“La Universidad Autónoma de Zacatecas se deslinda totalmente de la denominada “Estafa Maestra”, afirmó contundente el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Dr. Antonio Guzmán Fernández en su tercer informe de labores (“Deslinda rector a la UAZ de la “estafa maestra” El Sol de Zacatecas 6/09/2019). Cuando se encarceló a Rosario Robles Berlanga, el mismo ex rector deslindó a la UAZ de actos de corrupción y añadió: “las mismas instancias nos van a ir dando la razón”. También sostuvo que: “el rector va a ser garante de que no se firmen ese tipo de convenios. ¿Cómo? No firmando.” (“Mantienen dos investigaciones contra UAZ por estafa maestra” NTR, 18/08/2019). Como candidato a la rectoría, el Dr. Rubén Ibarra Reyes fue no menos enfático que Guzmán: “no se encubrirá a nadie” aunque también creía que “no hay culpables”. Tales declaraciones las realizó cuando salió a la luz, a principios de 2021, que tanto Armando Silva Chairez, ex rector, como personal de la Unidad de Ingeniería estaban involucrados (“Castigo a implicados en la “Estafa maestra” sostiene Ibarra Reyes” Imagen, 25/01/2021). De cualquier manera, Ibarra Reyes insistió en colocar a la UAZ al margen de cualquier acto de corrupción: “La universidad no tiene responsabilidad. Son actores específicos que tienen nombre y apellido, que fueron funcionarios en su momento y que tienen esa responsabilidad. El dinero de esos proyectos no trajo ningún beneficio para la universidad, se hicieron al margen de la vida institucional” (“La BUAZ no tuvo una mínima responsabilidad en “La Estafa Maestra”: Rubén Ibarra” La Jornada Zacatecas, 20/01/2021). Existe una continuidad en la interpretación de los hechos denominados “Estafa Maestra”: se acepta que los hubo, pero fueron realizados por individuos que instrumentaron la UAZ para sus fines. Abusaron de sus posiciones, pero de ninguna manera se puede inferir la existencia de entramados sistemáticos, de corrupción generalizada, dentro de la administración. Es decir, no siempre la corrupción actúa en redes de complicidades. Ahora bien, se acepta que hubo actos de corrupción por parte de particulares adscritos a alguna dependencia universitaria ¿por qué no se les sancionó? Bien, según Guzmán Fernández e Ibarra Reyes la universidad carece de facultades para juzgar los actos de corrupción de esa índole. ¿Es cierto? Una de las reformas de 1999 a la Ley Orgánica de la UAZ fue dotarla de un título de sanciones con dos capítulos, la anterior Ley carecía de esas herramientas administrativas. Dado esto, la afirmación “la UAZ carece de facultades” se debe demostrar conforme a la reglamentación establecida en la Ley Orgánica y el Estatuto. Es decir, si acaso se sabe quiénes fueron los “actores específicos” de los hechos de corrupción, en la medida en que los ejercieron como funcionarios o docentes adscritos a alguna dependencia universitaria, debieron ser turnados a la autoridad competente para juzgarlos. La Ley Orgánica, en su artículo 67, enlista una serie de causas de responsabilidad, y en su artículo 70 quiénes son las autoridades que pueden establecer las sanciones definidas en el artículo 69. Ni siquiera eso se hizo: no se supo quiénes fueron los “actores específicos”, no se les abrió ningún expediente, no se les juzgó o determinó que esos actos no son punibles de acuerdo a la normatividad de la UAZ. No funcionó, en ese caso delicado, el aparato universitario de justicia. Quizá un resultado del proceso anterior, si se hubiese llevado a cabo, hubiera sido que en efecto la UAZ no tipifica como causa de responsabilidad el fraude académico. El dar “gato por liebre” en los convenios que firman las diferentes instancias universitarias con la sociedad civil y los varios niveles de gobierno. Con este resultado se podría avanzar en la configuración de una normatividad capaz de castigar a quien, como académico o autoridad universitaria, engañe o estafe con supuestos servicios a la comunidad que se traduzcan en pingües ganancias individuales y desprestigios para la institución. Tales reformas no son ociosas, como lo muestran los datos más recientes respecto al caso de “La Estafa Maestra”. Al parecer el exrector Armando Silva Chairez y un exfuncionario de la Unidad de Ingeniería Eléctrica, Luis Octavio Solís Sánchez (“Fiscalía imputara a Armando Silva Chairez” La Jornada Zacatecas, 29/11/2021) son parte de aquellos “actores específicos” que, desde su posición administrativa, se corrompieron. Y por eso la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción va contra ellos. Sin duda son buenas noticias, ojalá se haga justicia y no concluya todo en un intercambio de lealtades políticas, porque este no es el final, sino el principio, de todo el proceso. Queda una última cuestión, inquietante, en todo este asunto. Según la nota citada del diario La Jornada Zacatecas existió un “benefició” para la UAZ: “Para la fiscalía, este contrato no sólo le proporcionó un beneficio millonario indebido a la BUAZ, sino que también evidencia una mala administración y falta de verificación de la SEDESOL en el cumplimiento del convenio, pues la universidad no contaba con la suficiente capacidad técnica, financiera, material y humana para prestar los servicios” ¿En qué se fue ese beneficio? La ironía es que Armando Silva puede ser culpable de utilizar esos recursos para pagar prestaciones…
