■ “El Estado está tratando de legitimar lo que no hizo durante mucho tiempo”: Uriel Márquez
■ Advierte que Calderón echó la tropa a la calle sin ninguna base constitucional, violando el artículo 129, y ahora se trata de legitimar lo que en sí mismo es inconstitucional
La Ley de Seguridad Interior, de promulgarse, puede combatirse mediante la acción de inconstitucionalidad y el amparo, dijo Uriel Márquez Valerio, quien consideró que “aquí la verdad es que el Estado está tratando de legitimar lo que no hizo durante mucho tiempo, pues Felipe Calderón echó la tropa a la calle sin ninguna base constitucional, violando el artículo 129, y ahora se trata de legitimar lo que en sí mismo es inconstitucional”.
En este intento, ahora los diputados y senadores estarían incurriendo en otra violación a la Constitución, pues el artículo 73, fracción 29, inciso “m”, que establece las facultades que tiene el Congreso de la Unión, le otorga la de emitir la Ley de Seguridad Nacional, pero no así la de Seguridad Interior.
El constitucionalista, ex docente-investigador en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, precisó que la seguridad nacional se refiere a la posibilidad de que el Estado disponga de los recursos, procedimientos, instituciones y acciones necesarias para proteger la soberanía nacional contra una agresión exterior, mientras que la seguridad interior, alude a la protección de las mismas instituciones, pero en caso de “un desorden grave, una perturbación, una sublevación”.
“Con base en eso considero en primer lugar, que es debatible la facultad del Congreso de la Unión para emitir una Ley de Seguridad Interior”.
Observó asimismo que “puede pensarse que el que puede lo más, puede lo menos”, pero en este caso no es así pues se requiere que así lo determine la Constitución, “y no hay ninguna disposición en el artículo 73 que le permita al Congreso hacerlo”.
Márquez Valerio expuso también que el artículo 129 constitucional establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
“Son dos niveles, la Constitución está por encima de todo, y la ley que es secundaria, no puede legalizar lo que es inconstitucional de origen”, reiteró.
Y aunque dijo que no puede afirmarse que estamos en paz, pues hay el peligro de agresiones continuas por narcos, secuestradores y asesinos “que ponen en peligro la integridad de todos nosotros, lamentablemente el Estado mexicano es responsable con nombres concretos”.
Expuso que desde 2008 en que se estableció el sistema penal acusatorio adversarial, debieron haberse preparado a las policías pero al no ocurrir, ahora se tienen cuerpos policiacos “mal pagados e ineptos, salvo excepciones personales pero no institucionales”, subrayó.
Agregó que sin estar preparado tampoco el Ejército para asumir esta responsabilidad, el ex presidente panista Felipe Calderón se la asignó, “a la mejor en un estado de no abstención”, pues los militares están entrenados para atender la seguridad nacional y no la interior.
En opinión del jurista, detrás de la Ley de Seguridad Interior está la presión del Ejército, pues sus efectivos en el contexto de la “Guerra contra el narco” están siendo condenados, pero porque han cometido arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos.
Dijo entonces que las críticas no se hacen al Ejército, sino hacia algunos militares; “así como los hay honestos y responsables, no es la generalidad, hay de todo; son las personas concretas que violan la ley”.
La Ley de Seguridad Interior comentó, “se dejó dormir” en la Cámara de Diputados, la cámara de origen, y pasó a la de Senadores quien hizo un fast track para su aprobación el ultimo día de sesiones, el 15 de diciembre, aprobándola con algunas modificaciones, siete u ocho, que no son importantes en razón de lo fundamental, por lo que ahora falta que la Cámara de diputados las acepte o no.
Uriel Márquez Valerio puntualizó que en caso de que sí sea publicada finalmente por el Presidente de la República después de su paso por el Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior puede atacarse en su opinión por una doble vía, ejerciendo la Acción de inconstitucionalidad establecida en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, y que requiere al 33 por ciento de los legisladores de ambas cámaras, “quién sabe si lo hagan, si la oposición tenga el número suficiente”, o para el caso de los ciudadanos, acudir al Amparo de manera individual o colectiva.
En este último el ciudadano debe de argumentar su “interés legítimo” en este asunto, una innovación que se introdujo a la Ley de Amparo en 2013.
“Es un interés cualificado que la –Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a valorar”, acudiendo a las instancias competentes, pues las personas físicas o morales no pueden acudir a la SCJN de manera directa e inmediata, comentó.
Entonces debe acudirse ante el Juez de Distrito para exponer que la Ley de Seguridad Interior viola los artículos constitucionales 73 y 129, ya citados; y en caso de que desechara o declarara improcedente el recurso, apelar ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y así hasta el Máximo tribunal del país, mismo al que hay que plantearle que existe “un interés trascendente”, en este caso, “el de vivir en un país en paz, tener la seguridad de nuestra integridad personal y de nuestra familia”.
Uriel Márquez Valerio se refirió también al momento en que se intenta emitir esta Ley de Seguridad Interior, un asunto que complica las cosas políticamente, dijo, porque “por muy ingenua que sea la oposición, entiende perfectamente que el hecho de que esta ley se apruebe ahora, ciertamente por la presión del Ejército”, ha generado suspicacias respecto a que se promulgue en tiempos electorales, pues involucra la posibilidad de que las Fuerzas armadas intervengan en protestas.
Mencionó que aunque pudiera pensarse que la oposición expresa estas críticas en su papel de políticamente interesada, le otorga objetividad a sus cuestionamientos el que la Ley de Seguridad Interior también ha sido puesta en entredicho por organizaciones no gubernamentales, académicos, universidades, y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.
“Critican la constitucionalidad de la ley y previenen contra el riesgo del militarismo. Yo digo incluso que esta ley es una ofensa para la hoja de servicios del Ejército Mexicano que durante mucho tiempo se mantuvo al margen de las luchas políticas, y qué bueno, eso nos diferenció de las dictaduras centro y sudamericanas. Pero esto es un retroceso”.
Por ello consideró que es preciso describir a esta Ley de Seguridad Interior, en caso de que se promulgue, como un “autogolpe de Estado”, tal como han dicho algunas voces críticas, pues significa la renuncia del poder civil a sus facultades y su toma de decisiones para delegarla en el Ejército.
“Lo importante sería que en su momento, el presidente vetara la ley, creo que incluso le haría bien a Peña Nieto. Yo no tengo interés en que le haga bien o le haga mal, pero hasta le favorecería. Peña está muy desacreditado ante los ojos de la mayor parte de la ciudadanía”. No obstante, Uriel Márquez Valerio agregó, “yo dudo que lo haga, la ley se va a aprobar yo creo esta semana”.
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