■ Desaparición de estudiantes hizo visible la impunidad, corrupción y violencia en Guerrero, dijo
■ Ofrece investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero conferencia magistral en la UAZ
La postura contestataria de las Normales Rurales no solamente es incómoda para el Estado y sus instituciones de gobierno, sino también para el crimen organizado que ha diversificado su actividad delictiva a tal grado, por ejemplo, que ya es beneficiario de los fondos mineros, afirmó Dulce María Quintero Romero, investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Durante una conferencia impartida en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó que la desaparición de los normalistas hizo visible la impunidad, corrupción, violencia e intereses económicos que durante mucho tiempo han prevalecido en Guerrero.
“Las organizaciones sociales hablan que la minería no solamente es un problema de contaminación, despojo o generación de riqueza a cualquier costo, sino que la presencia de los grupos mineros en el ‘cinturón de oro’ de Guerrero facilita la disputa del territorio de los grupos criminales”.
Expuso que al llegar las mineras, pagan recursos a los comuneros para la explotación de su territorio, pero en realidad el recurso no queda en manos de los comuneros, sino de las organizaciones criminales, de forma que “son ellos los que se benefician de este proceso”.
En ese sentido, Quintero Romero dijo que si se sigue apostando a los beneficios de la minería como agente de desarrollo para las comunidades, en realidad es una visión errónea, porque la presencia de las mineras ha propiciado la articulación y crecimiento de los grupos criminales.
“Quienes están en estas comunidades, además de los costos ambientales y sociales que genera la minería, también se insertan en un proceso de violencia debido a que llegaron estos grupos a participar”, agregó.
En Guerrero, explicó que el crimen organizado no solamente se dedica a la siembra, cultivo y narcotráfico, sino que también realizan otras actividades delictivas para generar más ingresos. En consecuencia, son estos los que reciben los apoyos de las empresas y además extorsionan y desplazan a los habitantes.
Comentó entonces que la minería no es un tema ajeno a la desaparición de los normalistas, ya que ellos se movilizaban justamente en el territorio en disputa tanto por las empresas como por el crimen organizado
Es decir, Quintero Romero señaló que, “si las organizaciones criminales encontraron la manera de beneficiarse de estas cosas, tampoco les conviene ni les es adecuada a sus intereses la presencia de estos grupos contestatarios y de cuestionamiento” como lo son los alumnos de la Normal Rural.
De ahí se deriva otra especulación, que los normalistas representaban un riesgo para el crimen organizado, ya que se habían pronunciado contra del modelo de desarrollo depredador que se promovía con la minería, de manera que ello significó un problema también para los grupos delincuenciales.
La investigadora señaló entonces que “estos grupos contestatarios no solamente son incómodos para el Estado, sino también para las organizaciones criminales que ya articulan otras actividades económicas que no solo tienen que ver con el narcotráfico”.
