- Perspectiva crítica
La Guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón, y ahora retomada y potenciada por Enrique Peña Nieto, atraviesa actualmente una de sus fases más oscuras al conjugar tres elementos: la carencia de legitimidad por parte del Estado para restar fuerza a los grupos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho; la falta de garantías para la plena reproducción de la vida social, y la corrosión de la esfera institucional a partir de la corrupción que la ha permeado.
En contraste con el discurso oficial que promueve que la “lucha” contra el narco y la inseguridad pública se está ganando, lo cual se expone desde el apartado “México en Paz” del Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong al afirmar que todos los cárteles han sido socavados, lo cierto es que los nueve principales cárteles de la droga que actualmente operan en México han contado con un rango de acción que no sería posible sin la complicidad de las autoridades. Considérese a este respecto que a pesar de los miles de efectivos de las fuerzas armadas en las calles, estos grupos han robustecido sus filas y controlan más de 45 células criminales que han elevado los índices delictivos en gran parte del territorio nacional.
El propio Inegi ha tenido que aceptar a regañadientes que en el sexenio peñanietista ha habido un incremento de delitos con respecto al de Calderón. De los 31.6 millones de hogares estimados en 2013 en el país, en 10.7 millones –casi 34%– hubo, al menos, una víctima de delito durante ese año, es decir, uno de cada tres hogares mexicanos fue agredido por la delincuencia en el primer año de gobierno de Peña Nieto. En contraste, en 2011 el porcentaje de hogares víctimas de delito fue de 30.4%, y en 2012, de 32.4%. Destaca que en 2013 hubo 5.3 millones de delitos más que en 2012, y de ello el robo o asalto en la calle o en el transporte público corresponde a 29.6% de los casos; la extorsión (94% vía telefónica) ocupa el segundo lugar con 23.6% de los casos; el robo total o parcial de vehículo corresponde a 12%; el fraude se dio en 9.6% de los casos, las amenazas en 9.2%, el robo a casa habitación en 6.5%, y el resto corresponde a delitos diversos. A la par de esto los cárteles han logrado transnacionalizar sus operaciones, lo que les aporta ganancias multimillonarias gracias no sólo al trasiego de droga, sino de fármacos regulados en Estados Unidos, el tráfico de humanos, piratería, lavado de dinero, entre muchos otros delitos.
Con respecto del plano institucional destaca que de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI), México llegó a ubicarse desde hace meses en la posición 106 de 177 países enlistados, y en el tema del uso indebido de recursos públicos, sólo se concreta 4. 2% de las denuncias penales por corrupción. Un paso adelante para enfrentar esta situación está con la postura de Naciones Unidas, organismo que desde su Oficina contra la Droga y el Delito ha advertido que el narcotráfico, el crimen transnacional, la violencia y la corrupción amenazan la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y acepta que la amenaza es mayor para los países pobres, lo que tristemente concierne cada vez más a México.
No obstante, esta llamada de atención es sólo un avance parcial, pues no considera otros aspectos vigentes en el país, tales como la represión que el Estado ejerce contra la ciudadanía –disidente o no-. El caso más emblemático a este respecto es claramente el de la reciente desaparición de los 43 normalistas, pero éste en realidad es sólo un evento más en una larga lista de crímenes de Estado que han quedado impunes, y en los que se incluyen la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, o el asesinato de 45 indígenas tzotziles simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Acteal, Chiapas, durante 1997.
Hoy por hoy el grueso poblacional está sujeto a lo que Giorgio Agamben definió como la nuda vida, la vida sacrificable de manera impune, y ese grado de vulnerabilidad es aprovechado lo mismo por un Estado mexicano que ha dado claras muestras de estar concentrado en reprimir y acallar cualquier protesta social, que por los grupos criminales que se vuelcan de forma cada vez más agresiva contra la sociedad para generar ganancias, ya sea a costa de los bienes materiales o incluso la vida. Las propias autoridades mexicanas han reducido de facto a la población a una posición de desecho, al adoptar sin reflexión de por medio la retórica que desde Estados Unidos se promueve sobre la “lucha contra el terrorismo” o la “lucha contra el crimen organizado”, pues han echado mano de una multiplicidad de términos de evidente corte militar, tales como lucha, combate, guerra, lo cual nutre una publicidad tendenciosa y maniquea, al tiempo que evita cumplir con el saneamiento de los motivos sociales que llevan a delinquir. Un efecto negativo pero natural de esto es que la ciudadanía que se ve afectada en el marco de la guerra contra el narco ahora queda reducida a un plano de “daño colateral”, o en el mejor de los casos adquiere la categoría de víctima.
En los tiempos que corren, la justicia ha pasado de gestionarse en el plano institucional a buscarse desesperadamente en las fosas clandestinas, en tanto el gobierno peñanietista trabaja a marchas forzadas para fabricar culpables que van desde quienes se toman fotos con Andrés Manuel López Obrador, hasta tratar de convencer a la gente con su vulgar hipótesis de que los normalistas desparecidos mantenían vínculos con el crimen organizado.
En esta etapa de la guerra contra el narco, lo único seguro es que se ha vigorizado la devaluación de la vida, y la brecha que separa a ciudadanos y gobierno amenaza con ensancharse todavía más debido a la represión y la desaparición forzada que persisten. ■
