Este 7 de agosto entró en vigor el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas sobre reformas a la Ley del Servicio Civil para reconocer nuevos derechos laborales vinculados a la salud menstrual y la prevención de enfermedades crónicas, aprobadas por la 65 Legislatura a raíz de iniciativas propuestas por la diputada petista Renata Ávila y el morenista Santos González.
En el caso de salud menstrual, las mujeres y personas menstruantes diagnosticadas por un especialista en ginecología con endometriosis grado dos o dismenorrea incapacitante tendrán derecho a dos días de licencia pagada al mes, sin que esto afecte su salario, antigüedad o demás prestaciones.
La reforma incorpora también una fracción XVII al artículo 69 para otorgar a todo el personal, sin distinción de género, un día de permiso laboral pagado al año para someterse a exámenes médicos de prevención y detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino, próstata o testículo, así como de cualquier otra enfermedad. Ambas licencias deberán justificarse con un certificado médico expedido por una institución del sistema de salud pública.
Renata Libertad Ávila Valadez, promotora de la licencia menstrual, argumentó que la dismenorrea afecta a entre el 45 y 95 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, y que la endometriosis impacta a una de cada diez, con efectos incapacitantes que reducen el rendimiento laboral y afectan la salud emocional y física.Citó antecedentes internacionales como Japón, que reconoció este derecho desde 1947, y legislaciones recientes en España y en ocho estados de México.Por su parte, el diputado Santos Antonio González Huerta al impulsar la licencia anual para exámenes de detección, destacó que el cáncer es la tercera causa de muerte en México, con más de 200 mil casos nuevos al año y una tasa de mortalidad del 46 por ciento.
En Zacatecas, la tasa de defunciones por cáncer (67.7 por cada 100 mil habitantes) supera la media nacional. González Huerta subrayó que el diagnóstico temprano es clave para reducir la mortalidad y que las dependencias deben facilitar el acceso a revisiones preventivas.
La Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo integró ambas iniciativas en un solo dictamen, considerando que responden a una deuda histórica con la salud de las mujeres y a la obligación constitucional de ampliar la protección de derechos humanos. La reforma no implica gasto adicional ni creación de nuevas estructuras, por lo que no tiene impacto presupuestal.
