Con retraso y cinismo, el PRI decidió expulsar de su organización a Javier Duarte –gobernador con licencia de Veracruz— al mismo tiempo que por voz del nuevo presidente de partido (Enrique Ochoa) se anunciara que procederían también contra el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo.
Qué remedio. Luego de ser exhibidos por medios periodísticos independientes provocando que el padrón de funcionarios corruptos y fuera de la ley se ampliara, las autoridades responsables de impartir justicia –las mismas que han fomentado la impunidad— dicen ahora procederán (o simularán proceder) contra quienes hoy, todavía, permanecen en libertad.
La secuela de irregularidades producto de la corrupción y mal gobierno de Duarte, metió en serios aprietos a decenas de ayuntamientos. La Auditoría Superior de la Federación comprobó que, tan solo en las transferencias federales a Veracruz, existe un manejo irregular de 35 mil millones de pesos. Gracias a eso, cincuenta alcaldes aseguran tener problemas de liquidación y que no cuentan con recursos “ni para pagar la nómina”.
Entre tanto, el gobernador provisional de Veracruz -Flavino Ríos- ha pedido al Gobierno Federal una “ayuda” de 11 mil millones para atender los “pendientes” de aquí al primero de diciembre cuando termine su interinato. De ser así, esa cantidad se ataría a la deuda pública veracruzana de 52 mil millones de pesos que se tiene con los bancos y al pasivo de 13 mil millones de pesos con proveedores y contratistas. El estado está en ruinas. La ordeña de los dineros públicos por el exgobernador y altos funcionarios se convirtió –todo indica- en la actividad principal de los rudos en el establo jarocho.
La lista de horrores parece interminable. Arturo Montiel –tío de Peña Nieto y exgobernador del Edomex— posee terrenos lujosos en Valle de Bravo, casa en Careyes, un castillo en Francia y sus hijos millonarias cuentas y propiedades. Al acaudalado ex gobernador de Coahuila -Humberto Moreira– España lo vincula con el grupo criminal de Los Zetas. En Tamaulipas, a Tomas Yarrington Estados Unidos lo acusó de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo. El exgobernador de Tabasco -Andrés Granier- fue llevado a prisión por corrupto, fraude al fisco y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y la lista sigue. En Guerrero, Rubén Figueroa fue destituido de su cargo siendo gobernador después del asesinato de campesinos en el Vado de Aguas Blancas. En el mismo estado -Ángel Heladio Aguirre Rivero- quien fuera catapultado por el PRD y llevado a la gubernatura, fue también destituido luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En Aguascalientes, Luis Armando Reynoso pasó un par de años en la cárcel acusado de compras simuladas, peculado y ejercicio indebido de funciones. En Baja California, el perredista Narciso Agúndes Montaño, fue acusado de peculado por lo que estuvo algunos meses en prisión.
Amigo de Carlos Salinas, pero enemigo de Zedillo, Mario Villanueva –ex gobernador de Quintana Roo– fue procesado en México y extraditado a USA en 2010. Lleva 14 años encarcelado acusado de lavar dinero del Cártel de Juárez y de facilitar el transporte de droga de Colombia a Estados Unidos.
En esa misma entidad de la península, otro delincuente –el exgobernador Roberto Borge— es señalado por haber desviado recursos públicos y dejar una deuda estatal calculada en 30 mil millones de pesos. Su administración cuenta con un largo historial de excesos y abusos, actos de corrupción y violaciones a libertades y derechos humanos. Impulsó leyes para impedir las marchas en las calles y para restringir la labor de los periodistas. Reprimió manifestantes y persiguió a cuanto maestro o indígena maya se atreviera a protestar.
La más reciente felonía que se conoce de Borge, son los 2 mil 500 certificados de educación entregados a personas que nunca aprendieron a leer ni a escribir. Se dice que quiso aparentar que en la entidad se avanzaba en materia de alfabetización para así obtener más recursos federales.
Borge –el Dragon Mart peninsular– convirtió el paraíso en un establo cuya fetidez no podrá limpiarse en años, ni con toda el agua del caribe mexicano. ■
Fuente: revista proceso / periódico La Jornada
