Ante los retrasos del envío de las Aportaciones y Participaciones Federales que reciben los Municipios del Estado de Oaxaca, que frenan el desempeño de sus funciones, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó, a fines del mes de abril del 2023, un Decreto que el Gobierno del Estado presentó, donde se autoriza, a los 570 municipios del Estado, para que contraten deuda con cualquier institución de crédito. Ello con el fin de que cuenten con mayores instrumentos financieros que les permitan el logro de sus metas en el cumplimiento de sus obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura básica del sector educación y salud, así como mejoramiento de vivienda y urbanización. Se menciona que con el financiamiento “se garantizará que los gobiernos municipales cuenten con los elementos necesarios para hacer frente al nuevo pacto social y promover el progreso de las y los oaxaqueños”.
El Decreto especifica que “el fondo de Participaciones podrá ser afectado en garantía como fuente de pago de las obligaciones contraídas por los Municipios y no se podrá destinar más del 25% de los recursos que anualmente les corresponda”. Se adiciona que el financiamiento adquirido deberá ser pagado, en su totalidad, en un plazo que no exceda el período constitucional de la administración municipal que lo contrató”.
Tal Decreto llevará a mayor endeudamiento a los Municipios y a crisis en sus finanzas, debido a que no tendrán condiciones de pago ante las altas tasas de interés que cobra la banca comercial y la llamada banca de desarrollo. El gobierno federal, con su política de austeridad fiscal, ha mantenido restringido el presupuesto a Estados y Municipios (aunque haya aumentado para este 2023) y aunado a ello están los subejercicios presupuestales y el retraso del envío de los recursos, todo ello en la perspectiva de ahorrar para cubrir el pago de la deuda pública federal que se ha incrementado ante el alza de la tasa de interés externa e interna. El gobierno quiere quedar bien con los acreedores, ser buen pagador de la deuda externa a costa de restringir el gasto e inversión y comprometer la satisfacción de las demandas nacionales de crecimiento y bienestar y de llevar a sobreendeudamiento a Estados y Municipios, con lo cual sigue favoreciendo al sector bancario debido a que implica mayores transferencias a dicho sector. Los municipios oaxaqueños que les han permitido recurrir al endeudamiento para cumplir con sus tareas, tendrán que colocar garantías y colaterales para ser sujetos de crédito. La banca exige garantías por mayor valor del crédito que otorgarán y si el deudor no paga, la banca se queda con dichas garantías, por lo que, ante las altas tasas de interés predominantes, los municipios terminarán perdiendo los terrenos y demás activos que coloquen como garantías para ser sujetos de préstamos.
Los ingresos de los Estados y Municipios dependen, en mayor medida, de las Aportaciones y Participaciones que reciben de la Federación, y en menor medida, de los impuestos que cobran y los servicios que prestan. Ello les ha resultado insuficiente para cubrir los gastos que tienen que realizar para cumplir con sus obligaciones, lo que les ha obligado a recurrir a deuda, y finalmente, parte de lo que reciben de Aportaciones y Participaciones se canaliza al pago de la deuda, reduciéndose más su capacidad de gasto e inversión para el cumplimiento de las obligaciones. Ello ha llevado a gran deterioro de la infraestructura municipal y en la prestación de servicios de agua, educación, salud, electrificación, urbanización y otros tantos servicios que les compete para el bienestar de la comunidad.
En un contexto de no crecimiento económico no pueden incrementar impuestos debido a que ello disminuiría más el consumo y la inversión de los contribuyentes y menos crecimiento económico pasarían a tener las entidades federativas y la economía en su conjunto. El gobierno federal perfectamente puede expandir el presupuesto a Estados y Municipios para evitar que caigan en deuda y comprometan los pocos activos que les queda, y puedan cumplir con sus compromisos de gobierno de atender las demandas locales. El gobierno federal puede gastar en todo aquello que se venda y produzca en su moneda, a fin de evitar presiones sobre el sector externo y al canalizarse el gasto a favor del incremento de la producción, esto no sería inflacionario, pues habría capacidad productiva para satisfacer la demanda derivada del mayor gasto público. Al reactivar la economía, se incrementaría la recaudación tributaria y podría cubrir la deuda que haya emitido el gobierno para el mayor gasto. Por consecuencia, el gobierno debe dejar de lado su política de austeridad fiscal que viene frenando la actividad económica y aumentando los problemas financieros del sector privado, de los Estados y Municipios, y del propio gobierno federal.
Suele acontecer en la historia reciente, que diversos Estados de la República siguen prácticas de retrasar los recursos a los municipios de oposición, y se les condiciona a que se adhieran al partido oficial. Ello evidencia que no se están haciendo las cosas bien, para a través del buen gobierno convencer a los adversarios de que se sumen a su proyecto, y al no acontecer esto, se recurre a la presión y a la amenaza de que dispondrán de menores recursos o se postergará su entrega si no se suman al partido oficial. Tales prácticas empeoran el ambiente económico, político y social del país, deteriorándolo más de lo que ya está.
