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jueves, 18 abril, 2024
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Por: JUAN GÓMEZ • Admin •

Austeridad y transparencia

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El tema de los salarios a gobernadores, funcionarios y legisladores siempre será uno de los más polémicos, en una sociedad en donde los excesos se han vuelto vida cotidiana, pero además, está vigente la permanencia de un estado semiautoritario que le escamotea la transparencia a la ciudadanía.

En la pasada sesión ordinaria del 03 de abril la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para la aprobación de una Ley de Austeridad para los Altos Funcionarios Públicos de la administración pública estatal de Zacatecas.

En tribuna en el salón de plenos de la 61 legislatura la diputada de Movimiento Ciudadano argumentó que “el buen juez por su casa empieza”, al conminar a sus homólogos a reducir sus prestaciones, puesto que perciben un salario de $95,000 mensuales y obtienen por concepto de “gestión social” otros $90,000 pesos en ese mismo período.

Cabe mencionar que en el tabulador de sueldos y salarios que publica en el portal de transparencia la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la 61 legislatura del estado de Zacatecas, se desglosa el salario de los legisladores de la siguiente manera:

El sueldo base de un diputado zacatecano es de $7,527.52, pero tiene un “Beneficio de Supervivencia” de $16,904.81 y una compensación de $70,567.67, lo que arroja un “líquido mensual” de $95,000. A dicha cantidad habría que agregarle los $90,000 que evidenció en tribuna la legisladora que al ser sumados generarían una percepción mensual de $185,000 pesos mensuales en cada legislador en la 61 legislatura.

El asunto de los ingresos de los legisladores no es menor aunque algunos traten de esquivarlo, evadirlo y hasta minimizarlo, como es el caso de la diputada Guadalupe Medina Padilla, coordinadora de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el congreso local, quien al ser cuestionada sobre su percepción salarial por el periodista Francisco Elizondo en el noticiero que conduce en la mañana, respondió que no acostumbra ver el sueldo que recibe.

De esa manera la diputada panista evitó responder al conductor sobre la percepción de su sueldo, pero lo más lamentable es que le oculta esa información a sus representados, pese a que haya llegado por la vía plurinominal al congreso. Negar información pública es opacidad.

Pero son los linderos en los que se mueven la mayoría de los diputados no solamente locales sino federales también, lo que contribuye de manera fundamental al deterioro de la imagen de los representantes populares y de los gobernantes.

En este sentido es altamente contrastante la percepción del Ejecutivo del estado cuya percepción salarial es de 44 mil 687.63 pesos, salario inferior al de un diputado local y al del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando existe una reforma a la Constitución local hecha en el año 2010 en la que se plantea que ningún miembro de la administración pública puede recibir un sueldo mayor al del gobernador.

Es importante recordar que la reforma a la Constitución del estado de Zacatecas para poner topes máximos a los salarios de los funcionarios públicos, fue hecha por la 59 legislatura durante la administración de Amalia García Medina.

En aquella ocasión el entonces diputado petista y actual Secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, propuso la adición de un artículo Cuarto Transitorio para quedar como sigue: “CUARTO.- Para los efectos de la base II del artículo 160 de esta Constitución, la remuneración que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, asciende a la cantidad de mil ochocientas cuotas diarias del salario mínimo general vigente en el estado de Zacatecas”.

Apegándonos al Transitorio de referencia y al considerar que el salario mínimo general vigente en el estado de Zacatecas es de $63.77 diarios, el gobernador Miguel Alonso debería tener una percepción aproximada de $113,400 pesos mensuales y no los 44 mil 687.63 pesos que se publican en el portal de transparencia del gobierno del estado. La diferencia es abismal.

Por cierto, la diputada Soledad Luévano propone que el gobernador perciba 1,500 cuotas de salario mínimo, pero desconoce evidentemente la adición al artículo Cuarto que fue propuesta en aquél momento por el citado ex legislador y actual Secretario de la Función Pública que fue de 1,800 cuotas diarias del salario mínimo general vigente.

Ciertamente falta mucho por avanzar en materia de transparencia en Zacatecas, pese a que durante el informe de la consejera presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la información Pública (CEAIP), Raquel Velasco, el gobernador Miguel Alonso Reyes haya afirmado que el gobierno de Zacatecas avanzó del lugar 27 al 10 en materia de transparencia en el País, en los últimos tres años.

Al tiempo.

 

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