■ Legislatura local contrató empresas fachada y gastó 9 mdp en operaciones no comprobadas
■ En jueves o viernes se espera tener respuesta de delegado de la Procuraduría General de la República
Después de que se difundiera el lunes pasado la contratación por el Congreso local de empresas fachada y de que el abogado, docente de la UAZ, Jorge Luis Chavira Sánchez, asegurara que hay elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio, las autoridades federales de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) aún no han dado declaraciones al respecto.
La titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta, señaló que al ser el delito de evasión fiscal un ilícito del ámbito federal, la autoridad competente en esta materia es la PGR.
Desde el lunes, se buscó establecer contacto telefónico con el delegado de esta dependencia en la entidad, Sergio Martínez Escamilla, pero no se obtuvo respuesta. Por parte de la delegación, se informó que ha estado teniendo reuniones fuera del estado. Por tanto, se espera poder obtener una declaración este jueves o viernes para conocer si hay alguna indagatoria en curso o por iniciarse desde esta dependencia hacia el Congreso del estado.
También se buscó por parte de La Jornada Zacatecas una entrevista con el administrador en el estado, Héctor Franco Jiménez, pero hasta el momento no se ha obtenido.
El académico de la UAZ, Jorge Luis Chavira Sánchez, hizo referencia al caso expuesto por este medio de comunicación a inicios de semana, relacionado con la emisión de facturas a nombre de la Legislatura por operaciones que no se realizaron, es decir, la expedición de documentos fiscales simulando gastos.
Al respecto, advirtió que esta situación puede conformar la comisión de varios delitos como peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
La información publicada señala que la Legislatura del estado contrató, durante 2014 y el primer trimestre de 2015, a las empresas Bello Caporetto SA de CV, Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV y Consultoría Ipanema SC con más de 9 millones de pesos para operaciones no comprobadas.
Cabe recordar que el 21 de abril de este año se difundió otro caso de supuesta corrupción, en esa ocasión al interior de Gobierno estatal, el cual también implicaba una investigación de oficio, de acuerdo con las propias autoridades, pero que hasta el momento no se ha derivado en ninguna averiguación.
Se trató del presunto caso de alteración de documentos oficiales por parte de la ex secretaria de Economía, Patricia Salinas Alatorre, y los secretarios actuales de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza; de Turismo, Pedro Inguanzo González, y de Infraestructura, Jorge Francisco Ibargüengoytia, así como de un grupo de empresarios locales, a fin de evitar un conflicto de interés de la ex funcionaria con el proveedor de su dependencia y socio a la vez, el joyero Daniel Espinosa.
El ex procurador de Justicia, Arturo Nahle García, en entrevistas previas había señalado que la falsificación era un delito perseguido de oficio por la PGJEZ.
Sin embargo, la Procuraduría en el caso de la ex secretaria no inició investigación alguna por considerar que las copias de los documentos que mostraban las alteraciones y las declaraciones de dos empresarios admitiendo los cambios irregulares no eran indicios suficientes.
