La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión marcada por acusaciones cruzadas y un debate que se extendió más de seis horas.
El bloque mayoritario de Morena defendió que la propuesta respeta herencias de concesiones, combate el acaparamiento y frena el mercado negro del agua; la oposición, en cambio, denunció un intento de “centralizar” el control del recurso para fines políticos.
El dictamen avanzó con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, entre ellas de legisladores de Morena, PT y la independiente Araceli Mendoza.
Para la discusión en lo particular que continuará, se presentaron más de 500 reservas repartidas entre 154 oradores. Aunque las bancadas mantienen negociaciones para reducir el número de intervenciones, solo se prevé aceptar 18 cambios de Morena y aliados. El Senado está citado para recibir la minuta la mañana de este jueves.
La aprobación llegó horas después de que la Comisión de Recursos Hidráulicos avalara el dictamen en apenas dos horas. La Junta de Coordinación Política decidió enviarlo de inmediato al pleno, aplazando la discusión de la reforma a la Ley General de Salud. El petista Luis Fernando García votó en contra tanto en comisión como en el pleno.
El debate estuvo marcado por tensiones, luego de que la oposición exigiera que la votación del orden del día se realizara en tablero electrónico, tras la ausencia inicial de legisladores de Morena. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, accedió a la solicitud entre reclamos de la mayoría.
Xóchitl Zagal, diputada de Morena, acompañada de legisladores que portaban pancartas con la frase “Se les acabó el negocio”, afirmó que el dictamen surgió de 450 audiencias públicas. Acusó a políticos y empresarios, entre ellos al expresidente Vicente Fox, Diego Sinhue Rodríguez, los LeBarón, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González y Germán Larrea, de “acaparar” el recurso y lucrar con las concesiones.
Francisco Javier Borrego Adame, también de Morena, añadió que durante gobiernos anteriores se otorgaron concesiones que dejaron sin agua a comunidades, citando el caso de la familia LeBarón, que dijo, recibió más de 160 títulos.
Morena reiteró que la ley no centraliza facultades en la Conagua: los organismos locales seguirán emitiendo concesiones y trámites. El registro de concesiones será público, se garantiza la sucesión de derechos y la dependencia deberá expedir nuevos títulos en un máximo de 20 días cuando se acrediten herencias. También se mantienen los usos agrícolas y pecuarios sin reclasificación.
El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, aseguró que se terminará con el mercado negro y los pozos ilegales, principalmente en Chihuahua, y señaló que los opositores al dictamen son “depredadores del agua”.
En tribuna, diputados del PAN y PRI señalaron que la iniciativa concentra poder en el gobierno federal. Agustín Rodríguez acusó a Morena de buscar controlar a agricultores y ganaderos “hasta por un méndigo vaso de agua”. Paulo González advirtió que la ley “nació mal hecha”, con más de 90 modificaciones de última hora y atribuciones excesivas para Conagua, pese a presupuestos reducidos.
Desde el PRI, Humberto Ambriz alertó sobre afectaciones inmediatas a productores: restricciones a la transmisión de derechos, herencias sujetas a autorización, aumento de sanciones y creación de delitos hídricos que podrían llevar a prisión. Aseguró que las nuevas atribuciones permitirán usar el agua como instrumento de control fiscal y político.
