El brutal recorte que está efectuando el Gobierno Federal en su propuesta de presupuesto ha puesto en problemas áreas vitales del desarrollo social y de la economía. Son dos causas las que ‘obligan al recorte’: el costo del servicio de la deuda pública federal y los montos destinados a pago de pensiones. ¿Qué autoridad tiene este gobierno de hacer que las instituciones reduzcan sus capacidades y paguen los costos de su total estulticia en el manejo de la hacienda pública nacional y las ventajas absolutas que elevaron las ganancias de los grupos de poder económico que están detrás del grupo gobernante? Por muchos años los sindicatos oficialistas gozaron de pensiones sin jamás aportar un peso, a cambio de obediencia al grupo en el poder. Y ahora de las cajas del erario se tiene que completar el pago de pensiones por más de 600 mil millones de pesos. Y el servicio de la deuda es igualmente gigantesco.
En 2012 la deuda era de 5.3 billones de pesos (33% del PIB), y en 2016 brinca hasta 8.3 billones (46% del PIB), con la expectativa (además) del aumento de las tasas de interés. Así, el pago de los intereses de esa deuda es de 568 mil millones de pesos, cuando el presupuesto de toda la educación pública es de 265 mil millones, el de salud casi 122 mil millones, y educación superior 63 mil millones y el de desarrollo social 195 mil millones. En suma, el pago de los intereses de la deuda es mayor que el gasto total de educación, salud, desarrollo social y educación superior juntas. ¡Inconcebible! El enorme sacrificio en los recortes ni siquiera es para el pago de la deuda, sino sólo de los intereses de ese adeudo. Se seguirán engrosando las enormes utilidades del sistema financiero privado. Todos los bancos están operando con grandiosas ganancias. Recordemos que a ellos se les super-capitalizó cuando se puso en sus manos los fondos de administración de las pensiones después de la reforma que establecía el modelo de capitalización individual y de administración privada de las cuentas de ahorro.
Se gastan sumas estratosféricas para pagar pensiones de sindicatos oficialistas y, para ello, se sacrifica el gasto social de aquellos que ni pensión tienen. En México 70 millones de personas están excluidos de ese beneficio. Y a los más pobres no les llega seguridad social, apenas una asistencia de 600 pesos, que no sirve ni para una canasta básica alimentaria. Y de los mexicanos que tienen acceso a pensión, específicamente aquellos que están en los sistemas de capitalización individual, están en verdaderos aprietos: el sistema de aportación es tan bajo (estamos en el último lugar de la OCDE en aportación) que apenas alcanzaran para un ingreso equivalente al 30% de su último sueldo. Es decir, que aunque tienen acceso a la pensión, lo es de manera muy precaria. Las pensiones tienen las mismas características del marcado de trabajo: empleos con pobreza. Es la muestra del gran fracaso social del nuevo sistema de pensiones por el abandono de los esquemas solidarios. Y la vulnerabilidad ahora mismo no sólo es económica, también ya lo es jurídica: el decreto de septiembre de 2015 a la ley del ISSSTE —donde a la Afore llamada Pensionissste se le convierte de ‘órgano público descentralizado’ a ‘empresa de participación estatal mayoritaria’, la empresa que administrará las cuentas de los afiliados y que se regirá por la Ley federal de entidades paraestatales— entró en vigor en julio del 2016. Pues bien, todo el sistema de soporte de las pensiones de los afiliados al ISSSTE, si llega a quebrar, será tratada como la quiebra de una empresa paraestatal, y no será responsabilidad del gobierno. Así como el Estado se quitó de la responsabilidad de las pensiones con la eliminación del sistema de reparto, ahora da un paso jurídico para no hacerse responsable de aquellos que están bajo su protección directa.
Este es el marco de referencia en el que se ubican las pensiones universitarias. Hay dos grupos principales (con algunos intermedios) en los pensionistas: los que entraron a trabajar antes de 1991 y los que lo hicieron después de agosto de este año. Los primeros, tienen un convenio de jubilación con el 100% de su último salario y prima de antigüedad. Y los segundos que se jubilan sólo con las prestaciones del ISSSTE. Y tenemos tres tipos de problemas en el escenario: (1) las condiciones nacionales que se imponen a las particulares y que arriba mencionamos, (2) que no hay depósitos realizados en las cuentas individuales, por la crisis financiera de la institución, y (3) que aunque se hubieran hecho, no dan para un retiro digno, porque no abarcarían para una sustitución del salario en activo, ya que el cálculo es que sería con un aproximado de 30% del último salario.
A partir de estos tres rasgos de la condición en que se encuentra la seguridad social de los universitarios, debemos pensar un una ruta y propuesta desde el Spauaz a esta difícil situación. ¿Se limitará a una exigencia pasiva o podrá innovar en las rutas para encontrar remedios creativos? ¿Cuál podría ser ese camino o propuesta que salga desde el Spauaz? Anunciamos esa respuesta que daremos en nuestra próxima colaboración, y nos leemos el martes de la semana entrante.
Vale. ■
