Desde el 11 de febrero de 2022, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura fue notificada, vía oficio firmado por el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Raúl Brito Berumen, que se ha iniciado un proceso de investigación dentro del expediente ASE-INV-036/2022, en el que se establece que el Poder Legislativo será auditado en el ejercicio financiero de 2021, esto como parte de una denuncia que, por su naturaleza, podrá derivar en sanciones de tipo administrativa o penal.
Esto se confirmó mediante las solicitudes de información pública realizadas por ocho ciudadanos durante los meses de enero y febrero de 2022, quienes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Sistema de Seguimiento y Transparencia a la Información Legislativa, requirieron datos financieros y documentos comprobatorios, mismos que el Comité de Transparencia de la Legislatura solicitó que se reserven debido a que se trata de documentación que forma parte de un proceso legal en curso y darlos a conocer, además de violar el principio de secrecía, se podría generar alguna injerencia en la toma de decisiones que se implemente dentro del procedimiento.
Así lo constata el Oficio No. DAF/024/2022 con Asunto: Solicitud de Reserva de Información, fechado el 21 de febrero de 2022 y firmado por Álvaro Puente Ruvalcaba, ex director de Administración y Finanzas de Legislatura, con copia para Juan Gerardo González Villegas, titular de la Unidad de Transparencia de dicho poder, por lo que el documento se encuentra ya en las Plataformas de Transparencia y al que La Jornada Zacatecas tuvo acceso.
En dicho oficio, se incluyen las solicitudes de información de los ciudadanos, quienes se interesan por documentos comprobatorios de todos y cada uno de los gastos que hayan sido erogados en cualquier área de la legislatura, del 7 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021; relación que contenga todos y cada uno de los pagos que se hayan efectuado con cargo al capítulo 1000 (de gastos y servicios personales) del día 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.
Asimismo, se solicita información referente al presupuesto ejercido por partida de la Legislatura, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; saldos de todas y cada una de las cuentas bancarias de la legislatura, además de las cuentas de Fondo de Ahorro para trabajadores y diputados, al 20 de diciembre de 2021; relación de las ministraciones presupuestales realizadas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas en favor de la Legislatura del estado durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.
También, copia de pago de todos y cada uno de los cheques, transferencias o recibos de pago con cargo a las partidas presupuestales de viáticos, gastos de representación o gastos ceremoniales pagados del 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2021; copia de todos y cada uno de los contratos facturas órdenes de pago relacionados con la compra, arrendamiento y reparación de copiadoras, impresoras y los suministros de éstas, pagados del 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.
También, se solicitó una relación de todas y cada una de las contrataciones de personal realizadas por la Legislatura, del 7 de septiembre al 31 de diciembre, ya sea personal por honorarios, confianza, base o sindicalizados que contenga, cuando menos, el nombre del contratado y el monto mensual bruto de sus percepciones.
Cabe destacar que todo lo anterior fue solicitado por una sola persona, mientras que otros requirieron un reporte que contenga todo y cada uno de los gastos que hayan sido efectuados en la dependencia u organismo, en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2021 al 11 de enero de 2022; copia de transferencias bancarias que ha tenido la Legislatura del estado a los diputados, a auxiliares de diputados, así como honorarios, y copia de todos los cheques emitidos a esas personas desde el 18 de septiembre de 2021 a enero 2022.
De igual forma, solicitaron copia de todos y cada uno de los documentos que integran los expedientes comprobatorios de los gastos de la partida “3315” y cualquier otra partida donde se haya clasificado los servicios, asesorías legales, contables y fiscales que hayan sido erogados en cualquier área de la Legislatura del día 1 de diciembre de 2021 al 21 de enero de 2022.
Asimismo, se solicitó información comprobatoria de los recursos económicos asignados al diputado Ernesto González Romo como son facturas, contratos, copia de pólizas, de cheques, copia de transferencias electrónicas de los conceptos de gastos de representación, viáticos y acuerdos de las Comisiones Unidas del período comprendido de septiembre 2021 hasta el 31 de enero de 2022.
Pidieron también contratos y facturas con la empresa Avezana Servicios y Soluciones y/o con Lidia Álvarez Ruiz desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 30 de enero del 2022; facturas ejercidas por el concepto de Servicios Legislativos a partir de noviembre de 2021 a la fecha; asimismo, información desde 2018 a 2022 en relación a contratos celebrados con empresas morales y personas físicas, prestadoras de servicios, señalado nombre de la empresa o proveedor de servicios, importe, costos de cada uno de los contratos y si hay adeudo pendiente.
También, copia de todos y cada uno de los documentos que integran los expedientes comprobatorios de los gastos de las siguientes partidas: productos alimenticios para el personal, pasajes terrestres nacionales, viáticos nacionales, gastos de orden social, gastos de representación que hayan sido erogados en cualquier área de la Legislatura del primero de septiembre 2021 al 9 de febrero 2022.
Según el oficio, dichas solicitudes que requieren datos de índole financiera que está contenida dentro del Ejercicio Fiscal de 2021, fueron remitidas a la consideración del Comité de Transparencia de la Legislatura para su reserva, dado que la CRIyCP había sido notificada ya del inicio de un proceso de investigación por parte de la ASE desde el pasado 11 de febrero.
En el documento, se explica textual: “Cabe precisar que la auditoría que se llevará a cabo dentro del proceso de investigación iniciado por la Auditoría Superior del Estado no es en los términos y condiciones que se establecen en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, el resultado del ejercicio del presupuesto anual, sino que se trata de una auditoría derivada de una denuncia y por tanto resulta necesario tener las reserva suficiente y en particular en este tipo de procedimientos ya que la sustanciación por su naturaleza podrá derivar en sanciones de tipo administrativa o penal”.
En tal sentido, se propuso que sea reservada en virtud de que la misma información será parte de un proceso de responsabilidad administrativa, información que por su esencia requiere ser protegida en términos de ley, ya que de no hacerlo, pudiera obstruir el procedimiento para fincar responsabilidades de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.
Finalmente, se aclara en el oficio, que la determinación tomada por la Legislatura para clasificar la información, no implica que sea de manera permanente, sino que se actúa de conformidad al principio de legalidad, y la posible afectación que en lo particular se genera a los usuarios es de manera provisional hasta en tanto que la autoridad responsable resuelva el fondo del asunto, aunque la ley señala que esa reserva puede durar hasta cinco años, pues de divulgarse antes, puede ser usada por los interesados en el tema con el fin de inhibir o coaccionar la actividad que desarrolla la ASE ocasionando con esto, “un daño mayor a la sociedad”.
