En respuesta a la denuncia del presidente del Colegio de Notarios del Estado, Jaime Casas Madero, sobre la falsificación de escrituras y la posible existencia de un “cártel inmobiliario” que estaría operando en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, el director de Catastro municipal, Alfredo Robles Rodríguez, informó que la dependencia puso en pausa un traslado de dominio procedente de Aguascalientes y mantiene bajo resguardo un expediente vinculado con un notario de Tula, Hidalgo, por irregularidades en la documentación presentada.
Catastro no tiene facultades para autenticar firmas o sellos notariales, por lo que su actuación se limita a suspender el trámite y dar aviso al Órgano Interno de Control del mismo Ayuntamiento, precisó el funcionario.
Robles Rodríguez consideró inadecuado hablar de un “cártel inmobiliario”, aunque reconoció que la alerta mediática emitida por el notario Casas Madero sirvió para “levantar los focos de alarma” y endurecer la revisión de los traslados de dominio provenientes de fedatarios de otros estados. Según explicó, este tipo de documentos llegan rubricados y con sellos idénticos a los originales, lo que impide detectar falsificaciones a simple vista.
“Pasan por el simple hecho de venir rubricados con la fe notarial”, señaló, al subrayar que la verificación de autenticidad corresponde al Registro Público de la Propiedad, no al Catastro”.
En ese sentido, el funcionario opinó que, si existiera un esquema de falsificación sistemática, sería más adecuado hablar de un “cártel notarial”, pues el problema se origina en el ámbito de los fedatarios y no en el de los catastros municipales.
El Colegio de Notarios mantiene su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde se investigan al menos cinco escrituras presuntamente falsificadas y casos de apropiación irregular de viviendas antiguas del Centro Histórico y de Guadalupe, de acuerdo a lo declarado por Jaime Casas.
Robles Rodríguez dijo que, hasta el momento, la Dirección de Catastro solo tiene identificado un caso comprobado con información apócrifa, correspondiente al notario de Tula, Hidalgo, y que el procedimiento interno, en caso de comprobarse un fraude, es notificarlo al Órgano Interno de Control y dejar resguardado el inmueble para garantizar el patrimonio de los contribuyentes.
Sobre el supuesto uso indebido del censo de bienes vacantes elaborado durante la administración de Judith Guerrero, el funcionario confirmó que ese padrón existe, pero aclaró que su custodia corresponde a Desarrollo Urbano y que está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales. Dijo desconocer cómo obtuvo el notario denunciante la lista de predios abandonados o intestados, e insistió en que Catastro no puede compartir información de ese tipo con terceros.
Alfredo Robles señaló que la dependencia mantiene una base de datos con alrededor de cien predios en abandono o en riesgo estructural dentro del Centro Histórico, elaborada con información de la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil. Aclaró que, aunque algunos presentan deterioro o antigüedad, no se ha detectado ningún traslado irregular ni intento de apropiación fraudulenta sobre esos inmuebles.
El funcionario aclaró que solo cuenta con registros digitales correspondientes a su gestión actual y dijo que revisar los traslados de dominio de años anteriores implicaría una búsqueda manual en expedientes físicos.
Sin embargo, estimó que, desde 2018, se han realizado cerca de 20 traslados dentro del polígono del Centro Histórico.
Robles planteó que el problema debe abordarse en coordinación con otras instituciones y no solo desde el municipio. Propuso establecer mesas de trabajo con la Fiscalía, Seduvot, el Registro Público y el Colegio de Notarios para prevenir nuevas irregularidades.
