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jueves, 18 abril, 2024
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La ciudadanía debe conocer que la CDHEZ es independiente y no le debe a nadie: Rivera

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Se avanza en el actuar interno de la comisión, sobre todo al consolidar el equipo de trabajo, dijo

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■ Una autonomía plena, punto de partida para buscar políticas públicas de respeto a los derechos

Tras el cambio en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) “debemos apuntar a que la sociedad vea que ésta es una instancia descentralizada, que no depende de nadie”, aseguró Ana Hilda Rivera Vázquez, quien se está postulando para ser la nueva ombudsman de la entidad.

Aunque advirtió que hay avances en el actuar interno de la comisión y, principalmente, en la consolidación del equipo de trabajo, reconoció que es necesario difundir entre la sociedad la independencia de esta institución pues sostuvo que muchos zacatecanos creen que es un organismo del Gobierno del Estado.

Rivera Vázquez actualmente se desempeña como consejera de la CDHEZ y consideró que lograr una autonomía plena debe ser punto de partida para que haya mejores condiciones y, por tanto, más posibilidades de que desde la comisión se impulsen las políticas públicas transversales que se requieren en el estado con un enfoque de derechos humanos.

Defendió que “la comisión no le debe a nadie y no tiene que solapar a ninguna de las instituciones” de los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La candidata a presidir la CDHEZ agregó, no obstante, que aunque haya que ser independientes y autónomos es estrictamente necesario potenciar la coordinación interinstitucional.

En este sentido, precisó que se debe trabajar de manera conjunta con otras instancias del estado porque la comisión puede generar estrategias de solución a los problemas que se presentan en materia de derechos humanos pero no puede resolver todos los conflictos de manera aislada.

Por ello, quien también es integrante de la consultoría Igualdad S.C., enfocada a desarrollar proyectos municipales o estatales en el tema de igualdad de género y derechos humanos, expuso cuatro ejes de trabajo en los que sustenta su postulación como ombudsman.

La primera, dijo, es fortalecer las acciones de difusión para que los ciudadanos conozcan sus derechos y sobre todo la forma en la que se pueden aplicar y hacer valer.

Comentó que, si bien la comisión no tiene el recurso suficiente para abarcar al 100 por ciento estas acciones, sí puede generar estrategias de coordinación entre otras instancias de poder y las propias organizaciones de la sociedad civil.

En segundo término, Rivera Vázquez mencionó que se deben generar reformas de ley para crear la normatividad que ayude a institucionalizar todas las acciones en materia de derechos humanos que tienen que impulsar cada uno de los poderes del estado.

La necesidad de que todos los sectores se involucren en este ámbito, precisó, radica en que los derechos humanos abarcan áreas como la económica, la educación y la salud, entre otras.

Como tercer eje de acción, relacionado con el anterior, está la generación de políticas públicas transversales que obliguen, por ejemplo, a las dependencias del Gobierno estatal a aplicar programas y acciones de respeto a los derechos humanos, además de que añadió que  la CDHEZ tiene que consolidarse como el órgano de vigilancia que debe velar porque esto se cumpla.

Para lograr los tres puntos anteriores, indicó que es necesario en cuarto lugar hacer una reestructuración de la comisión.

Rivera Vázquez apuntó como una de las primeras acciones que se realizarían de llegar a ocupar el cargo de presidenta de la comisión la elaboración de una serie de diagnósticos.

Uno estaría dirigido al interior de la CDHEZ para saber qué se debe modificar, mejorar o impulsar desde cero para que el trabajo sea más ágil; otro se enfocaría a conocer la percepción de la ciudadanía entorno a los derechos humanos; y uno más tendría que estar centrado, específicamente, en el resultado que han tenido las recomendaciones emitidas por la comisión a fin de verificar si estos señalamientos han implicado avances por parte de las instituciones en el respeto a los derechos de las personas o si, por el contrario, no han tenido ninguna repercusión positiva.

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