La decisión de ampliar hasta casi tres meses el periodo vacacional para estudiantes de educación básica, bajo el argumento del Mundial de Futbol y la temporada de calor, exhibe una preocupante desconexión entre la burocracia educativa y la realidad cotidiana de millones de familias mexicanas.
No se trata únicamente de modificar un calendario escolar. Se trata de alterar profundamente la dinámica social, económica y pedagógica de un país donde millones de madres y padres trabajadores dependen de la escuela pública no solo como espacio de aprendizaje, sino también como una estructura de organización familiar y comunitaria.
Como suele ocurrir con las decisiones tomadas desde el escritorio, quienes cargarán con las consecuencias serán las madres trabajadoras, los hogares con menos recursos y las familias sin acceso a redes de cuidado infantil. Para muchos padres de familia, la extensión vacacional no representa descanso ni recreación: significa gastos adicionales, estrés laboral y la incertidumbre de no tener dónde dejar a sus hijos mientras cumplen jornadas de trabajo.
Pero el problema más grave está en el terreno educativo. Numerosos estudios pedagógicos han documentado el fenómeno conocido como “rezago por vacaciones”, un deterioro gradual de habilidades académicas tras interrupciones prolongadas del ciclo escolar. La pérdida de hábitos de lectura, concentración, comprensión matemática y disciplina escolar afecta especialmente a estudiantes de sectores populares, quienes difícilmente tienen acceso durante el receso a actividades culturales, deportivas o académicas complementarias.
La escuela pública cumple una función mucho más profunda que la simple transmisión de contenidos. Es un espacio de socialización, estabilidad emocional, construcción de ciudadanía y desarrollo del pensamiento crítico. Romper por periodos excesivos esa continuidad educativa amplía desigualdades y debilita procesos formativos que ya enfrentan enormes rezagos tras los efectos de la pandemia.
Resulta todavía más cuestionable que una decisión de esta magnitud haya sido impulsada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sin una consulta seria y amplia con docentes, madres y padres de familia, estudiantes o especialistas en pedagogía. La imposición vertical de medidas educativas refleja una preocupante visión administrativa donde la comunidad escolar parece ser el último actor tomado en cuenta.
La inconformidad expresada por amplios sectores sociales no es casual. Mientras el titular de la SEP modifica calendarios y prioriza agendas mediáticas, sigue sin resolver las demandas históricas de una parte importante del magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyas protestas y movilizaciones han evidenciado el desgaste de la política educativa federal.
Y en medio de todo ello, resurgen las suspicacias sobre las constantes cercanías políticas y públicas de Mario Delgado con sectores empresariales ligados a la industria de la comida chatarra y otros intereses económicos privados. Porque cuando las decisiones educativas parecen responder más a eventos comerciales, mediáticos o de consumo que, a criterios pedagógicos sólidos, la desconfianza social se vuelve inevitable.
El descanso escolar es necesario. Nadie discute eso. También lo es proteger a estudiantes y docentes de temperaturas extremas. Pero convertir un evento deportivo global y los intereses económicos que lo rodean en argumento para debilitar el calendario escolar manda un mensaje preocupante: que la educación pública puede adaptarse fácilmente a la lógica del espectáculo y del mercado.
México y un gobierno de izquierda necesitan impulsar una política educativa seria, consultada y centrada en el aprendizaje, no decisiones improvisadas que terminen sacrificando la formación de millones de niñas y niños por conveniencias políticas, mediáticas o económicas.
