■ El monto, más de 779 millones de pesos, según las cuentas públicas de 2009 a 2012, informan
■ El dinero debe resarcirse, pero por fallas en la ley podrían no ejercerse las sanciones
Poco más de 779 millones 554 mil pesos es lo que durante tres años desviaron de las arcas públicas, ex servidores municipales (alcaldes, regidores, síndicos y otros) de todos los partidos políticos, así como funcionarios del Ejecutivo estatal, según arrojan las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012. Dinero que deberían de resarcir, pero existe una alta probabilidad de que los culpables queden impunes por fallas en la ley.
El pasado 21 de octubre, so pretexto de su prescripción y la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas hasta antes de febrero de 2013, la 61 Legislatura asumió el criterio de no fincar sanciones exclusivamente administrativas ( amonestaciones, trabajo comunitario, suspensión, sanción pecuniaria e inhabilitación) a ex funcionarios municipales quienes cometieron nepotismo, violaron una ley o aplicaron los recursos públicos de manera desaseada.
Incluso la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Susana Rodríguez Márquez anuncia que sucederá algo similar con los fincamientos de responsabilidad resarcitoria para los años 2010, 2011 y 2012.
Pero ante los millonarios desfalcos cometidos por ex servidores públicos mediante sanciones resarcitorias (regresar el dinero mediante un crédito fiscal), no se descartaría el riesgo de que de igual manera éstos queden impunes, opina el especialista en derecho constitucional, Juan Manuel Rodríguez Valadez.
Agrega, además que por esas omisiones, se propicia que personas que hicieron mal uso del recurso público y su función, “hoy, tranquila y campechanamente puedan estar dándole gracias al sistema”
Si bien hay una diferencia entre administrativas y resarcitorias, porque éstas últimas fueron hechas en base a la Ley de Fiscalización, la cual a diferencia de la de Responsabilidades siempre ha estado firme y así lo dicen los diputados, el problema podría darse cuando la primera se vincule con la otra y con ello se corren riesgos.
De modo que a decir del catedrático de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, ante los resquicios de la ley, la obligación moral e institucional de la 61 Legislatura es cumplir su trabajo, fincar las sanciones independientemente de la constitucionalidad o no de la norma y que sea la autoridad judicial quien decida si proceden o no.
500 días sin ley
El mes pasado los legisladores votaron el dictamen de la Comisión Jurisdiccional donde se da carpetazo a 24 expedientes que contenían sanciones administrativas a ex funcionarios municipales.
La justificación es que la Ley de Responsabilidades se declaró inconstitucional en noviembre de 2011 tras el juicio de amparo 634/2011 presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ex gobernadora, Amalia García quien aludió a la falta de un refrendo en la ley y los ministros le concedieron la razón.
No obstante el especialista Juan Manuel Rodríguez, el diputado Rafael Flores y el coordinador general jurídico de Gobierno del estado, Uriel Márquez Cristerna, aseguran que el pronunciamiento de la Corte fue para el caso específico, pero los diputados consideraron que desde ese momento, en Zacatecas no habría instrumento legal para aplicar la norma, e incluso fincar las sanciones, las cuales en ningún momento ponen en duda la culpabilidad de los funcionarios.
Es así que el 16 de octubre emiten un dictamen que avalan días después, donde exculpan a los implicados porque dice: “vulnerarían los derechos humanos de los servidores públicos respecto de los cuales se inició un procedimiento de responsabilidad, porque la aplicación de la citada norma violaría la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso”.
Lo anterior sin importar dejar en la impunidad a quienes cometieron alguna falta y que la legisladora, Susana Rodríguez ha anticipado que no serán los únicos 24 expedientes sino que habrá otras decenas que irán de 2009 a 2012. Por lo pronto se avecinan 49 más.
A pesar de que la Ley de Responsabilidades del ocho de septiembre de 2001 se declara inconstitucional para algunos casos en noviembre de 2011, destaca como los diputados y el Ejecutivo tardan casi 500 días en tener una nueva para evitar impunidad en los actos públicos. La vigente se publicó hasta febrero de 2013.
Contradicciones en aplicación de ley, interpretación errónea
Tras la arbitrariedad consumada hace unos días, llama la atención que las versiones de autoridades en la materia se contradicen.
Mientras que el especialista en derecho, Juan Manuel Rodríguez, refiere que la Ley de Amparo y la Constitución Política del país, en sus artículos 103 y 107, precisan el carácter individualista que tiene el amparo; es decir, cuando una personal acude en busca de la protección de sus derechos ante la SCJN, sólo le perjudica o beneficia sobre el caso ventilado.
La presidenta de la Comisión legislativa Jurisdiccional, Susana Rodríguez insiste en la no procedencia de la aplicación de las sanciones administrativas por “el vacío jurídico y precedente de la inaplicabilidad de la ley que se sentó con la ex gobernadora”.
De igual manera Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) lamenta que las miles de horas de trabajo del ente fiscalizador no se podrán traducir en sanciones administrativas pese al daño a la hacienda municipal y estatal. Sin embargo justifica la decisión de los diputados.
Por contrario, a decir del secretario de la Comisión legislativa de Vigilancia, Rafael Flores Mendoza, la interpretación de la ley para archivar expedientes administrativos, es errónea, pues la SCJN, declaró inconstitucional la ley en 2011 sólo para el caso de la ex gobernadora, y no en lo general; para ello debió haber habido por los menos tres pronunciamiento de los ministros en el mismo sentido.
Si bien en la actualidad es suficiente que la Corte se pronuncie una sola ocasión para hacer inconstitucional una ley, derivado de la reciente reforma a la Ley de Amparo, el principio no aplica por la no retroactividad.
De modo que el perredista reconoció que el Poder Legislativo no puede tener intromisiones judiciales y decidir de facto que las sanciones no prosperarán. La interpretación de sus homólogos, dijo, fue errónea porque la decisión de los ministritos no tuvo efectos erga homnes (respecto de todos).
Ante el “desacierto”, aludió a que en la dictaminación de las cuentas públicas históricamente se dan acuerdos políticos, aunque al final no lo afirmó, tampoco lo descartó.
En una visión similar, el coordinador general jurídico de Gobierno del estado, Uriel Márquez, comenta que de 2011 a febrero de 2013 (fecha en la que se publica una nueva ley), pese al pronunciamiento de la Corte, se tenía una ley vigente porque se trató solo del caso de Amalia García.
Por la disparidad de razonamientos para aplicar la ley, la decisión de la Legislatura ha dado pie a especulaciones acerca de posibles pactos de impunidad, lo cual han negado Susana Rodríguez y los propios coordinadores de las bancadas del PRD y PRI, Iván de Santiago y José Haro quienes, justifican haberlas archivado por economía procesar ante la inconstitucionalidad de la ley.
¿779 mdp en riesgo de impunidad?
Ante los criterios asumidos en las sanciones administrativas, el catedrático de la UAZ insistió en la necesidad y obligación moral de los diputados de dar por concluido el trabajo de fiscalización, y si bien aluden a la prudencia política, sabiendo de antemano que no van a prosperar, deben saber también que en este país a través de juicio político se busca evitar la impunidad y para no ser sujetos a una acción así, debieron intentar completar la sanción y dejar de lado criterios a priori “no porque sé que me voy a morir, pues mejor me muero desde ahorita”.
Rodríguez cuestionó además que los diputados tuvieron suficiente tiempo (desde 2011) para corregir la ley, y sin embargo, lo dejaron pasar, lo cual evidencia que la Legislatura se mueve bajo dinámicas que no son rápidas ni expeditas, abonando por tanto a la impunidad, ineficiencia y que personas que hicieron mal uso de los recursos, “tranquila y campechanamente puedan estar dándole gracias al sistema”.
No obstante, la Constitución no contempla sanciones a los diputados por no hacer una ley que es necesaria para la sociedad. Mientras tanto, los ciudadanos, con molestia e impotencia siguen viendo funcionarios que se salen con la suya, porque simple y llanamente no hay qué aplicarles, agrega Rodríguez.
Es ante ese escenario que el académico abrió la posibilidad por tanto, a que pudiera suceder algo similar con las millonarias sanciones resarcitorias ya firmes por la ASE, aunque éstas se rijan por la Ley de Fiscalización, y que al final, se vinculan con la ex ley inconstitucional. Aunque los diputados por ahora aseveren lo contario.
Según datos de la ASE, tan sólo para el caso de Gobierno del estado, la ASE le fincó sanciones resarcitorias de alrededor de 113 millones 451 mil 717 pesos de 2009 a 2012; en 2009 por un monto de 32 millones 156 mil 837 pesos; en 2010 fueron 53 millones 946 millones 391 mil; 2011, 3 millones 29 mil pesos a resarcir y 24 millones de pesos 319 mil en 2012.
En tanto, entre los 58 municipios con ex alcaldes, directores, síndicos, regidores y otros, los montos a resarcir ascienden a 666 millones de pesos 102 mil 473. La ASE detalla que de 2009 tendrían que regresar a las arcas públicas 102 millones 714 mil pesos derivadas de 348 acciones fincadas; en 2010 el monto asciende a 118 mil 45 pesos de 560 caso; durante 2011 fueron 133 mil 337 mil pesos derivados de 512 casos y en 2012, 312 millones 4 mil pesos repartidos en 834 caso.
Lo anterior sin contar las sanciones administrativas que de entrada ya quedaron impunes, aunque se trate de inhabilitaciones, apercibimientos públicos y privados, incluso dinero de por medio. Tanto sólo de Gobierno del estado, en 2009 fueron tres, 68 en 2010, 23 en 2011 y 175 en 2012.
Entre los 58 municipios también hubo decenas de sanciones administrativas las cuales correrán con la misma suerte, pese a que en 2009, son 348; 560 en 2010; 512 en 2011 y 834 en 2012.
Coordinador jurídico y ASE justifican a diputados
Tras detallar los datos numéricos, Raúl Brito Berúmen refiere en entrevista que independientemente de la inconstitucionalidad de la ley, su obligación fue la de fiscalizar de 2009 a 2012 y en su caso promover responsabilidades, sabiendo de facto que el trabajo de horas se podría desechar.
Es así que el auditor “respeta” pero también coincide con la decisión de los diputados (sancionactos los fincamientos de responsabilidades; “se trataría de un trabajo ocioso, porque con la tesis de la SCJN, le van a dar la razón al no haber existido una ley”.
Uriel Márquez, coordinador general jurídico de Gobierno, Aunque evitó decir si lo acordado en la Legislatura se trató de una interpretación errónea y sólo se pronunció por ver a detalle la resolución del amparo de Amalia García para “saber qué dijo y qué quiso decir la SCJN”.
Únicamente recordó que para evitar contratiempos, en abril de 2012 la Legislatura propone una nueva ley de responsabilidades la cual remite a la Coordinación General Jurídica mediante decreto 372, pero fue observado por el Ejecutivo y es hasta febrero de 2013 cuando se publica una nueva ley con el decreto 462.
Fue unánime, no hay nada escondido
Firme en la decisión que ha asumido la Legislatura en pleno, Susana Rodríguez lamenta que varios de sus homólogos emitan consideraciones sin tener siquiera conocimiento. “Tenemos el sustento, estamos avalados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, donde se analizaron los casos uno por uno y se consideró ocioso y costoso al erario seguir adelante”. No se trata de impunidad, sino de trabajar con economía procesal, agrega pronunciarse porque independientemente de los vacíos de ley, un servidor público debe actuar con los principios que marca la Constitución, “no es tan difícil, aunque sí, a veces es tentador”.
Lo anterior ante los razonamientos de Rafael Flores, e incluso Soledad Luévano de Movimiento Ciudadano quien admitió hace algunos días que fue un error haber votado a favor el dictamen.
Una ex integrante de la Comisión de Vigilancia en la 60 Legislatura, se extraña de los criterios actuales y recuerda que ellos decidieron seguir adelante con los procedimientos, con el riesgo de que el Poder Judicial consumara la impunidad. Incluso se habló de aplicarles la Ley de Fiscalización nacional, porque muchos de los recursos y programas que manejan los municipios son federales y eso era una alternativa.
Basta de acuerdos políticos para aplicar la ley
El docente de la Unidad Académica de Derecho, finalmente habla de la necesidad de no seguir en México esperando a ver si hay acuerdos políticos para ver si se cumple o no la ley y con el precepto de “justicia amplia para mis amigos, y justicia a secas para los que no”.
La Legislatura tiene por lo menos la obligación moral de cumplir ante los ciudadanos, sobre todo ante un escenario donde las figuras del plebiscito, consulta ciudadana y revocación de mandato que acrecientan el aspecto político del ciudadano están restringidos por “candados inaccesibles”.
