La devastación que el martes de la semana anterior dejó el huracán OTIS categoría 5, en el Estado de Guerrero y sobre todo en el Puerto de Acapulco, es de graves consecuencias para la población. No solo la zona costera y el sector turístico sufrió daños incalculables, en colonias de la periferia y otros municipios, “el agua se llevó prácticamente todo, y los habitantes se quedaron sin nada”. Siendo Acapulco un centro turístico de importancia, grandes sectores que eran empleados en esa rama, perdieron también su trabajo. Se presenta ya un problema de salud derivado de las condiciones de insalubridad, falta de agua potable, toneladas de basura, lodo y más, en que viven los guerrerenses damnificados. Esperamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan y resuelvan de manera urgente esta situación para evitar daños mayores en la salud-
Ante esta tragedia los mexicanos y asociaciones civiles han mostrado su solidaridad y, de inmediato y acudieron a los centros de acopia instalados en diferentes lugares del territorio nacional, para llevar a cabo donaciones en beneficio del mayor número de damnificados que se distribuye a través del Ejército.
Si bien es cierto que la ayuda comienza a fluir, es totalmente insuficiente. En la limpieza y retiro de lo devastado por OTIS, participa el Ejército, según se observa en imágenes publicadas en redes sociales que utilizan como herramienta palas y talache. Los damnificados se dan también a la tarea retirar escombros y basura de lo que fue su vivienda buscando rescatar algo de sus pertenencias. En esta tarea, el sector turístico lleva a cabo lo propio.
En este panorama, se presentó un buen acierto de López Obrador: en afán de allegarse de recursos destinados a los damnificados de Guerrero, en su mañanera del martes pasado, desde Palacio Nacional propuso un acuerdo al Poder Judicial:
- Que los 15 mil millones de pesos que tenían en los 13 de 14 fideicomisos, destinados a financiar sus compensaciones, y que recientemente los legisladores aprobaron extinguir, para devolverlos a la Tesorería de la Federación, se destinen a ayudar a los damnificados.
- Una reducción en el presupuesto para el año 2024, que será de aproximadamente 84 mil millones de pesos.
- Bajarle el sueldo “a los de arriba”. Es decir a los Ministros de SCJN, que según acusa reiteradamente el propio mandatario es mayor de $ 700,00 mensuales, y “ganan más que el Presidente”, lo cual es violatorio de la Constitución.
Por la tarde del mismo día la ministra Presidenta de la SCJN, envió al mandatario el oficio SCJN/Presidencia/64/2023 para contestar su propuesta. En el tercer párrafo del oficio le comunica: “Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto en los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
Los dos últimos renglones del párrafo anterior, llevan implícita una “expresión” muy importante que el Ejecutivo debe analizar: “…se mejores el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere…”
Es entendible la aceptación de la Ministra para ceder los 15 mil millones de pesos, pero también, en el Poder Ejecutivo existen recursos públicos a los que se les ha dado un uso excesivo.
Demos el ejemplo de las Fuerzas Armadas. En el actual sexenio, han tenido un incremento en su presupuesto mayor al 180%, pues mientras que en 2019 fue de 156 mil 169 millones de pesos, para 2024 se destinarán 437 mil 161 millones de pesos. Se distribuirá como sigue:
259 mil 434 millones de pesos Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
71 mil 888millones de pesos Secretaría de la Marina (SEMAR)
35 mil 072 millones de pesos Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (SSPC)
70 mil 767 millones de pesos Guardia Nacional (GN)
Sería una actuación legal y acorde con la situación que se requiere y vive el país, que se recortara también el presupuesto de las Fuerzas Armadas para 2024, y se destinara a los damnificados de Guerrero.
Y, es que si bien es cierto que López Obrador les ha asignado en el presente sexenio facultades que no les corresponden, las Fuerzas Armadas únicamente deben realizar las que la Constitución les señala en el artículo 129: “En tiempos paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles, o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
