados con inoperancia e indolencia.
El posicionamiento de los colectivos es importante porque describe las prácticas institucionales discriminatorias cuando las autoridades deciden en qué situaciones responder con determinación y en cuáles no. Paradójicamente, estas mismas autoridades suelen decir que no tienen “capacidades” de reacción y búsqueda cuando se les cuestiona por la impunidad casi total ante la desaparición de personas (y en todos los rubros de delitos de alto impacto).
Según el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Zacatecas existe un acumulado histórico de 3 mil 502 personas desaparecidas y no localizadas, fenómeno que viene creciendo de manera constante desde el año 2008. La intensidad de esta crisis es tal, que tan sólo entre 2019, y el 1 de abril de 2023, se presentaron 2 mil 326 registros, es decir, más del 66% del acumulado histórico. La edad de las víctimas oscila, en su mayoría, en el rango de entre los 15 y 40 años, y se concentran en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Río Grande, Calera, Valparaíso, Villa de Cos, Ojocaliente, Sombrerete y Pinos. Más grave aún, estamos sólo hablando de registros oficiales (por lo cual la crisis es mucho mayor), no conocemos los nombres ni rostros de las víctimas; persiste la impunidad, y muchos de los familiares que reclaman encontrar a sus seres queridos suelen ser revictimizadas, social e institucionalmente.
El año 2021 fue el más dramático, con 771 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, seguido por el 2022, con 587 casos. En lo corrido del 2023, las cifras oficiales son igualmente preocupantes, pues si comparamos los casos entre el 1 de enero y 1 de abril, de los tres últimos años, encontramos que, durante el mismo periodo, se presentaron 218 casos en 2021; 153, en 2022, y 235, en 2023, es decir, que en lo corrido de este año nos encontramos con una muy grave tendencia a superar el peor año histórico en el estado.
Como hemos señalado en otros momentos, no podemos desvincular esta violencia del continuum que impone órdenes de terror en medio de las disputas por recursos, territorios y control social. Homicidios, tortura, desaparición, desplazamiento y despojo, son parte de una lógica violenta que se impone sobre los cuerpos, reforzada por la impunidad estatal. Citando a la investigadora Carolina Robledo, “la desaparición de personas es una catástrofe que implica una ruptura profunda y sostenida de campos de sentido y acción tanto a nivel individual como social. Tradicionalmente se ha ejercido como un mecanismo de represión que inhibe la verdad y la memoria al ocultar el rastro del crimen y de sus responsables (1)”.
La desaparición de personas es, entonces, parte de una dinámica de instauración de órdenes de terror donde los/as ciudadanos/as quedan envueltos en un círculo interminable de angustia, incertidumbre y amenaza latente de repetición. Las respuestas gubernamentales en México han sido totalmente limitadas y el “dispositivo de control” que se reproduce hace que sólo sea la resistencia de las familias de las víctimas la que trate de trastocar ese orden desde prácticas colectivas de denuncia y búsqueda. Toda esta lógica de violencia se refuerza, además, con la indignación social selectiva. Por cada caso que llega a los medios y que genera solidaridad colectiva, debemos pensar en los cientos que quedan invisibilizados, silenciados y, de muchas formas, legitimados como víctimas que no merecieron nuestra solidaridad.
Y aunque dentro de este panorama, pareciera que no hay muchas razones para la esperanza, como sociedad debemos encontrar en la dignidad y valentía de las víctimas de la guerra, la inspiración para seguir exigiendo y reclamando respuestas gubernamentales eficaces. De allí la importancia del Foro sobre Políticas Públicas en Materia de Desaparición de Personas en México y Zacatecas, al que convocan los colectivos, que se realizará en el vestíbulo del Congreso del Estado, el 20 de abril a las 11 am, y que contará con la participación de organismos internacionales y organizaciones de víctimas de México.
Notas:
1. Robledo, Carolina. (2016). “Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México”, Iconos. Revista de Ciencias Sociales, 55, p. 95.
*Docente e investigador de la Unidad
Académica de Ciencia Política de la UAZ
