En la reciente sesión legislativa en Zacatecas, tuvo lugar la comparecencia del fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya. Durante este encuentro, los diputados abordaron una amplia gama de temas relevantes para la entidad, haciendo hincapié en la preocupante situación de inseguridad. Uno de los aspectos más destacados fue la condena por la falta de transparencia y acción en relación con los atentados ocurridos el pasado 8 de marzo. Además, se analizó la falta de seguimiento al caso del homicidio de Raúl Calderón y la aparente protección de su perpetrador.
Camacho reconoció los desafíos que enfrenta la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluida la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, pero también defendió las acciones tomadas por su administración para abordar la situación de seguridad. Explicó los esfuerzos en curso para mejorar la eficiencia y la efectividad de la fiscalía, así como para fortalecer la coordinación con otras autoridades en la lucha contra el crimen.
Entre cuestionamientos sobre la seguridad pública, el tema que generó un intenso debate fue la reciente represión de las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los diputados condenaron enérgicamente la violencia ejercida por las autoridades estatales contra los manifestantes y exigieron responsabilidades por estos actos. Hubo llamados unánimes a la destitución del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, por lo que se consideró una falta de acción para proteger los derechos de reunión y expresión de los ciudadanos.
La diputada Priscila Benítez fue una de las voces más críticas durante la sesión, expresando su profunda preocupación por la situación de seguridad en el estado y señalando la necesidad de medidas urgentes para abordarla. Benítez también cuestionó al fiscal sobre el caso del abogado Raúl Calderón, cuyo homicidio ha conmocionado a la comunidad. Instó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para capturar al presunto responsable y a garantizar justicia para la víctima y su familia.
Por su parte, el diputado José Juan Mendoza también intervino en la sesión, haciendo hincapié en la importancia de una investigación transparente y exhaustiva sobre el caso Calderón. Mendoza criticó lo que percibió como falta de transparencia en la fiscalía y la necesidad de una mayor comunicación con la familia de la víctima. De igual forma, cuestionó la falta de publicación de videos del C5 por parte de la fiscalía. Por ende, propuso medidas adicionales para garantizar que se haga justicia y se brinde apoyo a las víctimas de la violencia en el estado.
En respuesta, Camacho redirigió la atención hacia la investigación en curso sobre los eventos del 8 de marzo, enfatizando la imparcialidad y objetividad con la que se lleva a cabo. Explicó que se cuenta con un total de nueve carpetas de investigación relacionadas con el incidente, destacando que tanto civiles como elementos de seguridad pública resultaron lesionados.
Asimismo, informó sobre la atención brindada a las víctimas desde el mismo día de los hechos, asegurando que se priorizó su integridad física antes de proceder con las denuncias. Camacho subrayó el compromiso de la fiscalía para colaborar con otras dependencias, como las comisiones de derechos humanos, y garantizó que la investigación se llevará a cabo de manera transparente y en consonancia con el derecho.
En cuanto a la seguridad pública, el fiscal proporcionó cifras sobre la disminución de homicidios dolosos en el municipio de Fresnillo, así como estadísticas generales sobre los homicidios en el estado. Destacó el compromiso de su administración para abordar estos problemas y aseguró que, aunque tales datos disminuyan, siguen siendo vidas humanas, por ello se siguen tomando medidas para garantizar la seguridad de la población.
Respecto al caso específico de Raúl Calderón, Camacho aseguró que la carpeta de investigación está debidamente integrada y cuenta con los elementos necesarios para proceder. Subrayó la autonomía de la fiscalía y su compromiso de actuar conforme a derecho, sin permitir instrucciones indebidas o contrarias a la ley.
Finalmente, Camacho hizo hincapié en la responsabilidad de los ciudadanos y funcionarios públicos para denunciar y colaborar en la investigación criminal. Reconoció la importancia del sigilo en estos procesos y se comprometió a actuar con imparcialidad y objetividad en su labor como fiscal.
