Luego del desplazamiento forzado que han tenido que padecer familias de comunidades de diversos municipios zacatecanos a causa de la presencia de grupos criminales, el diputado local por el PRI, José David González Hernández, presentó ante la 64 Legislatura un Proyecto de Decreto para imponer hasta 12 años de prisión a quien cometa el delito de “desplazamiento forzado interno”, entendiéndose este como la violencia que tiene por objeto inducir que un grupo de personas abandone su lugar de residencia o comercio.
Según la exposición de motivos del diputado promotor de la iniciativa, los desplazados internos son un grupo altamente vulnerable, constituido por personas que generalmente se ven obligadas a huir por las mismas razones de los refugiados, sin embargo, al no cruzar una frontera estatal, permanecen bajo la protección de su gobierno. Este tipo de movilidad forzada, aseguró, ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en los últimos tiempos, ya que se traduce en pérdidas materiales y afectaciones psicológicas y sociales.
A pesar de esto, según González Hernández, aún no existe un marco normativo especializado a nivel federal que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades que, desde los tres órdenes de gobierno, sean las encargadas de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno. Asimismo, señaló que hace falta un diagnóstico integral para dimensionar y caracterizar la situación de desplazamiento interno a nivel nacional.
De acuerdo con el legislador, a esta situación hay que sumarle que en México el concepto de desplazamiento forzado interno es un problema poco atendido, en el que los gobiernos federal, estatal y municipal no han reconocido tal situación.
En este sentido recordó los hechos recientes que habitantes de algunas comunidades serranas del municipio de Jerez en Zacatecas, víctimas de la violencia que azota al estado, se tuvieron desplazan a lugares seguros en zonas urbanas abandonando sus tierras, viviendas, negocios y ganado. “Antes, los criminales los despojaron de vehículos y herramientas para el trabajo agrícola. De estas comunidades huyeron mil 500 personas hacia refugios ciudadanos habilitados en la cabecera municipal de Jerez”.
Pero no solamente está pasando en el municipio de Jerez, dijo, sino también en Tepetongo, Valparaíso, Apulco y Nochistlán, por lo que sus habitantes han tenido que
Aunado a lo anterior se tiene conocimiento que no sólo esto está pasando en Jerez, Zacatecas, sino también se ha reconocido que también en Tepetongo y Valparaíso se tiene registro de familias que abandonaron sus hogares a consecuencia de la inseguridad en el estado huir a los estados vecinos como Jalisco y Aguascalientes, mientras que otros optan por llegar hasta Estados Unidos
“Se tiene que mencionar que no hay un número exacto de personas que han migrado debido a estas circunstancias en nuestro estado porque la gente tiene miedo de realizar una denuncia por lo que pudiera pasar, y prefiere evitar esta situación es necesario establecer políticas para atender el desplazamiento forzado, ya que es un fenómeno que violenta los derechos humanos de las personas y sus familias, al no permitirles elegir su lugar de residencia, circular libremente; violentando su derecho a la paz, el trabajo, la salud, la educación y a la integridad personal”, mencionó.
Por tal motivo, consideró el legislador tricolor, debe haber una política pública clara y específica, que genere leyes en relación a esta problemática para darles certeza jurídica a quienes pasan por esta situación. Señaló que el Estado debe adoptar todas las medidas para eliminar este flagelo y garantice las medidas adecuadas, incluidas las medidas de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que promuevan o inciten a algunos a provocar el desplazamiento forzado de las personas.
Por ello, propuso que se reforme el artículo 267 TER del Código Penal para el Estado de Zacatecas para que establezca que: “Comete el delito de desplazamiento forzado interno aquel que mediante violencia o cualquier otro medio coactivo, de manera individual o colectiva se dirija contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen en su lugar de residencia o comercio, se le impondrá prisión de 6 a 12 años y 150 a 300 veces la unidad de medida y actualización”, además de que especifique que el delito se perseguirá por querella de parte ofendida y precise que no se entenderá por desplazamiento forzado interno, el movimiento poblacional resultado de fenómenos naturales o que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandato judicial.
