A la fecha ya tenemos una idea, vaga aún, del contenido de la reforma electoral que, con ayuda de la Comisión creada ex profeso para ello, presentará al Congreso de la Unión la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los temas que parecen predominar en el debate están la representación en el Congreso y por tanto su conformación; el financiamiento del sistema electoral, tanto de las instituciones como de los partidos, y algunos aspectos técnicos como el actual PREP.
Al momento de redactar esta participación editorial, se ha pospuesto por segunda ocasión la presentación de dicha propuesta de reforma, y, por tanto, como lo anotamos en un principio, lo que se conoce es aún poco y apenas referencial. Sin embargo, en lo que ya parece ser el contenido de dicha iniciativa no prevalece la necesaria y urgente atención a las fundamentales instituciones en toda democracia que se precie de serlo: los partidos políticos. No obstante, todos los temas que están sobre la mesa podrían atenderse desde un modelo de partido político que goce de los mecanismos de garantía para que la ley se respete y el espíritu de la democracia participativa y representativa cobre forma en la realidad.
En este mismo espacio, desde hace años, hemos insistido que más que una reforma electoral, lo que requerimos es una reforma a los partidos políticos. El contexto parece propicio para insistir en dicha idea.
Me explico: si el principal problema que pretende atender la reforma es la calidad de la representación política en los Poderes Legislativos, particularmente en lo que hace a las listas de representación proporcional cuya crítica constante es la captura de dichos listados por parte de las cúpulas de los partidos políticos, la respuesta está en garantizar una nutrida y activa vida interna, democrática y transparente; lo que a su vez podría resolverse con figuras como las elecciones primarias obligatorias para definir, no solo las candidaturas de mayoría relativa, sino también las listas de los conocidos “plurinominales”.
En lo referente al financiamiento de nuestro sistema de elecciones (que incluye INE, Tribunal Electoral y Partidos Políticos), cabe recordar que un porcentaje importante (cerca del 30%) está destinado justamente a los partidos políticos. Reducir este, pero, sobre todo, obligar a las directivas de dichos institutos a rendir cuentas vía transparencia y mecanismos de fiscalización, con la intervención no solo por el Instituto Nacional Electoral, sino también por la Auditoría Superior de la Federación, y con un Sistema Nacional Anticorrupción reformado y reforzado, podría resultar en impactos aún más precisos en la eficiencia del recurso destinado a la promoción de la democracia y la participación en nuestro país. No dejemos fuera la posibilidad de promover el autofinanciamiento de sus estructuras directivas a través de la aportación voluntaria de sus militantes, de tal forma que dependa de la confianza que los dirigentes logren generar en sus militantes para pagarse su sueldo en dicha función. Claro está, teniendo dichas aportaciones, su origen y destino, bajo la más potente lupa de los mecanismos de fiscalización que ya hemos anotado antes.
Finalmente, respecto a los instrumentos que dan confianza a los resultados de los procesos electorales, no podemos exonerar a los líderes partidistas de la responsabilidad que recae sobre sus posturas y actitudes en cada proceso electoral. Ninguna reforma electoral puede suplir lo que los propios actores políticos se niegan a garantizar: la lealtad democrática. No basta con tener reglas claras si quienes compiten se reservan el derecho de desconocer los resultados cuando estos les son adversos. Nunca hemos logrado consolidar una cultura de competencia leal, que necesita de buenos perdedores y de generosos ganadores, en la que perder una elección no sea una afrenta sino una posibilidad legítima y asumida desde el inicio. Por el contrario, en cada proceso, al final de la jornada, lo que sobran son ganadores y lo que falta son perdedores que asuman que, por una u otra razón, el favor de los sufragistas no les favoreció. Mientras los líderes partidistas no internalicen que su primera obligación tras una derrota es reconocerla, cualquier reforma, por bien diseñada que esté, quedará expuesta a la impugnación sistemática como arma política.
Antes como ahora, pensar en una reforma electoral luego de tantas, requiere que pensemos en la que siempre hemos tenido pendiente y que se presenta como uno de los más claros errores, cuyos efectos secundarios han venido a vulnerar nuestra consolidación democrática desde que arrancamos el proceso de transición política.
@CarlosETorres_
