- Agenda Política
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas concluye una peculiar etapa política. La “conducción” no total sino parcial de la ex consejera presidenta (necesita de otros seis votos para concretar acuerdos), Leticia Soto Acosta, acumuló una serie de contradicciones que reflejaron graves niveles de politización en el seno del consejo general de dicha autoridad local.
La suma de los conflictos de intereses que surgieron durante el proceso electoral 2013 es el mejor ejemplo de que la autoridad prefirió mermar la institucionalidad de su actuar, mientras que privilegiaba los consensos con diversos grupos políticos, en una pista paralela a la elección.
La negación del registro de la coalición PAN-PRD, consintió férreos cuestionamientos acerca de la capacidad de la autoridad de otorgar garantías a los derechos electorales de las dirigencias partidistas y sus militancias. Lo mismo que la obstrucción de la renovación de la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, en donde la autoridad beneficiaría al grupo del ex diputado local Elías Barajas, con representación de la hoy directora de Concertación Política de la Secretaría General de Gobierno, Luz María Domínguez, ante el consejo general.
En ambos casos, los partidos de oposición voltearon la mirada hacia la relación cercana de la ex presidenta con el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo. Las voces de los dirigentes de los tres partidos coincidieron en que habían topado con una especie de trabajo coordinado entre una autoridad que se suponía autónoma, y el Gobierno estatal.
Para sorpresa de propios y extraños, durante el día de la elección, desde el círculo cercano del ex presidente estatal del PRI, Juan Carlos Lozano, y en la voz del mismo a algunas figuras de la clase política (entre ellas el gobernador Alonso Reyes, según las fuentes consultadas), las casillas con número 1322, 1345, 1365 (en Sombrerete), 115, 117 y 119 (en Chalchihuites) dejarían en suspenso la idea de que habría contubernio entre la presidencia del órgano autónomo y el gobierno.
En la etapa de recuentos de estas casillas, según lo narraba con incredulidad la ex dirigencia tricolor estatal, al PRI le anularon 115 votos en la elección a diputado y 94 en la de ayuntamiento, fórmula que encabezaban sus candidatos Constantino Castañeda y Luz Margarita Chávez García. Las acusaciones iban directamente a Víctor Hugo Medina, representante del PRD, una asesora jurídica del IEEZ, y la ex presidenta del consejo municipal, quienes –de acuerdo a lo manifestado por los testigos de aquella bizarra madrugada- organizaron un recuento de votos donde presidentes y representantes de partidos fueron expulsados para hacer valer el resultado.
En ese mismo cúmulo de irregularidades, los partidos no serían los únicos quejosos de las decisiones irregulares de quien encabezada al consejo general. Los candidatos independientes formaron un frente común de presión para impugnar, en distintos momentos, la reglamentación que la autoridad impondría. Sus argumentos fueron suficientes para invalidar algunos artículos y dejar sin efectos otros más, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En una entrega anterior noté que, además, para la normatividad trabajada de la mano del asesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, César Iván Astudillo, la ex presidenta devengaría una cantidad fuerte de dinero (casi los 400 mil pesos), dejando en abierto conflicto de interés el papel de dicho investigador en la reciente Convocatoria para la Renovación del OPLE Zacatecas.
Ahora bien, lo que pocos actores han retomado para la opinión pública es que la decisión de contratar a un asesor para delinear un reglamento institucional vino de la inconformidad de la ex presidenta, Leticia Soto, debido a que en octubre de 2012 la 60 Legislatura estatal aprobaría la inclusión de estas figuras en la ley local, derivado de la reforma federal en ese año. Durante esos días, en entrevistas a diversos medios, la consejera manifestó no estar de acuerdo con la incorporación de las candidaturas independientes, debido a que, según su criterio, era un tema no suficientemente discutido en el ámbito local.
Revisando el proyecto que entregaría la ex presidenta a la comisión de asuntos electorales, en ese entonces encabezada por el ex diputado Gerardo Romo, no se previó ni presupuesto ni directrices para la inclusión de estas nuevas figuras políticas. En el documento que este espacio obtuvo por asesores de aquella legislatura, la presidenta sólo planteaba algunas modificaciones administrativas. No estaba preparada para la reforma que en el plano nacional se desarrollaba de manera inminente.
Aún así, y de acuerdo a información pública, la ex presidenta viajó en 7 ocasiones al Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Campeche y Quintana Roo, para dictar conferencias sobre los “avances” en materia de candidaturas independientes. Pasando por alto su negativa inicial, y un reglamento que construyó, en todo momento, con la venia de los partidos políticos estatales…
El nuevo consejo desenmascará la menoscabada condición de “autoridad”, ayer heredada. ■
