Fuera grillas, concentrémonos en la sustancia.
Números van y número vienen. Mediciones hay, y algunas más quedan pendientes. CONEVAL insiste en que lo que no se mide, no se puede mejorar, y es cierto.
La política social del gobierno federal es una especie de híbrido, que bien podría tener muchos mejores resultados (sociales y electorales), con el mismo presupuesto, pero con una visión más profesional de quien la diseña y la opera en aras de ayudarle al presidente… y a quien lo suceda.
El gran dilema de la segunda mitad del siglo pasado, y hasta la fecha, comenzó en 1951, con las primeras nociones del concepto de Política Pública, a cargo de Laswell Harold, quien, en un primer momento, no se complicó tanto la vida, y le dijo al mundo que una política pública era un ejercicio parecido a lo que implica la implementación del método científico, comenzando con el diagnóstico de un problema que aquejara a la sociedad, en general, o a algún sector, en particular, para después implementar una solución MEDIBLE que permitiera darle continuidad a pesar del relevo gubernamental.
Después vino la siguiente disyuntiva, ¿podría haber mejores resultados separando lo administrativo de la esfera política? Se creyó que sí, incluso se intentó y los resultados fueron desastrosos.
Al final se comprendió que el ejercicio del poder, por medio del gobierno, sólo produciría los resultados esperados si la operación de los programas gubernamentales se daba con una visión política. O sea, Política Social.
Estudiosos del desarrollo social con mentes brillantes del quehacer político, operando de la mano el modelo diseñado por el gobierno en turno y su respectiva política social.
Así, los países se dividieron en tres grandes bloques de ejecutores de Política Social:
- Los que aplicaban la universalidad de sus programas y políticas públicas;
- Los que aplicaban la focalización de sus programas y políticas públicas; y
- Los modelos híbridos.
En la década de los 80, en México, llegaron los alumnos de Milton Friedman, también llamados tecnócratas, a gobernar México y a implementar su modelo económico. Después de los resultados del experimento, en el Chile de Pinochet, nuestro país trascendió al modelo neoliberal, que significaba, entre otras cosas, la creación de un modelo social que trastocara, de manera profunda, las necesidades de la gente y que permitiera, faltaba más, empadronarlos para hacer una clientela política rentable. Sin embargo, a pesar de su visión universalista de la aplicación de la política pública, nunca pudieron concretar el objetivo, que implicaba el monstruoso reto de que, a todos, y todos es todos, les llegara el beneficio de los novedosos programas sociales. Si acaso recordamos, y ni con él se logró la meta, el programa Solidaridad de Salinas.
En el México de AMLO las expectativas no se han cumplido. El reto es aún mayor que en el pasado porque la brecha de desigualdad ha crecido. Hoy son más los mexicanos que necesitan urgentemente asistencia social que en el pasado.
El perfil del presidente daba como para implementar un modelo económico y social sin parangón, que cambiara la realidad de millones de mexicanos y eso no necesariamente ha ocurrido, a pesar de los esfuerzos. El modelo mexicano actual es un híbrido al que sólo se le puede identificar un programa universal que aún no llega a su meta, que sería el 100% de cobertura. Me refiero desde luego, al 65 y más y, es tal vez el mejor ejemplo, de que quien debería ayudar al presidente, a cumplir la meta, está más preocupado por todo, menos por lo que debería.
Si este programa, y tal vez uno o dos más, se trabajaran con la visión universalista, el cambio sería un hecho. Los resultados que podría presumir el presidente serían fantásticos. Ahora sí, sin lugar a dudas, sería uno de los mejores presidentes de la historia de México.
¿Qué falta?
La priorización presupuestal de la mano del modelo híbrido debe diseñarse en la lógica de que el desarrollo social deberá estar por encima del desarrollo de la infraestructura del país. O cuando menos, no limitar la aplicación universal de estos programas para acabar con la pobreza extrema, y reducir la pobreza en general.
El problema de la universalidad es que es sumamente costosa, pero bajo el modelo híbrido, y priorizando al menos dos programas y reduciendo un proyecto de infraestructura, fácilmente se puede cubrir con los objetivos y, de manera categórica, se podría afirmar que los resultados serían la disminución notable de la brecha de desigualdad a mediano plazo.
Quien suceda a AMLO tendrá un área de oportunidad inmejorable para hacer un buen gobierno porque tendrá la infraestructura que le dejará el actual presidente, y podrá destinar recursos, a gran escala, a la política social, es decir, la mesa está puesta.
