Las luchas son novelas con varios capítulos. Hilos narrativos que se desenvuelven conforme los hechos avanzan en complejas tramas de eventos. Así pasó con la larga novela de la democracia mexicana: en 1977 inicia el reconocimiento de la oposición en la competencia electoral y pasan varias páginas para que llegue la constitución de un organismo ciudadanizado y autónomo que organice las elecciones, y varios apartados más para normalizar ciertos procedimientos para legitimar cualquier proceso. El final de esa novela marca el inicio de otra: la realidad política no se detiene y continúa la narrativa. Así, la estructura electoral de 2018 es enteramente distinto de aquel 1977. De esta manera podemos contar todas las luchas: el municipio libre y reconocido como nivel de gobierno, las mujeres y sus derechos políticos, el derecho universal a la educación; y ahora: la seguridad e integridad de las personas, y otros temas.
Pues bien, cuando se aceleró la Inversión Extranjera Directa como estrategia central de crecimiento económico, se dejaron ver grandes empresas que hacían crecer sus ganancias a partir de ventajas absolutas en la explotación de recursos naturales. Así, vimos cómo empresarios de las hortalizas, ajos y forrajes exportaban productos sin contar con los costos del agua que exportaban y no se registraba en los costos de producción; la cervecera con los motivos parecidos del anterior por el tema del agua y venta de tierras; y como todos los sabemos, la industria minera, que junta todos los motivos imaginables, desde grandes cantidades de agua, suelo abierto, emisión de jales y desechos tóxicos que duran centenas de años y los efectos directos de estos factores. El daño ambiental de las empresas de exportación fue creciente. Por ello, iniciar una batalla para lograr que dichas empresas repongan o compensen algo del daño que generan es una lucha legítima y justa. Pero esa lucha no es de un capítulo sino de varios.
Tal vez empezó porque el Gobierno del Estado se vio ahogado de compromisos financieros que no podía cubrir ante la falta de apoyo de gobierno federal. Ese mismo gobierno (de EPN) le litigó el derecho a cobrar los impuestos de los que hablamos. Sin embargo, eso llevó a gobierno estatal a plantear un tema de justicia que tal vez no hubiera emprendido si su situación financiera fuera más desahogada. Pero, como dijo el escritor: Dios escribe con renglones torcidos.
Se dio un paso en el sentido correcto: hacer que las empresas que se enriquecen a costa de la explotación de la naturaleza se aproximen a la justicia. Y lo mejor: de Zacatecas sale el antecedente para que ese rasgo de justicia se normalice en todo el país. Porque el dilema de la Corte (para resolver la controversia de Zacatecas) es si los estados tienen derecho a cobrar esos impuestos o son competencia exclusiva de Gobierno Federal. De tal manera que si gana Zacatecas en automático ganan todos los estados. Y ahora los zacatecanos nos alegramos porque desde aquí se ha iniciado una lucha que tendrá efectos positivos en toda la República. La justicia ambiental ahora mismo inició como justicia hacendaria: andamos arando. Ha concluido el capítulo uno, inicia el dos.
