Rechazan supuestas amenazas e intimidaciones a integrantes de ejido

Rechazan supuestas amenazas e intimidaciones a integrantes de ejido
Alfonso del Real López, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, al centro en la imagen ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Se analizó convenio para desarrollar el proyecto de la presa Milpillas, en Jiménez del Teul

■ Niegan que la policía haya evitado el ingreso de los ejidatarios para emitir su voto

 

En su lectura al posicionamiento de Gobierno del Estado sobre la asamblea ejidal celebrada el pasado 14 de octubre en El Potrero, Jiménez del Teul, que tuvo como punto principal someter a consideración de los ejidatarios el convenio de ocupación temporal previo a la expropiación de tierras para desarrollar el proyecto del Sistema Milpillas, el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso del Real López, rechazó de manera categórica “las afirmaciones que se han vertido respecto de supuestas amenazas e intimidaciones a integrantes del ejido durante la realización de la asamblea o a personas ligadas a supuestas organizaciones de corte social”.

No obstante, en las aclaraciones que hizo no sobre “afirmaciones” sino respecto de los videos con que las organizaciones y pobladores del lugar han documentado las agresiones, y en el caso concreto del ejidatario Javier Sánchez Herrera, a quien agentes de la Policía Estatal sacan por la fuerza del cerco perimetral instalado en torno al salón ejidal donde se celebró la reunión, fue que “hubo un par de momentos de cierta tensión en el exterior, en este perímetro (…) en un momento álgido sí se le pidió que se retirara”.

Las autoridades presentes en la conferencia de prensa y que también lo estuvieron en la asamblea ejidal; el propio Del Real López, el delegado en la entidad de la Procuraduría Agraria dependiente de la Sedatu, Francisco Godoy Cortés, y el secretario de Agua y Medio Ambiente de gobierno del estado, Luis Fernando Maldonado Moreno, no precisaron qué ocasionó el desalojo del ejidatario que habría ocurrido según dijeron al momento posterior a la votación.

“Pero después con la tranquilidad del mundo reingresó al salón ejidal y siguió su participación de acuerdo a lo que él tenía pensado desarrollar y opinar”, observó el subsecretario.

Al abundar sobre el episodio Del Real López comentó haber atestiguado que “al calor de ciertas circunstancias, todo pasa muy rápido, la situación de don Javier, claro, don Javier es muy identificable, lo conocemos, hemos estado con él (…) sabemos que su postura ha sido contraria, digo, es algo muy abierto y en ese momento –del que no especificó el detonante-, se le pidió que se retirara por la situación que se podía seguir generando…quizás algo que escalara en términos de contacto físico que se da en esas situaciones”.

Pero la situación nunca fue aclarada y en respuesta a con quién previamente a la policía habría tenido alguna confrontación el ejidatario de 71 años de tal manera que se le forzó a salir del sitio, el funcionario precisó, “con nadie”.

En ese momento fue auxiliado para dar explicación al hecho por Francisco Godoy Cortés, quien reiteró que al campesino “no lo sacaron del salón ejidal” sino del “cerco preventivo” que fue colocado por agentes policiacos.

“Y había policía resguardando, como estaban los ánimos, la seguridad de la gente al ingresar al salón, porque dada la trascendencia de esta asamblea, la validez de los acuerdos, solamente podían ingresar ejidatarios”.

No se aclaró de viva voz de los servidores públicos quiénes fuera de los ejidatarios querían ingresar y para qué. Pues en otro momento, aclararon que la activista Grecia Rodríguez Navarro no solo estuvo dentro del salón ejidal sino que se le permitió hablar por la propia asamblea.

La integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ), organización integrada a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se incorporó a la reunión como asesora justo de Javier Sánchez Herrera, según informó el propio delegado federal de la Procuraduría Agraria en la entidad.

La asamblea le permitió el acceso y el uso de la voz e incluso los funcionarios fueron consultados al respecto, dijo Godoy Cortés.

“Y también nosotros opinamos que se le permitiera hablar y la gente también le permitió hablar (…) pero se salió. Allí hay un mal entendido, un desfase en la información porque ella se sale cuando estaban afuera, pues gritando y estas cosas el grupo de gente que no podía entrar a la asamblea –y que otra vez no fue identificado por los servidores públicos ni respecto de su identidad o sus intenciones-“.

“Y después cuando quiere volver a entrar los policías no la dejaban. Y eso que aparece en el video es esa obstaculización que le estaban haciendo la segunda vez –que intentó ingresar al salón ejidal-”.

Misma exteriormente implicó no solo este impedimento sino que fuera cercada por varios agentes de policía que la acorralaron contra la valla, uno de los cuales le arrebata el teléfono celular con el que grababa los hechos a la par de amenazarla con el arresto, según se observa en los videos.

Dentro del salón ejidal en algún momento que tampoco se precisó en términos del procedimiento que se llevaba a cabo, “sí hubo ciertos connatos ahí de alteración, de perturbación del transcurso normal de la asamblea; había una persona ahí que se paraba, gritaba, aventaba el sombrero en la mesa de debates, amenazaba, etcétera.”, agregó el mismo funcionario federal.

La persona acudió con una carta poder para ejercer el derecho ejidal de su padre; tampoco se aclaró qué era lo que argumentaba u ocasionó la conducta que se refiere.

“Ese señor se cayó incluso ahí adentro, porque cuando le dijeron, como estaba perturbando el orden, cuando se sale y los policías le dicen que no puede entrar ya porque está perturbando el orden, dice que sí puede entrar y se encarrera y se les va, y ellos se hacen a un lado y se cae. Pero nadie ha dicho nada de eso. Ese es el único elemento digamos violento en lo físico que ocurrió”.

Los funcionarios negaron asimismo que el cerco de policías hubiera evitado el ingreso de ejidatarios con derecho a votar en la reunión, como han afirmado tanto Sánchez Herrera como Rodríguez Navarro.

Su relatoría dista de lo manifestado en el comunicado de Gobierno del estado emitido la misma noche del 14 de octubre donde se refiere que “la asamblea se realizó en un ambiente de tranquilidad, con una nutrida participación de los interesados y de acuerdo a la normatividad agraria”.

El boletín de prensa señala sin que lo hayan reiterado los funcionarios ayer que, “debido a que afuera del recinto ejidal se encontraban personas ajenas al grupo, quienes buscaban evitar que esta se desarrollara, hubo la presencia de elementos de la Policía Estatal”.

También sobre este punto, Del Real López aclaró que los agentes acudieron a solicitud de la presidenta municipal de Jiménez del Teúl, Victoriana Espinoza Sánchez.

El subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno explicó ayer que en más de cinco meses de trato entre los ejidatarios y funcionarios para tratar el tema del Sistema Milpillas, “ya habíamos tenido algunos antecedentes en otra asamblea” ejidal y reuniones informativas, “en donde se había dado presencia por parte de personas ajenas al propio ejido” y que “trataban de hacerse escuchar, expresarse, a veces de una forma quizás poco ordenada, lo que implicaba que no se llevaran a cabo los objetivos de las asambleas”.

Sostuvo que la presencia de policía en las asambleas ejidales “no es algo fuera de lo ordinario, déjenme decirles, es algo muy común que se presenten situaciones de tipo, digamos, complejo”.

Los servidores públicos también precisaron no obstante, que para la primera convocatoria de esta asamblea no fue solicitada por la autoridad municipal presencia de la Policía Estatal.

El posicionamiento leído ayer expresó por parte de Gobierno del Estado, “su respeto y reconocimiento a los ejidatarios” por “haber votado en forma mayoritaria” a favor de la autorización de la celebración del convenio citado.

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