Zacatecas, una vez más, fue epicentro de la crueldad. El secuestro de siete jóvenes y la posterior aparición sin vida de seis de ellos se viralizaron a nivel nacional luego de las dolorosas protestas de las familias que se tomaron por dos días la carretera federal 54. Los jóvenes, de la comunidad de Malpaso en Villanueva, fueron localizados tras un operativo inédito donde, según la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno del Estado, se desplegaron más de 300 hombres de las fuerzas de seguridad. Estos hechos se presentaron en uno de los municipios del sur del estado, a pocos kilómetros de la capital, y hacen parte de un acumulado de violencias al que se han visto enfrentadas las poblaciones de esta región (homicidios, masacres, desapariciones, extorsión, desplazamiento forzado). Mucha de la violencia más atroz y brutal que hemos presenciado en los últimos años se ha dado en el corredor rural estratégico que conecta a Jalisco y Nayarit con Durango, la Sierra Madre Occidental y las carreteras hacia Fresnillo y la frontera norte, en los municipios de Valparaíso, Susticacán, Tepetongo, Monte Escobedo, Jerez, Villanueva. Por eso, lo que muchos nos preguntamos es ¿qué pasa en el suroccidente del estado de Zacatecas?
Para empezar, debemos entender la particularidad de esta subregión. Los pilares del desarrollo económico en Zacatecas son la megaminería predatoria (31% del PIB estatal), baja tecnificación agrícola y una alta dependencia de la migración y sus remesas. Esta combinación de factores ha dado forma a un modelo socio económico altamente excluyente, con elevados indicadores de pobreza (45.8% de población) y desigualdad que genera círculos interminables de expulsión poblacional y un terreno fértil para las economías criminales. En los municipios del suroccidente de Zacatecas la población rural está dedicada principalmente a la pequeña producción agrícola y ganadera, y está compuesta mayoritariamente por un acumulado de pequeñas poblaciones menores de 5000 habitantes.
La desestructuración de la economía agrícola, desde la entrada en vigor del TLCAN en los noventa, ha orillado a estas poblaciones a economías de pequeña escala, poco tecnificadas donde la población campesina es marginal, funge como mano de obra barata y generadora de bienes baratos. Por ello estas zonas han sido históricamente expulsoras de población a manera de “migración internacional” y dependen altamente de las remesas. Esta migración ha generado procesos de despoblamiento en los últimos 20 años: en municipios como Villanueva, Tepetongo y Valparaíso ha disminuido constantemente la población, y en casos como Jerez el crecimiento poblacional ha sido menor a la media estatal.
Hoy esta región suroccidental de Zacatecas sufre una cruel guerra entre células de los denominados “Cártel Jalisco Nueva Generación” y el “Cártel de Sinaloa”, ambos señalados por el gobierno como “los mayores retos para la seguridad nacional”. Las guerras en México, detonadas y amparadas bajo el modelo impuesto por Estados Unidos de prohibicionismo y militarización, se escenifican por las hegemonías territoriales orientadas al control de economías ilícitas como la siembra, producción y tránsito de drogas, el tráfico de personas, la extorsión y el cobro de rentas. Ahora bien, más allá de reducir esta crisis a “disputas entre narcos” o “combates entre bandas”, como lo hace el gobierno (incurriendo en una grave criminalización y revictimización de las poblaciones), es importante entender que las economías ilegales violentas funcionan a través de redes transnacionales de criminalidad, donde la separación entre lo legal e ilegal es muchas veces fantasiosa. Dentro de estas redes los jóvenes son sólo poblaciones desechables para los reales circuitos de acumulación de riqueza.
Según la explicación planteada por Dawn Marie Paley en su libro Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo, la llamada “guerra contra las drogas” no se trata de la prohibición o búsqueda de reducción del consumo de narcóticos, pues mientras más se han endurecido las políticas globales en la materia más ha aumentado la producción, circulación y consumo de estupefacientes. Por el contrario, Paley explica que las políticas prohibicionistas que vienen de la mano con la securitización y militarización responden a formas mediante las cuales se llevan a cabo guerras por los territorios y las economías allí estratégicas, siempre con la omisión o aquiescencia estatal. Los objetivos de acumulación y ganancia capitalista no se contravienen con las violencias que trastocan los órdenes sociales.
El argumento de Paley se fortalece cuando prestamos atención al tipo de respuesta (o falta de ella) gubernamental a las violencias en Zacatecas. En ese sentido, debemos volver al caso de los jóvenes de Malpaso donde aceptamos que se presentó un “operativo inédito”. Inédito porque lo que prima en el estado ante la tragedia de la desaparición de personas es la ineficacia en la búsqueda y localización. En los reportes que han dado las autoridades dan cuenta de por lo menos 6 detenciones relacionadas con el secuestro de los jóvenes, el decomiso de armamento de alto calibre, así como la ubicación de “campamentos”. La sensación que deja este despliegue es la de que las autoridades lograron en dos días, como consecuencia de las protestas de las familias, lo que no habían logrado en meses. La CNB registra más de 3640 personas desaparecidas y/o no localizadas en Zacatecas, de las cuales 2679 son registros de los últimos 7 años, y según los testimonios de las familias la regla es la falta de respuesta, la ineficacia en la búsqueda y la ausencia de políticas de prevención.
En este corredor suroccidental se presentaron intensos episodios de desplazamiento forzado entre 2021 y 2023, donde la autoridad tuvo que reconocer por lo menos 10 mil víctimas (exposición de motivos de la Ley en la materia). En muchos de los episodios del desplazamiento forzado encontramos testimonios de población que señalan que habían denunciado la presencia de “grupos armados” en sus comunidades y las autoridades no hicieron nada. Es más, en casos como Palmas Altas en Jerez los grupos que detonaron estas expulsiones pudieron ocupar las casas de las personas y habitar semanas en ellas, todo ante la inacción de las autoridades. Tan sólo la semana pasada tuvimos nuevas noticias de desplazamientos forzados en Valparaíso.
De esta forma, una de las particularidades del caso de Zacatecas es la condición de despoblamiento estructural de las zonas rurales como producto del abandono neoliberal del campo, el cual se suele legitimar bajo el discurso de la migración internacional voluntaria que trae como beneficios las remesas. Las disputas por las hegemonías armadas en los territorios se han expandido como una nueva amenaza, pues derivado de los homicidios, desapariciones, cobro de piso y el desplazamiento forzado, las pequeñas comunidades rurales sufren afectaciones profundas, sumando con esto a la tendencia histórica de despoblamiento económico una lógica de control y despoblamiento por la vía armada. El asesinato de jóvenes, la desaparición, la amenaza, el reclutamiento forzado, la falta de oportunidades, todo pasa a la vista de las autoridades, quienes tienen una gran responsabilidad, por lo menos, como bisagras de la impunidad.
