La audiencia inicial en el caso que involucra al exalcalde de Zacatecas Ulises “N”, Rubén “N” y Flavio “N” fue diferida este martes en la Sala 8 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, en Ciudad Gobierno. El juez explicó que, aunque los imputados fueron notificados, las cédulas no incluían la advertencia de que la audiencia podía celebrarse aun en su ausencia.
El procedimiento deriva de la denuncia presentada por Saidy Chávez, quien a través de su abogado sostiene que en 2018 realizó 89 diseños gráficos para el Ayuntamiento de Zacatecas. Afirma que estos materiales se usaron en vehículos, viniles e instalaciones oficiales, pero que nunca recibió el pago correspondiente, lo que a su juicio constituye fraude.
A la diligencia de este martes solo acudió Flavio Eduardo “N” con su defensa. Ante la presencia de medios de comunicación, el juez pidió no utilizar los nombres completos de los imputados para evitar estigmatización.
Reprogramó la audiencia para el miércoles 8 de octubre a las 10:00 horas, buscando una fecha cercana, y ordenó que en esa ocasión los acusados sean citados con apercibimiento expreso y que definan en el mismo acto quién los representará legalmente.
Durante el debate en la sala, el abogado de la denunciante sostuvo que la comparecencia personal de los tres imputados no era indispensable, pues lo que se resuelve en la audiencia inicial “no les genera un daño directo”.
El juez respondió que comprendía la molestia de la parte denunciante, pero subrayó que debía garantizar los derechos de todas las partes y que por ello era necesario diferir la audiencia, debido a la omisión del área de notificaciones al “no precisar que la inasistencia de los acusados no sería obstáculo para el desarrollo de la diligencia”.
Al concluir, el abogado Iván Casas expresó ante los medios convocados que estimó innecesario el diferimiento y acusó al sistema judicial de revictimizar a su representada. Recordó que en 2023 un juez federal ordenó reabrir la investigación al declarar ilegal la decisión de la Fiscalía de archivarla. “Cinco años sin judicializar una carpeta es un abuso que favorece a los imputados”, dijo.
