Esta fecha no se olvida. El día de ayer se cumplieron 57 años de la masacre estudiantil por parte del gobierno autoritario y represor priísta del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y su secretario de Gobernación Luis Echeverría. Con ello se logró detener al movimiento estudiantil, que en “apariencia”, se originó el 23 de julio de aquel año en plena Olimpiada Cultural, cuando dos pandillas que no eran estudiantes los “Araños” y los “Ciudadelos”, agredieron a los alumnos de la Vocacional 2, y a los de la Isaac Ochoterena, causando un pleito, que bien podía haber quedado en eso. Sin embargo, ante la proximidad del inicio de las XIX Olimpiadas el 23 de octubre de ese año, el gobierno “preocupado” por la imagen de “violencia” que daría México ante el mundo, “trató de apaciguar” ese brote y ordenó la intervención de manera salvaje de 300 granaderos, un cuerpo policíaco del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México.
Los pleitos juveniles continuaron por varios días. Los universitarios, para “escapar” de los granaderos que iban armados, se refugiaron en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar en que fueron “alcanzados” y agredidos. Así “aplacaron” a los muchachos y fueron por más estudiantes y maestros de la Vocacional 5 ajenos a ese lío. Con ello se desencadenó el movimiento estudiantil de 1968 que terminó en la matanza del 2 de octubre. a 10 días de inauguración de las Olimpiadas.
Sin embargo, el movimiento estudiantil no fue aislado en México, se dio en un contexto mundial. La década de 1960 marcó el inicio de una transformación de los paradigmas sociales, estos cambios los encabezaron las generaciones jóvenes, sobre todo universitarios. Así, para finales de la década, concretamente 1968 fue un año convulso alrededor del mundo, con protestas estudiantiles en Francia y Estados Unidos, a las que jóvenes de México se sumaron por motivos propios de la situación social del país.
Durante ese año el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno como inicialmente se mencionó en la presente, desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de universidades como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en las que se exigía entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social, reconocimiento a los derechos humanos y el respeto a la democracia ciudadana. Aunque estaba integrado en su mayoría por jóvenes, a la causa se habían sumado también, otros sectores de la población que antes ya se habían organizado para sus propias demandas, por lo que el movimiento adquirió gran fuerza y relevancia social.
Aquel 2 de octubre se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la ciudad de México, miles de personas que simpatizaban con el movimiento estudiantil. Sin embargo, hacia la tarde comenzó la violenta represión por parte del Estado, la cual continúo durante la noche y terminó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en el mitin. Algunas de estas víctimas pudieron ser identificadas. Este suceso marcó la vida política y social de México, el permanecer en la memoria histórica como un recordatorio de la importancia de la lucha por los derechos humanos, la democracia y la justicia.
Fue un movimiento en el que además de estudiantes de la UNAM; de IPN; el Colegio de México; Unidad Autónoma de Chapingo; Universidad Iberoamericana; Universidad La Salle; Universidad Michoacana de San Nicolás de Allende; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participaron también, profesores; intelectuales; amas de casa; obreros; campesinos; comerciantes y profesionales en la ciudad de México. Así también de Estados como Coahuila; Durango; Michoacán; Nuevo León; Puebla; Oaxaca; Sinaloa y Veracruz.
Previamente, se constituyeron en el órgano directo del movimiento que denominaron Consejo Nacional de Huelga (CNH), y redactó el pliego petitorio que entregaron al gobierno de México con demandas específicas, particularmente 6 puntos: libertad de los presos políticos; derogación del delito de disolución social (artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal); la desaparición del cuerpo de granaderos; destitución de los generales Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez, jefe y sub jefe de la policía del Distrito Federal; deslinde de responsabilidades, por parte de funcionarios públicos y autoridades por los actos de represión de la policía, los granaderos y el Ejército. Por último, indemnización para los familiares de los estudiantes muertos y heridos por la represión, desde el inicio del conflicto.
Las peticiones no fueron escuchadas y siguió la represión, los estudiantes mantuvieron firme su resistencia. No estaban solos porque múltiples voces se alzaron en su defensa, entre ellos el ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la UNAM y el ingeniero Heberto Castillo Martínez, que formaba parte de Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior pro-libertades democráticas. Fue brutalmente golpeado y herido en un intento por secuestrarlo. Participó en debates y varios mítines.
De fondo, el movimiento buscaba cambio democrático en el país, tras décadas del mismo partido gobernante; mayores libertades políticas y civiles; menor desigualdad y salida del gobierno del PRI, que consideraba autoritario.
2 DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA
