En las próximas semanas y meses se debatirá en la Legislatura local el conjunto de reformas constitucionales y legales necesarias para el aterrizaje en el nivel local del sistema nacional anticorrupción. La primera observación necesaria es que sería muy lamentable que las comisiones legislativas trabajen en las penumbras de sus oficinas sin reconocer que el tema exige la máxima publicidad. La segunda es la obviedad de que ninguna ley para combatir la corrupción sirve si no se aplica. El problema se llama impunidad, que en México es de 99 por ciento de los delitos que se cometen. El mayor ejemplo que alienta la corrupción es el de la autoridad que no aplica la ley por complicidad o por temor. Para iniciar el proceso se requiere un compromiso expreso y renovado de todas las autoridades de que aplicarán la ley.
Por otra parte, los representantes populares locales deben asumir en serio que las medidas punitivas para combatir la corrupción funcionarán siempre que tengan en cuenta el contexto institucional en el que se aplican. No deben pasar por alto que el problema es muy profundo por el deterioro institucional que padecemos y que se avanzará poco si no se corrigen problemas como la extrema concentración del poder político y la ausencia de controles por parte de los órganos de representación política como el que ellos integran. En las democracias bien diseñadas se cuenta con este tipo de controles, que sujetan a los titulares de los altos cargos a un escrutinio sistemático y continuo por parte de los congresos o parlamentos. Es indispensable pensar en los remedios políticos para la corrupción; en esencia, adoptar formas parlamentarias de responsabilidad política y de control.
Es fundamental que no olviden que para combatir la corrupción se requiere que las instancias encargadas de investigar a los funcionarios involucrados sean autónomas y/o que se permita a la ciudadanía ejercer directamente la acción penal, como sucede en otros países. En el Código Nacional de Procedimientos Penales está prevista la acción penal de particulares, pero sólo por delitos menores, lo cual es ridículo y mezquino. Deben estar ahí previstos los delitos de corrupción cometidos en el servicio público. Se necesita, por lo tanto, que los casos de corrupción lleguen ante los tribunales y que mediante juicios públicos se impongan las sanciones previstas por la ley.
También se requiere incentivar las denuncias, de modo que los “denunciantes anónimos” por ley puedan obtener beneficios económicos si el Estado afecta el patrimonio de los funcionarios corruptos denunciados. Una reforma a nuestro sistema legal, que contribuiría de manera significativa a disminuir la tasa de impunidad en los delitos relativos a la corrupción, consistiría en autorizar a los investigadores ministeriales, estatales y federales el acceso a toda la base de datos depositados en instituciones públicas. Nos referimos a información fiscal, bancaria, de transacciones financieras, patrimonial, de registros vehiculares, contratos, convenios y concesiones con entidades públicas de cualquier nivel, antecedentes policiacos o de inteligencia de seguridad, e inclusive judiciales, en su concepción más amplia, etcétera.
Pero también ayudaría mucho contar con una sociedad civil atenta a los desfalcos que se cometen cotidianamente, que esté dispuesta a manifestar sin tregua su desprecio hacia los funcionarios corruptos. Que todo funcionario corrupto sepa que cuando termine su encargo no podrá vivir en el país porque donde se pare será insultado y menospreciado por los ciudadanos. Eso también sería una sanción social que valdría la pena considerar.
