Todo indica que esta semana se producirán las manifestaciones populares más significativas en décadas, pues serán la expresión de una gran indignación que recorre el país por la agresión perpetrada el 26 de septiembre por policías y sicarios contra estudiantes desarmados, que dejó como saldo 6 personas fallecidas, varias heridas y 43 estudiantes desaparecidos, sentimiento de indignación agravado por la increíble incompetencia mostrada hasta ahora por las autoridades federales y locales encargadas de investigar, dar con el paradero de los desaparecidos y castigar a los responsables, así como por la gran cantidad de fosas y restos humanos encontrados, lo que solo son una muestra terrorífica de la cantidad de 10 mil personas desaparecidas desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico.
El próximo miércoles veremos expresarse en las calles a miles de estudiantes acompañados por muchos de sus profesores y personas que comparten la demanda unificadora de que regresen con vida los secuestrados, pero que también están cuestionándose acerca de las causas de fondo, sobre las razones que explican los dramáticos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Ya son muchas las voces que se pronuncian señalando que lo que está en el fondo es un complejo proceso de descomposición social y de las instituciones del Estado mexicano que se ha venido desarrollando desde hace décadas agravándose en lo que va del siglo 21.
En primerísimo lugar está el hecho, denunciado también por el papa Francisco, de que sufrimos una economía que mata excluyendo a millones de una vida digna y que ha convertido a la acumulación de dinero en el valor más importante de la humanidad; enseguida tenemos el explosivo crecimiento de la corrupción política que ha penetrado a todo el sistema de partidos políticos, a funcionarios que ejercen los recursos públicos y a segmentos del empresariado que han contribuido a tejer una tupida red de traficantes de influencias, a lo que se agrega la impunidad más cínica y desvergonzada por la complicidad de una parte significativa de los Poderes Legislativo y Judicial así como los diversos órganos de fiscalización.
A lo anterior hay que agregar, el fortalecimiento acelerado de los distintos carteles de narcotraficantes debido a las grandes sumas de dinero de que disponen, y la creciente cantidad de espacios institucionales que han capturado por su capacidad corruptora e intimidatoria, y por la tolerancia de las autoridades frente al fenómeno del lavado de dinero mediante mecanismos que involucran a empresas formales y a instituciones financieras. Especial mención merece el proceso de captura de espacios significativos de las corporaciones e instituciones encargadas de la prevención del delito, y de la procuración y administración de justicia, que hoy aparecen desnudas frente a México y el mundo, mostrando que nada hicieron para frenar y castigar la matazón que tenía lugar en esa región y que fueron incapaces de evitar el criminal ataque a los estudiantes.
A estas alturas parece evidente que los mexicanos que se movilizarán esta semana y participan del intenso proceso de reflexión que tiene lugar a nivel nacional, cobrarán consciencia de la gravedad de la situación y más temprano que tarde arribarán a la única conclusión posible: la élite del poder en México está corrompida y es incapaz de servir al bienestar de los mexicanos, por lo tanto la solución de fondo es ¡¡Que se vayan todos!!
