El magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) en contra de quien resulte responsable del quebranto y de la construcción deficiente de dos juzgados de lo laboral en la capital y por las que el Poder que preside pagó 20.2 millones de pesos, derivado de un convenio con el Poder Ejecutivo durante la administración de Alejandro Tello Cristerna.
Constitucionalmente, toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligado a denunciarlo, dijo Nahle García, y por tal motivo es que acudió a la Fiscalía no como representante del Poder Judicial, sino como un ciudadano que quiere hacer del conocimiento de la autoridad una acción constitutiva de un delito.
En ese sentido, Nahle García explicó que desde el 30 de junio de 2017 se suscribió un convenio entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, en aquel entonces por el secretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia Borrego y el magistrado presidente Armando Ávalos Arellano y que consta de 15 cláusulas en las que se expone las fases de programación y presupuestación de las obras así como de los procedimientos legales de adjudicación, seguimiento técnico, supervisión, ejecución y cierre físico de la construcción de una torre de seis pisos.
“Este convenio fue para que las obras que requiriera el Poder Judicial nos las hiciera el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Infraestructura, claro, con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Ellos las diseñan, las proyectan, llevan a cabo la presupuestación, las licitan, las adjudican, las supervisan”, explicó el magistrado presidente.
La obra fue adjudicada a una empresa de nombre Constructora Sahara, SA de CV, asentada en Zacatecas y representada por Francisco Javier Bañuelos Acuña, con quien se acordó, según las cláusulas, que el monto para la ejecución de los trabajos sería con recursos debidamente autorizados por la cantidad de 20 millones 290 mil 536 pesos con 95 centavos, cantidad que comenzó a pagarse a partir de septiembre de 2017 en 12 estimaciones para culminar en diciembre de 2018.
“Acudimos a principios de 2019 a la inauguración de los juzgados y resulta que era un solo nivel. No es una torre de seis pisos, la torre de seis pisos no existe. Es una planta baja con dos juzgados, muy feos, muy mal hechos, pero evidentemente esos no pueden costar 20.2 millones de pesos y la respuesta que nos dieron fue que la mayor parte del dinero se fue en los cimientos porque va a ser una torre que requiere de cimientos fuertes que soporten seis niveles. En ese momento nos pareció una explicación lógica. Los 20 millones de pesos están enterrados en cimientos”, dijo el magistrado.
No obstante, y luego de estar tramitando desde 2020 ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) un subsidio que prácticamente se tiene autorizado para continuar el proyecto, la Secretaría de Obras Públicas le notificó el pasado 9 de febrero que es imposible continuar con la construcción de un segundo nivel debido al estado estructural de la primera etapa del edificio, porque hubo errores en la cimentación que, en su momento, se advirtió y se sugirió la demolición aunque no hubo respuesta favorable.
“El 8 de febrero del año en curso se hizo un recorrido al edificio para realizar una inspección visual del sótano y revisar la condición. Se observan grietas y fisuras de los encamisamientos, lo cual nos advierte lo deficiente de la construcción, por lo tanto, se concluye por inspección que las pilas de cimentación del edificio no son aptas para resistir la construcción de otras plantas. O sea, no hay cimientos que resistan, ni siquiera, un segundo piso”.
Quien supervisó la obra observó que estaba mal la cimentación y ordenó la demolición, pero no se le hizo caso, dijo Nahle García, y, por el contrario, le siguieron pagando a la empresa hasta llegar a los 20.2 millones de pesos “y ahora cinco años después que quiero construir el segundo piso, resulta que no hay cimientos que soporten”.
Ante dicho panorama, el magistrado advirtió que el proyecto que tenía se cayó y, por lo tanto, puede quedar fuera del subsidio que estaba gestionando ante la STPS. “¿Me quedo callado? No. Estoy cumpliendo con mi obligación de venir a denunciar y que la Fiscalía investigue quién autorizó y quién construyó; quién pagó, quién solapó, quién encubrió y quién causó este quebranto que no es menor, son 20.2 millones de pesos”, sentenció, antes de agregar que acudirá a la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado para que tome cartas en el asunto.
