El grupo Francisco García Salinas, integrado por docentes de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), calificó como “ilegítimo” el proceso de reforma que ha iniciado la máxima casa de estudios, ya que es convocada por los mismos grupos políticos que la llevaron a la crisis, además de que la conformación de la comisión operativa se avaló sin la discusión necesaria y prácticamente en receso vacacional, a espaldas de la comunidad.
Desde la perspectiva de este grupo encabezado por el docente Efrén García Botello, la universidad requiere de una reestructuración integral, pero ésta debe ser producto de la más amplia participación tanto de la comunidad universitaria en su conjunto, así como, en su momento, de la Legislatura del Estado.
Sin embargo, señala que la convocatoria para la sesión del Consejo Universitario en la que se aprobó la comisión operativa de la reforma se hizo prácticamente en el cierre del ciclo escolar, cuando una buena parte de la comunidad escolar han concluido sus actividades.
Al tratarse de una situación importante, “lo ideal sería suspender este proceso, y reiniciarlo en cuanto las actividades académicas se normalicen, y en los términos legales respectivos, de cara a la comunidad universitaria en su conjunto, ya que la que se realizó, fue hecha prácticamente a sus espaldas”.
Además, el Grupo Francisco García Salinas expone que la reunión se realizó no para que el Consejo Universitario discutiera y aprobara la manera en que habría de desarrollarse la reforma universitaria, sino sólo para que se le presentara y aprobara una comisión operativa ya conformada por la rectoría.
“Es decir: se citó al Consejo Universitario, sólo para dar un aval a una decisión ya tomada de manera unilateral, misma que ya se aprobó: sin análisis, sin discusiones, sin modificaciones. De manera por demás pasiva, dócil”, afirma.
El pronunciamiento también refiere que los cargos de rector, de las direcciones de las Unidades Académicas y de los Consejeros Universitarios, están, en su mayoría, ilegalmente ocupadas por universitarios que son parte de grupos políticos formados para operar en la ilegalidad a costa de la propia universidad.
En consecuencia, asegura que aquellos que convocan y promueven la reforma universitaria, “son los mismos grupos que han llevado a la universidad a la ruina en la que actualmente se encuentra”.
“Por ello y más razones que en su momento habremos de detallar, consideramos este proceso, tan ilegítimo como las autoridades mismas que llegaron a esos cargos mediante el voto corporativo, el fraude electoral, y otras formas de violencia política, rasgos todos que siguen dolorosamente presentes en nuestra vida institucional”, concluye.
