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jueves, 28 marzo, 2024
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Impunes, casos locales de uso de empresas “factureras”

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ SAT anunció que este tipo de compañías serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero

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■ En julio de 2015 se documentó que la Legislatura estatal había contratado a empresas fantasma para facturar un total de 9 millones 31 mil 528.13 pesos por productos y servicios

■ En febrero de 2017, se documentó la participación de la UAZ en el esquema que después sería conocido como “La Estafa Maestra”; al final se triangularon 300 mdp

■ La Universidad Politécnica de Zacatecas pagó al menos 3 millones 497 mil 822.77 pesos a dos compañías fantasma por diferentes bienes y servicios

 

Este martes, el Gobierno Federal, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció que las empresas “factureras” serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero, En los últimos cinco años, La Jornada Zacatecas ha documentado numerosos casos en los que la Legislatura del estado y universidades incurrieron, precisamente, en facturación con empresas fantasma. Todos los casos se mantienen impunes.

En julio de 2015 se documentó que la Legislatura del estado había contratado a las empresas, Bello Caporetto SA de CV, Consultoría Ipanema SC y Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV, para facturar un total de 9 millones 31 mil 528.13 pesos por productos y servicios.

Se constató que dos de estas empresas no solamente brindaban asesoría fiscal y vendían globos, sino que también tenían un mismo domicilio fiscal en una local sin rótulos y que operaba a puerta cerrada.

Posteriormente, la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra del Congreso del estado de Zacatecas, y de las empresas fachada que fueron contratadas por la Legislatura local para facturar operaciones no comprobadas.

El delegado de la dependencia en la entidad, en ese entonces, Sergio Martínez Escamilla, explicó que el Código Fiscal federal establece como delito “el hecho de comprar facturas a empresas fantasma y a su vez establecer una empresa que no tiene ni personal ni mobiliario ni se dedica al objeto de eso”.

También se corroboró que la misma empresa que facturó a la Legislatura local operaciones de renta de mobiliario y de equipos de sonido, venta de material de oficina y globos de helio, así como mantenimiento de computadoras, entre otros servicios que no fueron comprobados (Bello Caporeto), también facturaba contratación de artistas musicales e impresión de revistas.

Tan sólo durante 2014, esta empresa facturó 765 mil 834.85 pesos a la Legislatura del estado pero, además, sus servicios se extendieron a municipios, como fue el caso de Guadalupe, que celebró un contrato con esta compañía para llevar la Banda MS a la Feria Estatal de la Virgen Guadalupe.

De las arcas municipales se pagó a Bello Caporetto S.A. de C.V. la cantidad de un millón 740 mil pesos para la presentación del conjunto musical. Un millón 500 mil pesos fue el costo por el concierto y los restantes 240 mil, por concepto de IVA.

En febrero de 2017, La Jornada Zacatecas documentó la participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en el esquema que después sería conocido, a nivel nacional, como “La Estafa Maestra”, pues dependencias federales la contrató para diversos proyectos (simulados), y a la postre el recurso era triangulado era triangulado a empresas fantasma ubicadas en otros estados.

En ocho meses las compañías Comercializadora Osemun, domiciliada en la Ciudad de México, y Sistema Editor Láser, ubicada en la ciudad de Puebla, ganaron 18 procesos de “adjudicación directa previa 3 cotizaciones” de la Universidad por un monto global de 4 millones 465 mil 964.37 pesos. Sin embargo, en los domicilios nunca se encontraron estas empresas.

Este recurso formaba parte de una bolsa de 90 millones de pesos que correspondían a dos contratos firmados por la Universidad, a través del Área de Proyectos Estratégicos que era coordinado por Edmundo Guerrero Sifuentes, en ese momento director de Contaduría y Administración, con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La Sedesol, a través de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, contrató a la Universidad el 16 de mayo de 2016 con el objetivo de desarrollar el proyecto denominado “Integración de programas sociales estatales al Sistema de Información Social Integral (SISI)” por un monto de 70 millones de pesos.

Por su parte, la Conade contrató los servicios de la UAZ el 6 de mayo de 2016 para llevar a cabo el proyecto llamado “Análisis de áreas de oportunidad para potencializar la cultura del deporte y actividad física a nivel nacional” por un monto de 20 millones de pesos.

Comercializadora Osemun S.A. de C.V. se describía en su página web (www.osemun.com) como una empresa “especializada en la venta de una amplia variedad de producto (sic) promocionales, productos eléctricos y muebles para todo tipo de clientes, oficinas, casa, instituciones gubernamentales, etc.”.

Entre sus productos se enumeran: stands de exposición modular, muebles para stands, equipo de alquiler, pantallas portátiles, displays de pared, folleteros, artículos promocionales y gráficos & diseño gráfico.

No obstante, la UAZ contrató a esta empresa para comprar separadores de hojas, cartulinas, marca textos, uñas quita grapas, tijeras, reglas metálicas, cutters, lápices, cuadernos, bolígrafos, correctores, cintas adhesivas, grapadoras y calculadoras, entre otros productores afines a la línea de papelería.

A final de cuentas, el monto que fue triangulado por medio de la UAZ fue de aproximadamente 300 millones de pesos. Otra institución que fue partícipe, aunque con cifras menores, fue la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

Por otra parte, en agosto de 2017, La Jornada Zacatecas documentó que, durante dos años como rectora en ese entonces de la Universidad Politécnica de Zacatecas, Marcela Venegas Badillo, pagó al menos 3 millones 497 mil 822.77 pesos a dos empresas fantasma por diferentes bienes y servicios.

Una de las compañías es Kelia Soft S.A. de C.V., la cual recibió por el concepto de “proyecto de investigación norma” un total de 2 millones 700 mil pesos, mientras que la otra empresa, AAMIF Consultores S.C., le facturó a la universidad más de 797 mil 822.77 pesos por una “asesoría en aplicación de estímulos fiscales”.

AAMIF Consultores S.C estaba domiciliado en el número 103 de la calle Sierra de Pinos, en la colonia Bosques del Prado Sur, de Aguascalientes, pero al acudir al lugar no se encontró la consultoría ni algún referente como rótulos o letreros de la compañía.

Cuando se visitó la ubicación la semana pasada, sólo se encontró a una persona en el Interior 6, el único que estaba abierto, y una persona únicamente señaló que ésta ya no se encontraba ahí, sin especificar fechas o nuevo domicilio, y dijo que el responsable era el “contador Miguel”.

Por último, en septiembre de 2019, la ex diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Medina, acusó al también ex legislador, Cuauhtémoc Calderón, de haber incurrido en la compra de facturas falsas.

“Te dieron la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (de la Legislatura) dos veces porque les ayudabas a los diputados a comprar facturas falsas para justificar herramientas legislativas”, le dijo en su momento.

Al respecto, el ex diputado, Luis Medina Lizalde, declaró que “pude constatar como personal del Congreso que algunos diputados disponían de copias de credenciales de elector y entonces tomaban la clave de cada credencial e imitaban la firma del titular”.

Sobre la facturación falsa, dijo que estos hechos eran “algo que siempre se comentaba en los pasillos y, aunque no todos incurrieron en esa práctica, la posibilidad de hacerlo hacía que los más ávidos de dinero se valieran de esos procedimientos”.

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