A pesar de los avances legislativos registrados en Zacatecas durante 2025 en materia de derechos de las mujeres, los principales desafíos continúan siendo de carácter cultural, presupuestal y estructural, advirtió la activista feminista Ana Emilia Pesci Martínez, integrante de la colectiva La Revoltosa, al realizar un balance del año y delinear los pendientes rumbo a 2026.
Desde su experiencia en el movimiento feminista, Pesci Martínez señaló que uno de los mayores obstáculos para erradicar las violencias contra mujeres, niñas y diversidades radica en la persistencia de prácticas y creencias sociales profundamente arraigadas. Aun cuando se han modificado normas y marcos legales, explicó, la sociedad suele reproducir posturas que normalizan la discriminación y las desigualdades, muchas veces sin reconocerlas como violencias. En este sentido, consideró que el reto cultural sigue siendo central, ya que de él depende que las problemáticas se mantengan visibles en el debate público y sean atendidas con perspectiva de género y de derechos humanos.
La activista subrayó que el Estado tiene una responsabilidad clave no solo en la sanción de las conductas violentas, sino también en la construcción de narrativas que permitan identificar y prevenir dichas violencias. Sin embargo, advirtió que con frecuencia las agresiones que afectan a mujeres y a grupos en situación de mayor vulnerabilidad son minimizadas frente a otros fenómenos considerados prioritarios, como la violencia vinculada a la delincuencia organizada. Esta jerarquización, dijo, provoca que las violencias de género no se atiendan de manera integral, aun cuando en muchos casos constituyen el origen de otras expresiones de violencia.
En el balance de 2025, Pesci Martínez reconoció como uno de los avances más significativos la reforma a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, aprobada en marzo, mediante la cual se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo. No obstante, enfatizó que este logro no puede entenderse de manera aislada, ya que es resultado de años de trabajo, organización y exigencia por parte de los movimientos feministas. “Es importante celebrar que se haya aprobado la reforma, pero también recordar que es fruto de una lucha sostenida durante muchos años”, señaló.
A pesar de este avance, la activista advirtió que el principal reto posterior a la reforma sigue siendo la asignación de recursos suficientes para garantizar su correcta implementación, ya que indicó que la falta de presupuesto limita el alcance de estos servicios y profundiza las desigualdades territoriales, ya que las mujeres que viven en zonas rurales enfrentan mayores obstáculos para acceder a ellos.
En este contexto, señaló que la transición del sistema de salud estatal a IMSS-Bienestar ha generado incertidumbre sobre la responsabilidad en la aplicación de protocolos y programas, por lo que consideró indispensable que esta institución asuma plenamente sus obligaciones. Asimismo, apuntó que la agenda legislativa y presupuestaria para 2026 deberá contemplar recursos específicos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio estatal.
Otro de los pendientes señalados por Pesci Martínez es la falta de una postura firme por parte de la Secretaría de las Mujeres frente a violaciones graves a los derechos humanos, particularmente tras la represión ocurrida durante la movilización del 8 de marzo y otros casos similares. Si bien reconoció que se han cumplido de manera formal algunas medidas derivadas de recomendaciones de organismos de derechos humanos, consideró que ha faltado una defensa clara y pública de las mujeres víctimas. En su opinión, la política pública en esta materia requiere convicción y no solo cumplimiento administrativo.
Durante 2025, agregó, cobró especial relevancia el tema de la violencia digital, especialmente aquella relacionada con la violación a la intimidad sexual, que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. En este sentido, valoró como un avance el reconocimiento de la inteligencia artificial dentro del Código Penal del Estado, al considerar que abre la puerta a nuevos debates sobre las formas en que las tecnologías son utilizadas para ejercer violencia. No obstante, advirtió que este reconocimiento implica responsabilidades para los tres poderes del Estado, desde la prevención y la atención hasta la sanción de los delitos.
Pesci Martínez también cuestionó que el análisis de la situación de seguridad se centre exclusivamente en indicadores como la disminución de homicidios, sin tomar en cuenta otros delitos que impactan de manera cotidiana a mujeres, niñas y adolescentes. Señaló que durante el año se registraron incrementos en delitos como la violencia familiar, las agresiones sexuales y la violencia digital, por lo que advirtió que hablar de paz o bienestar sin considerar estas problemáticas resulta insuficiente. Desde su perspectiva, reducir la discusión a una sola estadística implica una visión parcial que invisibiliza otras violencias.
De cara a 2026, la activista hizo un llamado tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto. Destacó la importancia de la organización colectiva como una herramienta fundamental para la exigencia de derechos y la vigilancia del actuar del Estado. Consideró que, si bien las instituciones tienen responsabilidades claras, la sociedad civil también debe asumir un papel activo en la solidaridad, el cuidado y la participación comunitaria.
Finalmente, subrayó la relevancia de abrir una reflexión colectiva sobre el cuidado, en el contexto de la discusión pendiente de una Ley de Cuidados en Zacatecas. Planteó la necesidad de cuestionar quién cuida, cómo se cuida y cómo se distribuyen estas responsabilidades, con el objetivo de construir entornos más justos. En este sentido, afirmó que el mayor compromiso debe estar orientado hacia las niñas, niños y adolescentes, quienes, dijo, son los más afectados por las violencias y frente a quienes existe una deuda histórica.
