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miércoles, 8 febrero, 2023
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PRI plantea incluir 18.4 mdp en Presupuesto de Egresos para cumplir Ley de Desplazamiento Forzado Interno

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con la finalidad de crear un fideicomiso que formalice programas de apoyo a las personas desplazadas en el estado de Zacatecas, el grupo parlamentario del PRI en la 64 Legislatura propuso un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Dictamen de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, incluya una partida presupuestal, con carácter de irreductible, un monto de 18.4 millones de pesos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas. 

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Desde tribuna, la diputada María del Refugio Ávalos señaló que la falta de recursos para el desarrollo social configuró por mucho tiempo una limitante, no obstante, ahora es un rubro que cuenta con importantes recursos financieros y que aun así no se da cumplimiento a lo que las referidas leyes instauran.

Para el ejercicio fiscal 2022, recordó que se destinó a Desarrollo Social un presupuesto superior a los 500 millones de pesos que, lamentó, a esta fecha se han convertido en un subejercicio del Gobierno estatal postergando así las acciones que fortalecen el desarrollo social de la entidad.

“Una mala gestión en este tema genera efectos colaterales negativos en el crecimiento y desarrollo de cualquier economía. Y hace aún más grande la brecha entre las clases sociales, provocando mayores índices de pobreza, marginación, delincuencia, desempleo, entre muchas otras”, dijo, por ello, el Punto de Acuerdo que propusieron, tiene la idea de crear un fideicomiso que formalice programas de apoyo a las personas desplazadas en el estado. 

“La realidad social que hoy vivimos requiere ser llevada con la exigencia, puntualidad y sensibilidad que merece. En ese sentido, nos parece factible se proyecten y aprueben presupuestariamente los recursos suficientes para cubrir aquellas necesidades urgentes de la población, situándose en un lugar primordial el tema de las personas desplazadas”, añadió finalmente. 

Proponen PRI fondo para municipios con mayor índice de violencia

Los legisladores priístas exhortaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Dictamen de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, incluya una partida presupuestal para la creación de un fondo en materia de seguridad para los municipios de Zacatecas con mayor índice de violencia.

Ávalos Márquez señaló los altos índices de violencia nunca antes vistos que se han presentado en días pasados como bloqueos carreteros, incendio de autos, ponchallantas, daño a vehículos, desaparición de personas, entre otros, situación que, aseguró, está rebasando los límites de violencia.

Precisó que los meses más violentos han sido enero, con 99 casos y julio, con 85. Del total de casos desde el inicio de la administración y hasta julio, 81 por ciento han estado vinculados a la delincuencia organizada, es decir, 3 mil 769, y las cifras siguen creciendo día a día. 

“Hasta el día de hoy compañeros se ha ejecutado a 58 policías de diferentes corporaciones en nuestro estado, y esto ha derivado que muchos de nuestros policías hayan decidido darse de baja en varios de los municipios, los cuales, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de Villa García, Loreto y Ciudad Cuauhtémoc, en límites con Aguascalientes y Guanajuato.

Añadió que en Monte Escobedo, Tepetongo, en el suroeste y en frontera con Jalisco. Así como las alcaldías al norte, en colindancia con Coahuila: Melchor Ocampo y Mazapil no hay policías para resguardar a los ciudadanos, por lo que se ha dejado a la gente en un estado de indefensión, sin dejar de mencionar que muchos municipios no cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo, entre ellas patrullas, armas y chalecos antibalas. 

“La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad”, aseguró la diputada. 

En tal virtud, dijo, las políticas públicas del actual gobierno deben enfocarse en la corresponsabilidad que debe darse tanto en la organización social como en la autoridad que la dirige, pues es evidente que el país y el estado han perdido los espacios públicos debido a que la delincuencia y el crimen organizado encontraron en ellos los lugares ideales para perpetrar sus ilícitos.

“Con este punto de acuerdo se pretende la creación de un fondo para la atención a los municipios con alto índice de violencia en materia de seguridad con el cual se pretende el fortalecimiento y equipamiento para las corporaciones municipales. Así pues y ante ustedes es que solicito se apruebe un recurso suficiente mediante un fondo de seguridad que cubra las necesidades en materia de seguridad para los municipios con mayor índice de violencia”, concluyó. Ambas iniciativas fueron aprobadas de urgente resolución. 

Escoltas de seguridad para jueces y juezas 

Finalmente, por unanimidad del Pleno, fue avalado el punto de acuerdo presentado en voz de la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza, por el grupo parlamentario del PAN y la diputada Priscila Benítez Sánchez, por el que la asamblea exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se asignen elementos de seguridad en los traslados de las juezas y los jueces a sus áreas de adscripción y de igual forma, se realicen patrullajes preventivos cerca de las sedes del poder judicial y considerar la permanencia de elementos policiales dentro de las sedes.

Lo anterior, luego que la semana pasada un Juez de Control fue asesinado a plena luz del día, sucesos que sentenció la legisladora, “no se deben permitir nunca más en Zacatecas”, haciendo hincapié en la necesidad de la seguridad de quienes imparten justicia en el Estado y de la sociedad en general.

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