Hace días se le preguntó a López Obrador cuál era su propuesta para solucionar el problema que, a su entender, era el núcleo mismo de los males de México: la corrupción. Su declaración no deja de sorprender, afirmó que la respuesta a la corrupción era contar con gobernantes honestos. Es decir, la propuesta para resolver este complejo problema es apostar a la moral de los funcionarios en cuestión, especialmente de los de mayor jerarquía. En esa misma entrevista se le insistió si no tenía una propuesta del tipo de política pública que contemplara arreglos institucionales y mecanismos de conducción, y respondió que no: lo fundamental es contar con políticos honorables.
Así las cosas, quedé un poco sin palabras cuando escuchaba esa contestación, por las amplias implicaciones que contiene. Todos los liberalismos republicanos parten de cierto pesimismo antropológico, de la idea de que los hombres tenderán a sacar ventajas privadas de los cargos públicos y que por ello el Estado debe estar diseñado de tal manera que se les limite el poder a los funcionarios para impedir que hagan uso ilegitimo de sus puestos. Es decir, no importa quién esté en el mando, siempre debe estar condicionado para que no pueda (aunque quiera) cometer actos contra el interés público. Confiar en la honorabilidad privada de los gobernantes es no sólo incierto, sino en ciertos contextos un factor inútil para resolver la corrupción (sobretodo tratándose de problemas sistémicos). No es lo mismo tener la confianza depositada en las personas, que en dispositivos de inteligencia institucional, impersonales y vinculantes para procurar el bienestar de los intereses públicos. No es gratuito que el propio Andrés Manuel, aplicando su receta, haya tenido experiencias representativas: Ponce en Las Vegas, Bejarano y sus maletas; y en el ámbito político la confianza que depositó en Jesús Ortega y ahora es un líder detrás del Pacto. En fin, los ejemplos serían infinitos.
Dice el estimado Peje que las leyes ya están, que falta sólo que se cumplan. Como si la corrupción fuera efecto del incumplimiento de las leyes actuales. Esto es falso, porque las normas actuales sostienen los sistemas de vigilancia y control ineficaces: la falta de autonomía de las auditorias y de los órganos de la Función Pública provoca que la vigilancia carezca de objetividad, y la opacidad legal de la información tributaria oculta los conflictos de interés. Es decir, no basta que se apliquen los ordenamientos legales actuales, se requiere que cambien las estructuras institucionales, y con ellas las leyes que las soportan. No es un asunto de aplicación, sino de cambio radical de diseño lo que necesitamos. Además, ya se reconoció que el problema de la corrupción en México es tan complejo que es ya un sistema; de tal manera, que aun con algunos funcionarios que fueran individualmente honestos podrían hacer muy poco para eliminar ese entramado de redes de complicidades que se protegen mutuamente. El fenómeno de la corrupción es ya una relación social que rebasa con mucho las decisiones de individuos semi-aislados. Los dispositivos actuales son impotentes; por ejemplo, las auditorías no pueden hacen gran cosa para descubrir actos de corrupción, por ello casi todas las observaciones de desvíos se solventan como errores de decisión o de operación. Se ocupan procesos de inteligencia (y diferenciados de las funciones de supervisión) que den seguimiento a las sospechas bajo esquemas de investigación independientes.
En suma, ante el análisis serio del problema de la corrupción es risible que se le apueste a la incierta honestidad moral de los políticos que aspiran a ser gobernantes. Cuando lo que urge es modificar de raíz el marco institucional, que afecte a todos los niveles y funciones de gobierno y con procesos de implementación realistas. Las propuestas en los últimos meses han sido bastas, sobre todo por las organizaciones civiles reunidas en la Red para la Rendición de Cuentas. Una parte de sus propuestas que consisten en lograr la visión sistémica del problema, que genere una ley integrada anticorrupción y se logre superar la interna fragmentación actual de las normas sobre el tema; se integraron como avance en la llamada Ley Nacional Anticorrupción, pero claramente insuficiente: dejaron a salvo los fueros. Todas las propuestas más efectivas van en el sentido de lograr un diseño que haga obligado el control social (participación ciudadana) de la función pública, y en lo cual no hay avances; y por lo mismo, es una de las vetas que debe explorarse. Y no apostar a un discurso de buenos contra malos que forja homilías moralistas en los mítines políticos, pero que nada resuelven.
Ahora bien, ya quedó claro que la propuesta de Andrés Manuel es inefectiva; pero también tendremos que explicarnos por qué hace esta propuesta. Más de uno podría pensar en la hipótesis de la ingenuidad o en la de la ignorancia, para explicar este posicionamiento. Pero yo no lo creo: Andrés Manuel no es ni ingenuo ni ignorante. Así las cosas, la hipótesis que queda es la de una expresa estrategia política; la cual consiste en difundir una narrativa que lo ponga a él como la única solución a los problemas nacionales. Si la solución fuera lograr ciertos arreglos institucionales dentro del Estado, cualquier persona los puede abanderar; pero si la solución es una virtud personal, pues no cualquiera podría ser el sujeto de la acción. Y según la imagen actual: de todos los candidatos él es el único con fama de honesto. Así las cosas: la solución a los grandes problemas nacionales es elegirlo a él como presidente. ¡Cuas! Por ello, su propuesta es un acto político deliberado. Pero sentado en una base falsa y con consecuencias nada halagadoras. Todos los sueños del personalismo autocentrado han terminado en pesadillas. Por ello, creo, es mejor apostar a observar con objetividad el problema y proponer soluciones verdaderas, y no esperar nada del imago del rey bueno. Es mejor, con mucho, los limitados caminos de la república. ■
