Organizaciones consideran ilegal acto para avalar expropiación de tierras en El Potrero

Organizaciones consideran ilegal acto para avalar expropiación de tierras en El Potrero
En la conferencia de prensa fue leído el posicionamiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Cierran filas para proteger la integridad de la activista Grecia Rodríguez y ejidatarios

■ Señalan que fueron violentados los derechos humanos de los campesinos, el pasado 14 de octubre, al intervenir funcionarios de Gobierno del Estado y PEP

 

Organizaciones con representación estatal y nacional cerraron filas para respaldar y proteger la integridad física de la activista Grecia Rodríguez Navarro y ejidatarios de El Potrero (demarcación de Jiménez de Teul), violentados en sus derechos humanos el pasado 14 de octubre por funcionarios de Gobierno del estado y Policía Estatal.

La Unión de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, la Red Plural de Mujeres, El Barzón, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Agua para todas y todos, entre otras, ofrecieron posicionamientos a través de liderazgos locales, mediante los que condenaron la agresión física y la vulneración de los derechos ejidales y humanos ocurrida en el contexto de la celebración de una asamblea ejidal.

Dicha asamblea mediante la cual se votaría la decisión de El Potrero de avalar o no la expropiación de sus tierras para el desarrollo del Sistema Milpillas (presa y acueducto), coincidieron, fue ilegal.

En la conferencia de prensa fue leído el posicionamiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) a la que pertenece el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ) en cuya representación Rodríguez Navarro hizo presencia en El Potrero como asesora de los ejidatarios que se oponen al Sistema Milpillas.

En él y otras manifestaciones se hizo responsable al gobernador del estado, de la integridad física tanto de defensora de derechos humanos como de los ejidatarios.
Los posicionamientos también reiteraron las sospechas de que el proyecto de la presa y acueducto tenga como fin beneficiar a la cervecera de Grupo Modelo y las mineras, y por tanto, ser un medio para la privatización del agua de los zacatecanos en beneficio de unos cuantos y no el objetivo como han expuesto las autoridades, de ofrecer a la población garantía en el suministro de agua para uso público urbano.

El argumento fue sustentado en la opacidad en que se ha mantenido por parte de Gobierno del Estado, pero también en los procedimientos que ha utilizado para su imposición.

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