En los últimos días ha cobrado relevancia la iniciativa que propone realizar ajustes a la reforma judicial. Comienza a considerarse un período extraordinario, con cierta urgencia, para estar en tiempo de que dicha propuesta pueda ser discutida, y en su caso aprobada, antes de los tiempos que la propia Constitución contempla para hacer cambios a la materia electoral, previo al inicio del proceso electoral que arrancará en 2026 para acudir a las urnas en 2027.
En la pasada entrega comentamos sobre el contenido de la misma, y sus puntos más importantes han ganado espacio en el debate público: mejorar los filtros para las personas candidatas a ejercer como juzgadoras, trasladar la fecha de la elección judicial al 2028, evitando el empalme con las elecciones locales y federales en las que competirán abierta y explícitamente los partidos políticos, y, retomar algunas figuras, como las extintas salas de la Suprema Corte, rebautizándolas como “secciones”.
El diagnóstico es abundante, desde el debate mismo que antecedió a la reforma que se trata de matizar, sobre los riesgos y debilidades que presentaba el modelo que finalmente se implementó parcialmente en 2025. No hay que olvidar que dicho debate se vio sumergido en la vorágine de una campaña política en la que la polarización fue evidente. La naturaleza misma de la competencia que trajo como resultado la victoria del proyecto que abanderó la reforma, y la prontitud con la que ésta se procesó, no generó las condiciones para un ejercicio de deliberación tan amplio, profundo, plural y técnico, como era deseable. Es entendible en fenómenos políticos de tensión como la consolidación de un proyecto político de esa envergadura. Sin embargo, es sabido, que hay una diferencia muy clara entre hacer campaña y hacer gobierno. Es justo el proceso que estamos viviendo y por ello mismo me parece una señal que merece reconocimiento: la voluntad de rectificar sin traicionar la esencia del modelo que se postuló y ofreció como promesa política, que es la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Las bondades de rectificar la reforma, con matices técnicos como los que se proponen, se acumulan: ya no solo están en el horizonte las del orden económico, han aparecido con una fuerza inobjetable las razones políticas que exigen al Estado mexicano una legitimidad ya no solo de origen popular, sino de desempeño efectivo del aparato de justicia. La captura de las instituciones por determinados grupos de interés, al margen de la ley, ha emergido como un asunto puntual, urgente y prioritario para nuestro país en el contexto internacional frente a la agresiva política de nuestro vecino del norte y principal socio comercial.
A la luz de tales escenarios rectificar en el gobierno lo que se postuló en la campaña resulta sensato y prudente, y aún más, hacerlo con tal método y estrategia que rectifique sin traicionar la promesa, puede calificarse como audaz.
@CarlosETorres_
