Modificaciones constitucionales, necesarias para salvaguardar derechos sociales y recursos naturales en la entidad

Modificaciones constitucionales, necesarias para salvaguardar derechos sociales y recursos naturales en la entidad

El mayor impacto que ha generado la megaminería en Zacatecas es el despojo del territorio a las comunidades, por lo que es necesario promover modificaciones constitucionales que permitan salvaguardar no solo los derechos sociales, sino también los recursos naturales de la entidad, afirmó Federico Guzmán López, posdoctorante en el programa de doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

Para tal efecto, propuso la presentación de una iniciativa ciudadana de punto de acuerdo mediante la cual se reformen diversas disposiciones de los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros; para que los recursos del ejercicio fiscal 2019 asignados a los gobiernos estatales se canalicen a educación superior, ciencia, tecnología e innovación.

También manifestó la necesidad de Incentivar proyectos de investigación especializados sobre megaminería desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt).

Asimismo, dijo que es necesario impulsar el estudio sobre megaminería y los derechos humanos en el Zacatecas contemporáneo, que ofrezca evidencia empírica sobre lo que ha ocurrido en materia de violación a los derechos humanos por la industria minera en los últimos 36 años.

Otro planteamiento consiste en promover que se establezca el compromiso presidencial de decretar moratoria minera a nuevas concesiones para proyectos de exploración y explotación minera; que incluya la prohibición de la megaminería.

En el proyecto de investigación posdoctoral titulado: “Megaminería y los derechos humanos en el México contemporáneo, 1982-2018”, Guzmán López también sugiere la Elaboración de una iniciativa ciudadana de reformas y adiciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 6 de la Ley Minera, que contemple la protección de las Áreas Naturales Protegidas para que sea prioritario sobre la instalación de los proyectos mineros.

Aunado a ello, señaló la importancia de impulsar reformas y adiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, especialmente en los artículos 6 y 7 para fortalecer el derecho humano de acceso a la información pública de oficio donde mediante los principios del Gobierno Abierto cualquier ciudadano tenga acceso gratuito a la cartografía de concesiones mineras y catastro minero.

Otra propuesta refiere a una consulta pública nacional sobre renta minera y para que los gobiernos subnacionales y municipales puedan gravar la industria minera y otra consulta pública estatal en Zacatecas sobre la controversia constitucional que presentó el Gobierno de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Impuesto de Responsabilidad Ambiental (Impuesto Ecológico Estatal) impulsado por el gobierno del estado de Zacatecas.

Expuso que “los intereses del capital privado transnacional han puesto en decadencia las garantías que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque mediante un proceso de acumulación minera por extracción de derechos humanos la megaminería tóxica está destruyendo el territorio, los bienes comunes naturales y la vida propia de los integrantes de las comunidades afectadas por la industria minera”.

Dicha problemática, agregó Guzmán López, convoca para que desde Zacatecas se impulse al debate nacional e internacional la reflexión teórica con el concepto de acumulación minera por extracción de derechos humanos, a fin de anticiparse a detener el ecocidio y genocidio en curso, cuya tendencia crece cada vez más.

“Por ello la urgencia de llegar a las plazas públicas, a los barrios, a las colonias y a las calles de los 37 municipios zacatecanos amenazados hoy por los proyectos de exploración y explotación minera que ya se apropiaron de más de la quinta parte del territorio zacatecano”.

Señaló que, durante el ejercicio fiscal del 2019, debe haber una reasignación presupuestal de los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuyo presupuesto original se estima para México por un monto de 3 mil millones de pesos, de los cuales a Zacatecas le tocarían aproximadamente 500 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento podría ser para proyectos de investigación, desarrollo e innovación coordinados por instituciones públicas de educación superior.

Por otra parte, explicó que reconfiguró el territorio zacatecano en economía de enclave, mediante una política de despojo auspiciada por el Estado, que provocó acelerar el saqueo de minerales metálicos con mayor intensidad a partir de los primeros años del siglo 21, motivo por el cual plantea esta propuesta de lineamientos de política pública sobre medio ambiente y megaminería con enfoque de derechos humanos.

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