San Cristóbal de las Casas, Chis. Al transcurrir cuatro meses y medio de que 98 personas fueran desplazadas forzadamente del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que ha acompañado a los indígenas en este lamentable proceso, dio testimonio de las «reiteradas omisiones en que han incurrido autoridades estatales y federales para resolver un conflicto cuya gravedad advierte que podrían repetirse hechos de imposible reparación», como ya ha acontecido anteriormente en los Altos de Chiapas.
Debido a las omisiones gubernamentales, el caso está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora, sin garantías que salvaguarden su integridad física, las familias desplazadas cosecharán su café.
El organismo civil refiere que «tras innumerables reuniones con representantes de los gobiernos estatal y federal, corroboramos que el desplazamiento forzado lleva consigo múltiples violaciones de derechos humanos», pero el caso «ha sido desestimado por las autoridades». Éstas proponen «tratamientos administrativos» sin atender «procedimientos mínimos de justicia» ni dar «señales claras para resolver un conflicto en el que el Estado evidencia su ineficacia y complicidad».
Por su parte, Agustín Gutiérrez, dirigente de Las Abejas de Acteal, sostuvo que las autoridades «alimentan la impunidad al no aplicar la justicia». Los gobiernos «no favorecen la vida de la dignidad, prefieren acabarnos, dejarnos sin tierras». Denunció que se «sigue premiando» a los paramilitares excarcelados con «tierras, cosas, salarios». A los agresores del ejido Puebla les entregan paquetes de herramientas y proyectos en efectivo, les prometen obra pública. Allí «sigue vigente la fuerza de los paramilitares».
El Frayba constata «que las peticiones mínimas al gobierno del estado» interpuestas por los desplazados para asegurar condiciones para el retorno a su comunidad «no han sido atendidas». Entre ella, la restitución del predio que les arrebató el grupo priísta y mayoritario que encabeza el pastor evangélico Agustín Cruz Gómez, conocido miembro del grupo paramilitar que organizó y perpetró la masacre de Acteal en 1997, y de cuya pertenencia, según testimonio de pobladores de Puebla recogidos por La Jornada, se jacta ahora ante los jóvenes del ejido, como prueba de que «no pasa nada», o sea de que la impunidad está garantizada.
Tampoco se ha emitido «una aclaración pública del falso rumor de envenenamiento del agua potable del ejido», ni «medidas de reparación del daño» causado por la maliciosa especie, ni resultados de las tres averiguaciones previas que obran en la Fiscalía de Justicia Indígena de la Procuraduría General de Justicia del estado.
En distintas ocasiones, señala el Frayba, Francisco José Yañez Centeno, jefe de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario de Gobierno de Chiapas, «propusieron medidas económicas, materiales y de aparente reconciliación para que a través de proyectos de desarrollo se beneficiara a los pobladores del ejido, incluyendo a perpetradores de hechos delictivos, a cambio de olvido en la investigación de los hechos, impunidad para los agresores y firma de acuerdos carentes de sustento y sin garantías de no repetición».
Rebasados los plazos a los que se comprometieron las distintas autoridades, el organismo civil anunció que acompaña «la difícil decisión» de las familias desplazadas, refugiadas en Acteal desde agosto pasado: acudir a sus tierras de cultivo para cosechar su café. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos acompañarán «la jornada de labores» de los desplazados, del 17 al 27 de enero. Estas subrayan «la responsabilidad del Estado ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse».
El Frayba reiteró que el conflicto corrobora «los claros resultados y costos de la impunidad con la que autoridades siguen protegiendo a actores locales que polarizan a las comunidades indígenas en su afán de desmantelar el tejido comunitario que favorece propuestas organizativas, como la autonomía», en respuesta «a la crisis de gobernabilidad del Estado mexicano».
