Cualquier decisión que se tome en torno al sector educativo, amerita erogación de recursos; en la Reforma Educativa del 2013, se registró el gasto más grande de los últimos años, hubo fuga de mucho dinero y se hicieron demasiados gastos de manera innecesaria. Las reformas o reformulaciones educativas siempre se habían dado a nivel institucional, no fue sino hasta diciembre de 2018 cuando por iniciativa presidencial se reforma el artículo 3° Constitucional con la firme intención de “transformar el sistema educativo” -sigue siendo una quimera-.
Se plantearon objetivos como el impulsar la obligatoriedad y gratuidad desde preescolar hasta educación superior, promover un sistema de capacitación y revalorización docente, fortalecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes y mejorar las condiciones de infraestructura educativa; a la fecha, todos estos objetivos siguen siendo letra muerta puesto que no ha habido designación presupuestal para que se cumpla con lo constitucionalmente establecido.
Las decisiones tomadas en el seno de la Secretaría de Educación Pública y Gobierno Federal, no son consecuencia de diagnósticos problematizados, sino más bien de necesidades sentidas; sigue imperando la corrupción puesto que, de manera arguciosa desaparecieron el programa de Servicio Profesional Docente, mismo al que en el 2013 se le asignaron recursos adicionales, esto se hizo de manera arbitraria, se despilfarró mucho dinero y los resultados fueron demasiado pobres. Intento también fallido, se le apostó al proceso de admisión y promoción docente como mecanismo para evitar caer en corrupción.
En su momento, el Instituto Nacional para la Evaluación e la Educación (INEE), como organismo autónomo, se coludió con la autoridad educativa y gubernamental para que evaluara lo que a la institucionalidad convenía, sirvió como brazo represor puesto que lo único que hicieron fue perseguir y desacreditar a los maestros. Una manera de aumentar el nivel de corrupción en el sector educativo fue cuando en el 2013 se modificó la Ley General de Educación; con ella se crearon muchos programas y no precisamente porque pensaran en brindar un buen servicio educativo, sino porque se sirvieron del presupuesto que se asignaba a los programas mismos.
Con la reforma al artículo 3° Constitucional -2018-, se dieron a conocer todo un rosario de objetivos, esto mismo ha sucedido en sexenios anteriores; se hizo saber que la educación era obligatoria en todos los niveles, sin embargo, a la fecha, ha sido insuficiente la inversión en educación, no ha habido incremento sustancial al presupuesto, ello en comparación con lo asignado a otras dependencias, desaparecieron varios programas so pretexto de que eran incosteables. Lo cierto es que los ajustes presupuestales realizados al sector educativo no han hecho que se cumpla a cabalidad con los objetivos trazados.
Este “nuevo” sistema educativo, no ha realizado evaluación diagnóstica alguna, en consecuencia, no se puede saber bien a bien, cuáles son las problemáticas existentes y qué alternativas de abordaje se pueden generar. El gobierno federal actual, solo ha favorecido los programas creados por él mismo: becas universales para Educación Media Superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, Universidad para el Bienestar Benito Juárez, y, el programa La Escuela es Nuestra. Los programas menos favorecidos son los relacionados con la Profesionalización Docente, fortalecimiento de Aprendizajes y, Primera Infancia.
La apuesta por universalizar las becas para abatir la deserción escolar y rezago educativo no ha surtido efecto, existe desánimo en los educandos, todo ello se debe, quizá a deficiencias en los aprendizajes y/o a la falta de profesionalización de la práctica docente. Esto aunado a la opacidad presupuestal en el programa “La Escuela es Nuestra”, lo cierto es que, a cinco años del inicio del gobierno de la transformación, siguen las carencias en infraestructura y servicios. Lo de la opacidad presupuestal obedece a que desde el 2020 no se ha informado sobre lo presupuestado y gastado en este programa.
A todas luces vemos que existen promesas incumplidas, por tal motivo, existe también una deuda histórica con el sector educativo; no hay apoyo a los docentes para que estos se encuentren en condiciones de ejercer su profesión en las mejores condiciones, el ejemplo es claro; es insuficiente el presupuesto para el programa de Desarrollo Profesional Docente. Mucho se ha dicho que el incrementar el presupuesto al sector educativo, mejorarán los aprendizajes, sin embargo, la experiencia nos ha dicho que no es el incremento del presupuesto, sino el uso que se le da al mismo.
En sí, se requiere de programas educativos bien orientados y operativizados para salir de esta crisis en la que se vive, la pregunta rectora sería; ¿si se fiscalizara adecuadamente el presupuesto educativo, se fortalecerían las instituciones educativas?
