En busca de “afianzar la vida democrática del país”, el gobierno federal presentó el 28 de abril pasado una propuesta de reforma electoral, elaborada por el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte y, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Tal propuesta, pretende modificar 18 artículos constitucionales y la inclusión de 7 transitorios.
Señala el primer funcionario que, es una apuesta por la federalización de las elecciones, lo que permitirá en su conjunto un ahorro de 24 mil millones de pesos, ya que se incluye la cancelación de las prerrogativas para gastos ordinarios de los partidos. Por su parte, Pablo Gómez, asegura que se pretende crear un nuevo sistema de elección, en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los sufragios válidos, se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de una proporcionalidad pura.
Los temas que destacan en esta propuesta:
- Sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE), por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). El número de consejeros electorales pasará de 11 a 7.
- Desaparición de las 200 diputaciones plurinominales y de los senadores de lista (fin de los 300 distritos electorales). En el Congreso de la Unión, quedarán 300 diputados y 96 senadores.
- Federalizar las elecciones mediante la desaparición de los organismos públicos locales electorales (oples), así como de los tribunales estatales electorales.
- Reducción del número de integrantes de congresos locales y regidurías.
- Establecimiento de la votación popular como mecanismo de elección de los consejeros del órgano comicial y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el caso de los consejeros, los candidatos serán 60: 20 propuestos por el poder Ejecutivo; 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial.
- Fin del financiamiento público a las actividades ordinarias de los partidos, a los cuáles sólo se les entregaría presupuesto para afrontar los comicios.
Con esta reforma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se propone dos finalidades:
1.- impulsar una democracia real, directa, participativa y en consonancia con la lógica de la 4T, libre de intermediarios entre soberanía popular y conformación del poder político, que caracterizaron a la gobernanza neoliberal, y nunca cumplieron con su tarea de garantizar la imparcialidad, certeza y legalidad.
2.- Separar el poder económico del poder político, ya que las cantidades ilimitadas de dinero destinadas a los partidos políticos, ha despolitizado los procesos electorales, permitiéndoles convertirse en grandes negocios, alejados de su naturaleza como espacios de discusión sobre proyectos alternativos para la conducción de los asuntos públicos, encontrando por eso en la actualidad, partidos sin respaldo social ni ideología definida, sino únicamente para tener derecho a recibir financiamiento público.
Atendiendo al principio de austeridad republicana del gobierno de la 4T, se propone que el INEC, sería la única autoridad administrativa electoral en el país. Organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal.
Desde mi punto de vista, la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es autoritaria y regresiva:
1.- A lo largo del actual sexenio, ha sido en exceso recurrente el enfrentamiento y la agresión del jefe del Ejecutivo en contra del INE, particularmente en contra del titular Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama. De ahí que, desde mi punto de vista, como se encuentra redactada la propuesta de reforma que nos ocupa, tiene la clara finalidad de perjudicar tanto al actual organismo como a dichos consejeros.
Ciertamente, pueden existir deficiencias y habrá mucho que corregir en el actual INE, pero la democracia, ha ido en avance, se han obtenido logros, desde que en 1990 se creó como un organismo autónomo, despojando al Ejecutivo de la facultad que tenía en la organización y vigilancia de los procesos electorales, a través del Secretario de Gobernación quien fungía como el consejero presidente del entonces IFE. Pero también, se despojó al poder Legislativo de la facultad que le asistía para realizar el cómputo electoral.
Esas dos facultades se depositaron en el nuevo organismo, llamado inicialmente Instituto Federal Electoral (IFE).
2.- Bajo el actual sistema político ha sido posible la alternancia del partido en el poder, ya sea en elecciones federales, locales y municipales: PRI, PAN, PRI, MORENA (federal). PRI, PRD, PRI, MORENA (Zacatecas, por ejemplo). Y una variedad de alternancias: Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Sonora, etc.
3.- De no funcionar el actual sistema democrático en México, seguramente, no tendríamos como presidente a Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza el gobierno que hace llamar de la 4T.
4.- Proponer que los nuevos consejeros, así como los magistrados del TEPJF sean designados por voto popular, los convertirá prácticamente en una extensión de los poderes que los proponen y el INEC, perdería totalmente su autonomía.
El nombramiento de magistrados no puede someterse a sufragio popular porque debe reunir un perfil constitucional.
5.- La actual reforma electoral es impulsada por el presidente. No ha sido producto de una negociación ni consenso entre las diversas fuerzas políticas existentes en el país.
