El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López ordenó ayer suspender el procedimiento luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de pesos que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño.
En la sentencia, el impartidor de justicia aplicó un criterio aislado del primer tribunal colegiado de Querétaro, a petición del abogado Alejandro Rojas Pruneda. El documento, publicado el viernes pasado en el semanario judicial, señala que la celebración de acuerdos reparatorios por un procesado favorece al resto de coacusados que no pactaron.
El juez precisó que, en términos simples, no se puede solicitar más de una reparación del daño por el mismo hecho delictivo, en la que se tiene que incluir a todos los involucrados. Con el fallo, Lozoya queda libre de pagar 3.4 millones de dólares por esta causa penal, una multa de 5 mil días y 15 años de prisión que solicitó el Ministerio Público federal, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
Ancira quedó en libertad en abril de 2021 luego de suscribir con representantes de Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil dólares (a pagar en un plazo de 2 años siete meses) por la compraventa de Agronitrogenados.
En la audiencia de ayer, que duró poco más de dos horas, se frustró una vez más la reparación del daño que exigían las autoridades a Lozoya por Agronitrogenados y Ode-brecht. En una nueva propuesta, la fiscalía modificó el pago de 30 a 20 millones de dólares, pero Lozoya, visiblemente molesto y desesperado, rechazó la petición y pidió al juez continuar con el inicio de la audiencia intermedia: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares (por Agronitrogenados y 7 millones por Odebrecht). Me parece ilegal, inmoral y que raya en extorsión. Acepté pagar 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?
“Como dice mi abogado, ha habido conversaciones, que yo llamaría extorsiones: primero 3.4 millones y después al 200 por ciento, y lo suben a 30 millones de dólares y lo bajan como si fuera mercado tropical. Hay un acuerdo cuando hay voluntades, respecto a peritajes y cifras ciertas, pero como no lo hay, no hay acuerdo, quieren utilizar el aparato de justicia para atropellar mis derechos.”
Tras la decisión, el ex director de Pemex y sus abogados cambiaron de semblante, mientras la UIF y Pemex presentaron un recurso de revocación por la suspensión del proceso, que desechó el juez. Dayrén Zambrano, apoderada legal de Pemex, solicitó que se garantizara la reparación del daño y reprochó al juzgador: “Usted también nos deja en estado de indefensión, porque nos está dejando sin esos 3.4 millones de dólares”.
