En los últimos años la violación de los derechos humanos en México ha sido prácticamente un escándalo. Los niveles de impunidad del sistema de justicia, las cárceles saturadas, el empleo precario, el nivel de rechazo en educación superior, el control de medios de comunicación, y un largo etcétera, hace del tema de la protección y realización de los derechos humanos un tema central y prioritario. Y no sólo por lo que está ocurriendo, sino por lo que puede ocurrir en el futuro cercano, podemos prever que la violación se profundizará. No sólo los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales y culturales, ante las llamadas reformas estructurales, aumentarán la vulnerabilidad: con la ley laboral se debilita la expectativa del derecho al trabajo decente, con la educativa se vulnera directamente la seguridad del trabajo docente, con la energética se comparte la renta que quita recursos públicos en gasto social y que hace posible el derecho a la salud, educación y hábitat. En la reforma en el sistema de justicia penal (que ya tiene más tiempo) no se ha marcado la diferencia en el sistema acusatorio y el tradicional que mejore el acceso a una justicia pronta y eficaz. La reforma fiscal mantiene los presupuestos regresivos; y así, se prefigura la absoluta centralidad de los derechos humanos como paradigma para oponerse y resistir las medidas económicas y políticas del neoliberalismo, que ha demostrado su enemistad no sólo con el medio ambiente natural, sino con la propia humanidad. Es decir, ante el destructivo y opresor neoliberalismo, contamos con un paradigma que unifica a la resistencia decente: los derechos humanos.
Sin embargo, en nuestro país, y en especial en Zacatecas, las capacidades del Estado y de la propia sociedad civil en el cumplimiento de los derechos humanos, son muy débiles. Cuando queremos diagnosticar este tema, se dividen los estudios en la dimensión estructural (como leyes, convenios y condiciones socioeconómicas), los procesos (como programas y arreglos institucionales), y resultados (como las formas de cumplimiento concreto de los derechos). En el aspecto legislativo México no está tan mal: está incorporado en casi todos los tratados y convenios internacionales, y las leyes son de avanzada. Sin embrago, las condiciones sociales, los procesos de política pública y los resultados son un espanto. Para saber cómo estamos en estos diferentes aspectos, se han elaborado avances importantes en los sistemas de indicadores. Lo cual ha sido especialmente difícil, porque elaborar un instrumento que refleje con objetividad el estado de la cuestión en el terreno de los derechos, es muy complejo. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha elaborado desde el 2008 una matriz de indicadores que son comparables, y que el gobierno de México ha adoptado en su programa nacional de derechos humanos del 2014. Con estos indicadores (cuantitativos y cualitativos) se puede hacer un diagnóstico que sirva de base para elaborar política pública orientada a la promoción de los derechos humanos de los mexicanos.
El problema en el Programa nacional de derechos humanos y esfuerzos parecidos, consiste en el propio supuesto que viene desde naciones unidas: son los propios Estados los que tienen que evaluarse a sí mismos, lo cual es muy problemático, porque la autoevaluación de los Estados no puede constituir la evaluación de los derechos humanos. Es el juego del juez y parte. Es el caso en México de las autoevaluaciones de los Tribunales de Justicia de algunos estados (como Nuevo León y Tamaulipas) y del DF, respecto a sus indicadores de atención de usuarios del sistema de justicia. Por ello, sin órganos independientes y con afectiva actuación autónoma, la evaluación no tiene credibilidad, y sin esto, todo lo que sigue carece de sentido.
En Zacatecas, se ha planeado un foro para elaborar el plan estatal de derechos humanos. Y lo convoca la Secretaría general de gobierno. En este contexto existen varias dudas: ¿el resultado de este foro se traducirá en una propuesta al poder legislativo para la aprobación de una ley estatal del programa de derechos humanos en Zacatecas?, si así fuera, ¿van a tomar la participación de las OSC en serio o van a construir su propuesta y mandarla al legislativo desde las solas prioridades del actual gobierno? Porque si es esto último, todo estará perdido, porque este gobierno no tiene interés genuino en los derechos humanos. ¿Cambiará la estructura y funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque ahora mismo, la Comisión Estatal es una instancia que nada casi en la nada: no tiene informes temáticos, diagnósticos sobre indicadores internacionales, ni estudios de grupos vulnerables; mucho menos ha ejercido la función de investigación en los casos de posible violación de derechos. Su acción ha sido poco menos que gris-oscuro.
En suma, esperamos que el programa de derechos humanos en Zacatecas se elabore con las aportaciones y preocupaciones de la sociedad civil participante y se haga una ley donde la autonomía de los órganos, el cambio radical de la CEDH sea posible, y el monitoreo de las metas se realice con rigor y objetividad. En verdad, es muy difícil esperar que este gobierno haga algo en serio en derechos humanos, cuando se ha distinguido por nunca consultar, imponer soluciones y aprovecharse de su posición en el gobierno para hacer negocios privados (a menos que actúe san Judas). Pero la sociedad civil participante puede hacer muchas cosas, y se ve que trae ganas. Veremos qué ocurre el 17 de noviembre. ■
