En medio del alarmante y persistente número de asesinatos de líderes sociales y actores políticos en América Latina, especialmente en la era del posacuerdo en Colombia o en el contexto de intensificación de la violencia político-criminal en México, es imperativo que trascendamos las narrativas simplistas que reducen este fenómeno a la mera delincuencia organizada. Mi análisis se centra en la propuesta teórica de la Gobernanza Criminal (GC), un marco conceptual que revela la siniestra lógica política subyacente que amenaza la fibra misma de nuestras democracias subnacionales.
Es fundamental reconocer que la violencia ejercida contra líderes y lideresas sociales no es solo el resultado de la presencia de grupos criminales y economías ilegales. Por el contrario, sigue una lógica profundamente política. La Gobernanza Criminal define un orden alternativo donde funcionarios estatales, autoridades políticas y organizaciones criminales no se enfrentan, sino que a menudo cogobiernan. Este arreglo reemplaza el clásico monopolio weberiano de coerción legítima por un orden patrimonialista, configurando espacios de soberanía dividida o «duopolios de violencia».
La clave reside en la delegación estratégica de la coerción. Actores políticos locales, buscando preservar formas de autoritarismo competitivo local, transfieren el uso de la violencia a grupos armados ilegales para neutralizar a rivales políticos y a líderes sociales que amenazan con desarticular su poder establecido. Los grupos criminales, lejos de ser solo «empresarios de la ilegalidad» en busca de rentas, son parte integral de la construcción de órdenes sociales y políticos autoritarios en conjunto con las élites locales. Cuando la movilización social emerge como respuesta a reformas (como las estipuladas en el Acuerdo de Paz en Colombia) que buscan la inclusión política y el desarrollo rural, estas estructuras de poder se ven amenazadas.
El asesinato de líderes se convierte así en un mecanismo calculado para contener procesos de cambio político local. La evidencia cuantitativa que asocia directamente las características de la política local con la intensidad de la violencia contra líderes sociales. Los estudios demuestran que el perfil del municipio con mayor riesgo de violencia letal exhibe claros indicios de autoritarismo local, más allá de la mera presencia de economías ilícitas: 1. Menor Participación Electoral: Los municipios con menor participación ciudadana en las elecciones tienden a ser más violentos, sugiriendo una restricción de la competencia política y la presencia de formas locales de autoritarismo competitivo. 2. Concentración del Poder: Una mayor concentración de votos en pocos partidos indica una potencial concentración del poder político local, lo cual se asocia con mayores niveles de violencia contra líderes sociales. 3. Amenaza Creíble de la Oposición: La violencia es estadísticamente más probable en lugares donde fuerzas alternativas, especialmente partidos de izquierda, obtuvieron un mayor porcentaje de votos, ya que estos representan una «amenaza creíble» contra el poder de las élites tradicionales. Es decir, la violencia no es aleatoria; está dirigida a mantener el status quo político. La Extensión de la Lógica a Través de América Latina; esta dinámica no se limita a las periferias rurales de Colombia.
El concepto de Gobernanza Criminal nos obliga a mirar cómo la interfaz entre diferentes ramas del Estado y las organizaciones criminales moldea la política y la gobernabilidad a nivel subnacional y nacional. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, la violencia persiste debido a la estrecha relación entre grupos armados de herencia paramilitar (como el Clan del Golfo y los Caparrapos) con políticos locales y élites mineras. Estas alianzas tienen como objetivo contener la participación efectiva de proyectos políticos alternativos mediante el uso de la fuerza. En estas regiones, las élites locales delegan el uso de la violencia en los grupos criminales.
El caso de México es igualmente revelador. El análisis de la violencia político-criminal, que registró 39 eventos solo en agosto de 2025, incluyendo asesinatos, atentados y amenazas contra alcaldesas, funcionarios de seguridad y exfuncionarios, demuestra cómo las organizaciones criminales se infiltran en el sistema político. Las alternancias electorales, de hecho, se asocian al quiebre de pactos de protección entre los incumbentes y los actores criminales, lo que desencadena periodos de inestabilidad y una escalada de violencia hasta que se establecen nuevos equilibrios.
Conclusión y el Imperativo de la Desarticulación; La Gobernanza Criminal es un concepto indispensable para entender por qué la violencia letal se ha mantenido en niveles tan altos a pesar de los avances democráticos. Esta violencia no es un indicador de la mera debilidad estatal, sino de una capacidad estatal que se ha vuelto relacional y contingente, donde actores armados han acumulado suficiente poder e influencia financiera para cooptar y desplazar el monopolio coercitivo del Estado en múltiples arenas. El desafío que enfrentamos es estructural. Reducir la explicación de estos asesinatos a la presencia de grupos armados o economías ilegales desconoce cómo estos grupos, en conjunto con élites locales, son vitales para la construcción de órdenes autoritarias.
Por lo tanto, la protección efectiva de la vida de líderes sociales y el fortalecimiento democrático en estas regiones no se logra únicamente reforzando esquemas de protección individual o la presencia militar en la periferia. Es un imperativo ético y político impulsar acciones decididas, desde la justicia y las fuerzas de seguridad pública, para desarticular las densas redes de poder que históricamente han unido a políticos locales con grupos armados criminales. Solo rompiendo este patrón histórico de construcción estatal y garantizando procesos reales de participación e inclusión política local podremos aspirar a un futuro donde la paz no sea violenta y la democracia sea verdaderamente competitiva.
